Derogar el decreto de Macri que facilita la expulsión, el principal reclamo en el Día de los Derechos Migrantes

La pandemia que todo lo empeora complicó aún más la situación de las y los migrantes en el mundo. La Argentina no es la excepción. Dificultades para acceder a documentación, falta de recursos e incluso obstáculos para volver a los países de origen en caso de decidirlo. Problemáticas que se enmarcan en un reclamo previo y sostenido: que se derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, del expresidente Mauricio Macri, que permite detenciones y deportaciones exprés.

En el Día Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes, tal es el principal reclamo del Migrantazo 2020: iniciativa de las organizaciones participantes de la Campaña Nacional Migrar No Es Delito, que concentraron este viernes frente a la Dirección Nacional de Migraciones. Desde esos organismos advierten que, en las últimas semanas, los procesos de expulsión que se habían congelado en el marco de la pandemia volvieron a activarse.

Sucedió tras el paso del período de Aislamiento Preventivo Obligatorio al de Distanciamiento, cuando mediante un decreto se determinó la reactivación de los plazos de expedientes administrativos: a partir de ahí, los plazos que estaban suspendidos por la pandemia siguieron su curso.

Con la pandemia, “la situación sobre todo de aquellos migrantes que no tienen papeles generó mayores dificultades a las que habitualmente tienen. Acceder a una cobertura social es más difícil, alquilar si no tenés trabajo, todas las medidas de resguardo y protección son complicadas”, enumera Diego Morales, a cargo del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y destaca que asimismo, en este marco, “aparecieron muchas redes de colaboración”. Además del reclamo por la derogación del DNU, eje de la movilización de hoy, remarca la “importancia de la regularización. Tener papeles al menos ayuda a poder negociar o discutir con el Estado de otra manera”.

“Si se deroga el DNU el escenario es otro. Ese decreto identificó a los migrantes como potenciales sujetos a expulsar todo el tiempo. Eso genera mucha incertidumbre en las comunidades a la hora de reclamar, movilizarse”, señala Morales. Y explica que el decreto de Macri sigue vigente, que el Poder Ejecutivo no lo derogó todavía y el Congreso tampoco; además la Corte Suprema tiene en sus manos un expediente porque después de alrededor de un año y medio el Procurador General de la Nación resolvió –en noviembre pasado- que el gobierno anterior, cuando apeló la sentencia que declaraba inconstitucionalidad del DNU, no argumentó y no explicó por qué era constitucional.

Una cuestión de decisión política

“Siempre hemos alagado y ponderado la ley migratoria en Argentina, pero lamentablemente en el gobierno macrista hubo un retroceso y estamos en esta movilización pidiendo que se derogue (el DNU) y la Dirección Nacional de Migraciones dé respuesta a los múltiples pedidos que no están siendo atendidos: una de las razones es la pandemia, pero creo que también es por decisión política”, analiza Carlos Reyes, oriundo de Perú, referente de la Casa de la Hermandad Latinoamericana y radicado en el país hace más de tres décadas. Es empleado público, llegó por una beca de estudios y va por su segunda carrera, mientras sigue militando por los derechos de la comunidad migrante.

“Hay que pensar quiénes son los sectores más vulnerables de la pandemia. Trabajo en General Rodríguez, donde hay una población migrante muy importante y reciente. Muchos no tuvieron acceso al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por no tener documentación pero otros aún teniendo no salieron en los listados. Muchos querían regresar a su país pero no pudieron por las condiciones de la pandemia y por la falta de respuesta”, remarca.

Reyes integra la Agenda Migrante 2020, que hizo el petitorio por la derogación del DNU macrista en diversas instancias. “Es decisión política, creo que hay sectores que no quieren que se derogue. Los poderes ubicados más a la derecha. Hay que buscar a un sector para culpabilizar y siempre somos los migrantes: por aumento de delincuencia, de inseguridad, por quitar mano de obra”, enumera. “Esperemos que frente a este Migrantazo las autoridades entiendan y pongan en agenda como urgencia que podamos tener una respuesta pronto”, pide.

“El DNU sigue vigente. Después de todo este tiempo de pandemia, donde no tuvimos novedades de expulsiones, en estas últimas semanas hemos vuelto a tener consultas por notificaciones de expulsión –por motivos complejos y en algunos casos súper extraños-,  casos que grafican las razones por las que todo el colectivo migrante viene bregando por la derogación del DNU”, resalta ante este diario Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).

“Una de las razones por las que planteamos la inconstitucionalidad tiene que ver con procedimientos y plazos sumarísimos que no permiten que las personas puedan encontrarse frente a una defensa real –explica Liguori- Otra de las cuestiones es que el DNU amplía las causales a cualquier tipo de cuestión penal, aunque sea un delito menor. Por lo cual una persona migrante ante cualquier situación de la vida cotidiana –como un accidente de tránsito, por ejemplo- se ve expuesta a una expulsión. Ante esto tampoco se toma en cuenta el arraigo, y el hecho de tener familia acá también está atado a una serie de razones y siempre queda a discreción de la Dirección Nacional de Migraciones la resolución, que es el mismo órgano administrativo que pide la expulsión”. Además, “eso hace que en muchos casos termine asumiendo decisiones que no solo atañen a derechos de migrantes sino a sus hijos, muchas veces niños y niñas”.

La referente de CAREF destacó que “recientemente el Comité de Trabajadores Migrantes y la Relatoría de Migrantes de Naciones Unidas sacaron recomendaciones a estados sobre este tema, incluyendo el pedido de detener deportaciones y retornos no voluntarios en este contexto de pandemia: “Es exponerlos a una situación extrema de vulnerabilidad”.

Tras la asunción de Alberto Fernández como presidente, el pedido de derogación del decreto de Macri fue planteado “a funcionarios del más alto nivel”. Y si bien la recepción fue buena, el proceso no avanzó. “La pandemia hizo que la agenda política pasara en términos prioritarios por otros lugares, pero nos parece que es importante que se tome una decisión cuanto antes porque es una señal que están esperando los colectivos migrantes por parte de esta gestión, que se evidencie que están parados desde una lógica de ‘hacer patria’ documentando, incluyendo e integrando al migrante –como planteaba Gabriel Chausovsky, referente en materia de derechos de migrantes, a quien se homenajea hoy- La derogación del DNU tiene ese sentido, entender y expresar cuál es la posición política de esta gestión frente a un tema tan delicado como la expulsión del territorio de población por un abanico de razones tan amplio que puede encajar ahí cualquier problema de la vida cotidiana de las personas: todos los casos en los que hemos tenido que intervenir involucran a personas pobres con delitos menores o con ingresos irregulares”.