El dato surge de un relevamiento preliminar realizado por la asociación Defendamos Buenos Aires, al que este medio tuvo acceso. La lista de este informe la encabezan Belgrano, Núñez y Palermo como los barrios con mayor cantidad de viviendas en peligro.
A raíz de este nuevo derrumbe en la Ciudad, la asociación civil “Defendamos Buenos Aires”, lanzó un informe con datos preliminares que realizan, mes a mes, sobre las viviendas y edificios porteños que están en peligro de derrumbe. Según la ONG, actualmente hay alrededor de 5.200 propiedades que integran esa lista.
En el caso del derrumbe del reciente jueves, vale remarcar las más de 30 denuncias que vecinos y vecinas del barrio realizaron sobre la obra en construcción lindera, la que ocasionó el colapso de la vivienda.
La constructora habilitada por el ejecutivo local había recibido varias denuncias. En septiembre de 2023, los vecinos denunciaron que la excavación había tocado los caños del edificio y que «eso dañaba los cimientos de una edificación tan vieja como el PH» aledaño, que finalmente colapsó.
En junio del año pasado, Tiempo publicó una nota a raíz del derrumbe de una propiedad abandonada que, según la denuncia de vecinos y vecinas, la gestión porteña –al mando de Rodríguez Larreta en ese momento- intentó hacer pasar como una demolición programada.
El hecho puso de manifiesto la cantidad de viviendas y edificios que están en peligro de colapso en todo el distrito porteño. El año pasado, esa cifra alcanzaba las casi 3.000 propiedades. Meses más tarde llegó a 4.000 y en los primeros días de 2024 superan las 5.200 viviendas.
El dato preliminar fue dado a conocer mediante un nuevo informe elaborado por la ONG “Defendamos Buenos Aires”, al que Tiempo tuvo acceso.
“Hemos alertado en la última etapa del gobierno de Rodríguez Larreta y hemos alertado al actual gobierno de Jorge Macri sobre esta situación. En ninguno de los dos casos nos han dado importancia y pasamos de las 4 mil propiedades que integran la lista de derrumbes en CABA a 5.200 edificios y casas particulares que se están por caer. Cada casa tiene una persona o una familia viviendo adentro, con lo cual estamos hablando de un riesgo potencial de una catástrofe en la Ciudad”, describe en diálogo con este medio Javier Miglino, titular de “Defendamos Buenos Aires”.
Como en el último informe, las propiedades porteñas con peligro de colapso están representadas por una mayoría de casas tomadas o usurpadas, hoteles en pésimo estado y edificios con falta de mantenimiento, y varias de esas propiedades con obras linderas donde levantan un nuevo edificio.
Tiempo se puso en contacto con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Ciudad para conocer los datos que tienen registrados sobre esta problemática y, hasta el momento de publicado este artículo, no respondieron sobre el tema.
Miglino recordó que el gobierno porteño viola el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad que establece que “la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. Esto quiere decir que uno no le puede pedir seguridad al vecino de al lado o al arquitecto que lleva adelante la obra. Es el Estado el que tiene que garantizarla, y lamentablemente ocurre que el gobierno con las obras habilitadas pasa por el lugar, habla con los encargados, firma en el documento que está todo bien y sigue de largo”.
El informe alerta que los 10 barrios donde se encuentran la mayor cantidad de viviendas con posibilidades de derrumbe son: Belgrano, que encabeza la lista como el terruño más afectado. Le siguen Núñez, Palermo, Almagro y Constitución. La lista se completa con los barrios de Liniers, Flores, Floresta, Villa Crespo y el pintoresco barrio de Villa Devoto.
El relevamiento, como en las otras oportunidades “fue elaborado mediante denuncias de vecinos y vecinas de diferentes barrios” y en base “a la información brindada por la Justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal”, destaca Miglino y agrega: “Las propiedades que integran esta lista de derrumbe es por la antigüedad edilicia, por la voracidad en cuanto a construcción de nuevas obras, como lo que ocurrió en Pedro Goyena; y en algunos casos por deficiencias del terreno”.
Una de las denuncias realizadas contra la obra en construcción de Pedro Goyena al 500 que provocó el desmoronamiento de la vivienda lindera fue a raíz de una solicitud que se funda en los riesgos de derrumbe de la propiedad colapsada, con motivo de la obra nueva de diez pisos y dos subsuelos, de Pedro Goyena 551.
Quien había presentado esa denuncia, ante el Juzgado Civil N°3 del juez subrogante Sebastián Font, fue Isaac Alejandro Romano, un abogado y dueño de la inmobiliaria de la planta baja del PH que colapsó este jueves.
“Los vecinos no saben a quién reclamarle porque cuando llaman al 147 de la Ciudad, escuchan durante mucho tiempo propaganda del Gobierno, se cansan y cortan”, cuenta Miglino. El titular de Defendamos Buenos Aires realizó un trabajo testigo sobre la línea de atención telefónica para confirmar las denuncias que a diario llegan a la ONG.
“Tres personas que integran Defendamos Buenos Aires realizaron este trabajo testigo: a una la atendió el operador tras 48 minutos de estar en línea; a otra tardaron 112 minutos en atenderla y la última estuvo conectada por 120 minutos, es decir, durante dos horas, y recién ahí fue recogido el llamado por un operador”, detalla.
Mediante un comunicado oficial, el organismo lamentó el hecho ocurrido el día jueves “en el cual fallecieron dos personas como consecuencia del derrumbe de una propiedad lindera a una obra en construcción que se realizaba sobre la Avenida Pedro Goyena al 500”.
En paralelo, el organismo manifestó que “desde principios del año 2023, esta Defensoría había advertido al GCBA sobre irregularidades en la obra en construcción, por requerimiento de los vecinos del edificio colapsado, solicitando en cuatro instancias distintas que se corroboraran las medidas de protección hacia terceros, la integridad estructural de ambas construcciones y actuar en consecuencia”, detalla el comunicado.
“Resulta preocupante que en la última inspección llevada a cabo en diciembre del año pasado, la empresa constructora fuera advertida de que debía ajustar la memoria de excavación acorde a la forma en que se estaban ejecutando los trabajos, ya que difería de lo presentado”, agrega.
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