La magistrada había suspendido el juicio a prueba y posteriormente excarcelado a un joven colombiano que robó un teléfono en el barrio de Caballito. El senador en ese momento del bloque opositor, había pedido la destitución de la jueza.
Pichetto y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, habían pedido el juicio político de Guichandut sobre la base de información periodística y el particular tratamiento que mereció el caso de Jair Jurado Mora. La jueza de instrucción le concedió la suspensión del juicio a prueba y otorgó la libertad pese a que había sido detenido tras robar un teléfono en el barrio porteño de Caballito. Como medida complementaria de la probation, la magistrada le devolvió el celular robado a la víctima y dispuso que el colombiano debiera resarcirla con 700 pesos.
Pichetto alzó su voz contra la conducta de la jueza y pidió la apertura del proceso de destitución: “no podemos en la actualidad incurrir en el riesgo de que por una liberalización migratoria ingresen en nuestro país ciudadanos con antecedentes delictivos”.
La denuncia original indicó que “según estas mismas fuentes periodísticas, el imputado habría ingresado en forma irregular a la República Argentina y no habría tramitado su residencia por registrar antecedentes penales en su país de origen”.
“Sin perjuicio de las aclaraciones públicas efectuadas por la magistrada, lo cierto es que los hechos descriptos han contribuido a incrementar el estado de temor e incertidumbre que padece nuestra comunidad por los reiterados hechos delictivos que sufren a diario sus habitantes”, insistió Pichetto, quien por entonces presidía la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.
Sin embargo, los consejeros de esa misma Comisión consideraron que “del expediente no se advierte la concurrencia de circunstancias que ameriten la apertura del procedimiento de remoción ni de la instancia administrativa-disciplinaria”.
“La jueza cuestionada agotó los medios idóneos para determinar si Jair Jurado Mora registraba antecedentes condenatorios o causas en trámite en nuestro país. La información acerca de las condenas que el imputado registraba en su país natal recién fueron informadas a dicha magistrada por la Dirección Nacional de Migraciones, el 31 de enero, al serle comunicada la Disposición del 25 de enero de 2019, que había ordenado su expulsión del territorio nacional”.
“La jueza denunciada resolvió de acuerdo a las normas procesales conforme la información con la que contaba en ese momento y las circunstancias que rodeaban el caso. (…) La magistrada cuestionada no se apartó de las normas que regulan su actuación”, coincidieron los consejeros Pablo Tonelli, Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta, Inés Brizuela y Doria, el propio denunciante Mahiques, Graciela Camaño, Diego Molea y Juan Pablo Más Vélez.
El cierre definitivo del expediente, lo que se insinúa como un mero trámite formal, se producirá en el plenario previsto para el próximo martes.
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