Derrame agrotóxico en Mercedes: «Es un desastre ambiental»

La contemplación del desastre está cronometrada: cinco minutos, a lo sumo diez si el viento no pega de frente. «Después se empieza a sentir el veneno», avisa un vecino, y señala el monte de eucaliptos reseco. «Están desde 1938 –dice–. Lo sé porque conocí al que los plantó. Tuvieron que venir estos hijos de puta para que se murieran».

La fachada de Sigma Agro S.A. es una pila de cascotes, un portón que todavía franquea el tránsito de camiones, una garita de seguridad que pretende espantar a los curiosos. Detrás, asoma el drama: un chaperío renegrido, paredes derrumbadas y la estructura de lo que hace apenas un mes fue el techo de un galpón con toneladas de agrotóxicos. «Los bomberos nos dijeron que nunca habían visto algo así. El fuego se arremolinaba sobre el agua que tiraban. Vinieron destacamentos de todos lados y trabajaron 16 horas seguidas. La fila de autobombas llegaba a los dos kilómetros», cuenta, alucinada, otra vecina. Más difícil es explicar el olor: «Una mezcla de insecticidas, plástico quemado y gasoil», arriesga.

Los relatos se terminan de golpe. Aparece un gusto desagradable en la garganta. Enseguida los ojos se entrecierran, como si eso sirviera para aliviar el ardor. Se corre a las camionetas. «¿Vieron? –se ufana el hombre–. Imagínense lo que es vivir acá».

El viernes 27 de septiembre, cerca de las 4:30, un incendio en una de las tres naves de la empresa Sigma, ubicada sobre la Ruta Provincial 42, en el paraje La Verde, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Mercedes, provocó el derrame en el ambiente de una cantidad industrial de herbicidas –sobre todo glifosato y Paraquat– altamente tóxicos y la muerte de un trabajador que llegó al lugar para salvar sus máquinas. Por el hecho se abrió una causa «para determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública» a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Mercedes. Sin embargo, la complejidad del caso llevó a que, dos semanas después, la Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) iniciara una investigación preliminar a propósito de las potenciales consecuencias en la salud pública.

«A un mes del incendio, los vecinos estamos cada vez más intranquilos por la ausencia de respuestas concretas. Nuestra opinión es que lo que está sucediendo es un desastre ambiental y necesitamos el aporte de científicos, universidades, del Conicet, del INTA y de todos los que conozcan del tema para que le expliquen a la empresa, al municipio, a la Provincia y a la Nación cómo tienen que arreglar esto», dice Martín Barros, el productor de semillas orgánicas que encabeza el reclamo de los autoconvocados.

Sigma fue clausurada preventivamente por el municipio el mismo viernes a las 3 de la tarde. El martes siguiente, la empresa presentó ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la principal autoridad bonaerense en materia ambiental, un plan de remediación que fue aprobado, lo que le permitió comenzar con las tareas de remoción de barros, líquidos y residuos especiales.

Para Silvia Gandolfi, docente e integrante de la Asamblea Mercedina por la Agroecología, «tenemos derecho a sospechar de manejos negligentes». Se preguntó: «¿Cómo el OPDS le permite a la misma empresa que ocasionó este desastre ambiental estar a cargo de las tareas de remediación?»

Calvario

El desastre ecológico de Mercedes evidenció la precariedad de algunas empresas de tercera categoría en la provincia de Buenos Aires. Las más peligrosas desde el punto de vista ambiental. La ley las obliga a instalarse en zonas exclusivas o parques industriales. No es el caso de Sigma, que se construyó en el medio de un paraje rural, cercana a varias poblaciones. Que tenga una escuela a menos de 300 metros es el colmo de la falta de controles.

«Había cenizas en todos lados y un olor insoportable. Fue un calvario», recuerda Sebastián Brehinier, casero de la Escuela Provincial N° 29 y una víctima más de sus vecinos.

Sebastián quedó hospitalizado esa misma tarde. «Me dolía todo el cuerpo, sentía náuseas y una presión tmreneda en el pecho. Me hicieron un análisis de sangre, me dieron dos o tres sueros y me mandaron de vuelta. Mi familia también volvió y estamos tomando agua mineral que pagó la empresa. Deberíamos usarla además para bañarnos y lavar la ropa, pero los bidones que nos tocan no alcanzan para tanto», se lamenta.

Al menos tuvo más suerte que Rubén Ponce. Esa madrugada lo despertó el llamado de uno de los trabajadores que dormían en Sigma. «Vení a correr tus máquinas que acá se está prendiendo fuego todo». Rubén bajó a la mitad el tiempo del trayecto de su casa en Gowland hasta La Verde. Cuando llegó, se tranquilizó. Las retroexcavadoras estaban lejos de las llamas concentradas en uno de los galpones. Lo encandiló el contraste del fuego, la noche y los primeros destellos del amanecer. No se contuvo y llamó a su mujer. «Tenés que ver esto. Parece una película», le dijo. Antes de cortar se disculpó: «Te dejo porque estoy pisando barro».

«Mi primo se resbaló y cayó sentado en uno de los charcos que se habían ido formando con el derrame de los líquidos tóxicos y el agua de los bomberos. Yo hablé con él esa misma noche y me contó que fue como caer en agua hirviendo o aceite caliente», dice Claudia Ivaldia, la única de la familia que aceptó recibir a los medios.

«Por la desesperación –continúa– se sacó la ropa y corrió desnudo hacia los bomberos. Le tiraron agua con las mangueras, pero él seguía quemándose. Así que lo llevaron al hospital de Mercedes».

Al día siguiente, por la gravedad de las lesiones, se decidió el traslado al Instituto del Quemado donde, luego de constatar que tenía el 39% del cuerpo ulcerado por el fuego, lo derivaron a una sala de terapia intermedia. El domingo dejaron de funcionarle los riñones y los pulmones. Lo entubaron y quedó en coma farmacológico hasta el viernes, cuando los médicos confirmaron su muerte. Tenía 43 años, una mujer y una hija adolescente.

«Se hizo la autopsia, pero todavía no sabemos nada –cierra Claudia–. Me gustaría que un médico me diga si un desenlace tan rápido se explica sólo por el fuego o si fueron los químicos los que lo mataron». «

«El que debe controlar es el organismo provincial»

«Los municipios habilitan cuando hay un certificado de estudio ambiental que lo otorga la provincia, es así, lo dice la ley. La empresa hizo varios cambios de rubro, pero el que tiene poder de policía y el que tiene que controlar es el OPDS. Son ellos los que tienen que empezar a trabajar un poco más», afirma Juan Cruz Mendía, titular del Departamento de Ambiente de la Municipalidad de Mercedes.

Para el funcionario, «una industria de tercera categoría es responsabilidad de la provincia», pero aclara que «desde lo que es mi competencia, he hecho todo: armamos reuniones con los vecinos todas las semanas para tratar de canalizar la angustia y el miedo, supervisamos las tareas de remediación de la empresa, todos los días estamos labrando actas, hicimos estudios de aire, que nos dieron que no hay trazas de agroquímicos. Desde la provincia, en cambio, lo que son medidas concretas, ninguna, salvo la de clausurar la empresa, que lo hicieron once días después que nosotros».

Mendía destaca que «en unos días Sigma se habrá llevado todo», pero destaca que después «tenemos que ver cómo se limpia esa napa».

Con respecto al incendio, el funcionario admite que fue «bastante horrible de ver, como un río que se formó con el agua de los bomberos, los agroquímicos, el biodiésel, y encima el chico que murió», pero asegura que la empresa va a reparar cualquier daño ambiental causado.

«Vamos a traccionar para dar una respuesta a los vecinos y que el lugar se limpie lo más rápido posible. Estarle encima a la empresa, intimarla y decirle: arreglame esto como sea».

«No había nada que objetarle a Sigma»

Para el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Sigma Agro SA es una empresa que, en cuestiones ambientales, estaba en regla. Así lo confirmó a Tiempo un vocero del organismo, quien además sostuvo que la habilitación corre por cuenta del municipio. «Nosotros otorgamos un Certificado de Aptitud Ambiental para este tipo de industria, y ese es justamente uno de los requisitos para la habilitación que otorga el municipio. No es nuestra competencia habilitar nada», remarcó.

En ese sentido, la fuente detalló que los responsables de Sigma les dieron una copia de una certificado de habilitación, con el correspondiente sello de la Municipalidad de Mercedes, con fecha de 2017.

«Desde el punto de vista ambiental, a la empresa no había nada para objetarle. La última inspección de rutina que le hicimos fue en 2018 y no encontramos nada que hubiera ameritado clausurarla. Sólo hicimos algunas observaciones del tipo administrativo, por ejemplo, sobre el manifiesto de residuos especiales que debieron presentar en tiempo y forma, pero no más que eso».

Desde el OPDS reconocieron, además, que el plan de remediación presentado por Sigma fue aprobado y que están supervisando su cumplimiento. «Ahora están retirando los barros afectados por el derrame. Y van a hacer una caracterización del sitio, que es un análisis exhaustivo de todo lo que se afectó para que no quede nada sin sanear».

El vocero insistió en que «la comunidad se confundió, porque nosotros no habilitamos la empresa. Si hay un problema de seguridad no es nuestra competencia. Nosotros sólo miramos la cuestión ambiental».