Gladys Escribano busca a su hijo menor, Leonardo Iudicello, hace 9 años cuando desapareció en Brasil. Su historia y la iniciativa que impulsa para sumar herramientas en la búsqueda de personas.
A una cuadra y media de la ruta, a poco de entrar en Villa Cura Brochero, está la casa de los Iudicello, la familia de Leonardo. Todavía resta andar media calle arriba para llegar al portón. Gladys Escribano abre la puerta de su casa, luego la de la habitación de su hijo, que ahora es el cuarto de visitas y un archivo de memoria y lucha. Tiene en sus manos los papeles con anotaciones que hizo para esta entrevista, un escudo protector para no perderse en las emociones que le despiertan las preguntas. Se sienta sobre la cama de una plaza frente a la ventana. Al otro lado está el monte serrano en el que se distribuyen diez cabañas. Allí trabajaba Leo, entre árboles, pájaros y ondulaciones. Con lo que ganaba, viajaba por el mundo. El último viaje fue a Brasil, hace más de ocho años. Recorrió la costa hasta llegar a Jericoacoara, en el estado de Ceará. Poco después, no se supo más de él.
-¿La persona que desaparece es una ausencia sólo para la familia?
-No solamente es víctima la familia, también la comunidad. Cuando desaparece una persona se rompe el engranaje social, hay una pieza que falta y empieza a fallar. En los pueblos chicos se nota mucho. Por ejemplo en el caso de Delia Gerónimo Polijo, secuestrada a la salida de la escuela hace más de cinco años, cuando tenía 14 años. Sus compañeros de clase preservan su asiento esperando que vuelva. Ellos viven con esa expectativa y con la angustia que eso produce. No solo por la falta, si no por la sensación de inseguridad profunda que produce: “Y si me pasa a mí ¿qué hago?”.
No hay políticas de prevención de las desapariciones. Es un tema invisibilizado, olvidado, minimizado. A tal punto que, en una marcha de organizaciones de derechos humanos a la que fui con las fotos de los desaparecidos en democracia de Traslasierra -Leo, Delia, Silvia Gallardo y Marisol Rearte con su hijita- me han dicho “los desaparecidos en democracia son pocos”. No tienen idea.
-¿Cuántos desaparecidos en democracia hay?
-Hace relativamente poco que se lleva un registro centralizado. Es una tarea que lleva la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Para darte una idea en 2013 se registraron seis mil desapariciones. La tarea de aportar la información y las fotos está a cargo de las fiscalías pero no lo hacen con la celeridad que se necesita.
-En un año seis mil desapariciones…
-En un año. Y están todas las que no se registran.
-Habría que multiplicar eso por los 40 que lleva la democracia…
-Las leyes vigentes y la falta de capacitación son un obstáculo insalvable para las búsquedas y garantizan la impunidad de los responsables. Este es un largo camino que intentamos acortar con la ley Delia.
-¿Cómo actúa la justicia frente a una denuncia de desaparición?
-El Poder Judicial es patriarcal, elitista y machista. Hasta hace un tiempo banalizaba la desaparición considerando que se trataba de una ausencia voluntaria o de una rebeldía adolescente. Cuando hacías una denuncia de desaparición de un mayor de edad te decían que había que esperar 48 horas. Esa espera le daba impunidad a la organización criminal. Eso cambió, ahora nuestra legislación dice que la denuncia tiene que ser tomada de inmediato.
El juez y el fiscal están obligados a cumplir los protocolos de búsqueda fijados por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU). Las familias de la víctima no lo saben y lo único que le piden a la justica es celeridad y eficiencia, porque el tiempo es crucial para encontrar con vida a una persona.
Eso no pasa solo acá, cuando Alejandro, otro de mis hijos, fue a Brasil a buscar a su hermano, la policía no le tomó la denuncia, le dijeron que Leonardo era adulto y que no lo podían detener si no estaba cometiendo un delito.
-Y retrasaron la búsqueda.
-El caso Iara, en un pueblito de Jujuy, es un ejemplo de la importancia de la celeridad. La familia denunció la desaparición de la nena pero, como era fin de semana, empezaron la búsqueda el lunes. Ese mismo día la encontraron muerta. La autopsia verificó que viernes, sábado y domingo estaba viva. Se la podría haber encontrado con vida. Parece mentira que nadie sea responsable de esa omisión.
Juan Carr, de Red Solidaria, fue quien más luchó por revertir esto, con un slogan muy sencillo: “Es preferible hacer el ridículo por unos días a lamentar una pérdida de por vida”.
No hay que esperar nada, hay que salir a buscar ya para cortarles las salidas a los raptores. Como ocurrió con Guadalupe, la nena de San Luis, que se la llevaron a las cinco y media de la tarde y a la seis menos cuarto la madre estaba haciendo la denuncia. Nunca la encontraron. Si cortás todas las rutas, controlás todas las salidas, si haces un operativo en serio, no pueden sacarla de la provincia, pero recién cuando llegó Susana Trimarco se movilizó todo. Era evidente que tenía que intervenir el SIFEBU, pero solamente interviene en las causas federales.
-¿No se considera delito federal la desaparición de personas?
-No de inmediato. El tema de las jurisdicciones es una gran traba.
-¿Cuál es el origen de la Ley Delia?
-La ley Delia nace de la experiencia que llevamos adelante en Traslasierra, buscando a nuestros desaparecidos con el acompañamiento de los municipios. Delia Gerónimo Polijo, del municipio de La Paz, fue un disparador que movió a todo el valle. Ya habían desaparecido Marisol Rearte con su hijita Luz Morena Oliva en la localidad de Los Pozos, cerca de Las Rosas, y Silvia Gallardo en Yacanto. El criminal actúa más impunemente en lugares chicos. Los lugares pequeños tienen menos recursos humanos y tecnológicos. En pocos años desaparecieron cinco mujeres en Córdoba, cuatro en Traslasierra.
-¿Cómo impactaron estas desapariciones en Traslasierra?
La comunidad lo registra como un ataque al conjunto. Por ejemplo el caso de Leo, que estaba integrado a la comunidad. Leo falta en la Secretaría de Turismo, donde trabajó en una época, en la feria de productores, donde vendía dulces, en la escuela secundaria donde pusieron una foto suya que dice: “No estamos todos, falta Leo”. Le falta al intendente de Brochero, que vive acá a dos cuadras y era amigo de mi hijo. Los municipios acompañan porque les incumbe. En Brochero se pusieron carteles en las dependencias públicas con las fotos de las cuatro personas desaparecidas en Traslasierra y una guía de actuación ante una desaparición. Fijate vos el sentido comunitario que tiene que tener una búsqueda que lo primero que recomienda el cartel es hacer correr la voz entre los vecinos.
-Que todos lo sepan.
-Que todos lo sepan, que hagan circular la foto más reciente de que se disponga por sus redes sociales. Después juntar la documentación para hacer la denuncia, porque no es que vas y decís “se me perdió fulano, búsquenlo”. Tenés que llevar documentos, fotos. Los carteles explican eso y te dan los teléfonos del ministerio de la mujer, del ministerio de seguridad, de un organismo que hay en Córdoba que se llama Punto Mujer, que se dedica a la violencia de género.
-¿Qué cambiaría con la Ley Delia?
-La ley parte de tres ideas: Memoria, Verdad y Justicia. Se fija el 18 de septiembre como Día del Compromiso en las Búsquedas de Personas Desaparecidas, como ya ocurre acá. Eso sería lo primero. A partir de nuestra experiencia, la ley otorga mayor participación a la comunidad, propone la capacitación de los agentes públicos, la obligación de informar a las familias de sus derechos (programas de protección, de asistencia a la víctima, el dispositivo alerta Sofía -en el caso de niñas, niños y adolescentes- y el programa nacional de recompensas) y la colocación de cartelería con instructivos en lugares públicos. También propone modificar las leyes que dificultan la acción inmediata en las búsquedas. Aunque parezca increíble en la causa de Leo no se ha aplicado ninguno de los programas a los que tenemos derecho.
-La desaparición no tiene cuerpo del delito, no tiene pruebas.
-Creo que es el delito que más inseguridad produce en la comunidad. Cuando encontrás un cuerpo tenés la posibilidad de elaborar tu dolor, de hacer tu duelo, de despedir a esa persona. Cuando desaparece no podés elaborar nada, no podés cerrar, no sabés que pasó o que está pasando. No es igual que la desaparición forzada, dónde se sabe que intervino el Estado. Las Madres de Plaza de Mayo llegaron a saber, a tener una idea de quién se llevó a sus hijos. Incluso en plena dictadura muchas presentaron habeas corpus con pruebas, testimonios. Es imperdonable que no se los hayan tomado. La dictadura fue cívica, militar, eclesiástica y judicial. Nosotros no sabemos quién ni a dónde ni porqué se los llevaron, pero tomamos las enseñanzas de las Madres de Mayo que son ejemplo no solo en Argentina, sino en el mundo.
-¿Hay acuerdos entre los países?
-Sí, sí. Totalmente defectuosos. Existe la Interpol que son los mismos policías que investigan cualquier delito, no hay una especialización en este tema como si debe haber en el narcotráfico.
-¿Existen declaraciones como la de los derechos humanos vinculadas a la desaparición de personas?-Existe la declaración de la desaparición forzada de personas que es cuando se comprueba que fue un organismo del Estado, pero estas desapariciones no entran dentro de esa tipificación. El Día Internacional de la Desaparición Forzada, el 30 de agosto, se visibiliza también la desaparición violenta. La desaparición violenta priva a la víctima de todos sus derechos. Deja de existir para la sociedad aunque siga existiendo en los papeles, como nos pasó a nosotros en las últimas elecciones, cuando llegó el telegrama que le informaba a Leo que había sido nombrado presidente de mesa, pero él no estaba. No está. Esto es de una violencia enorme. Estoy convencida de que si los organismos del Estado actúan con eficacia, que es lo que estamos pidiendo con la Ley Delia, una persona que desaparece tiene que ser encontrada a las horas. No hay voluntad de encontrar a las personas, ni siquiera de buscarlas.
Hay casos en que la justicia decreta un homicidio sin haber encontrado el cuerpo, como el de Yamila Cuello, que desapareció en Córdoba cuando tenía 21 años. Hace catorce años que Soledad, su hermana, le dice a la justicia: “Yamila es víctima de trata” y la justicia encara la investigación por otro lado. Aparecen dos o tres tipos que dicen “yo la maté”, la justicia los condena, porque a confesión de partes relevo de pruebas, y abandona la línea que propone la hermana argumentando que “ya hay una condena firme, es caso cerrado”. Podría tratarse de alguien a quien las mafias le dicen: “Si no te declarás culpable te matamos a vos y a toda tu familia”. Entonces prefieren autoincriminarse. Pero esa línea no se investiga.
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