Derechos y límites

Menem quería su reelección y, para ello, necesitaba la reforma de la Constitución. Tenía respaldo popular e iniciativa política para lograrlo, pero el proceso podía ser desgastante y nunca, en política, el final está asegurado.

Por su parte, el radicalismo percibía que su oposición a la posible reelección de Menem no iba a tener éxito y que se avecinaba una derrota política de consecuencias difíciles de calcular. Ese era un escenario favorable para que se abrieran negociaciones entre las fuerzas políticas más importantes de la Argentina. El justicialismo tendría la posibilidad de reelegir y el radicalismo pensaba que podía evitar una derrota política mostrando que había arrancado concesiones al menemismo que mejoraran la Constitución de 1853, consagrándose más derechos a los ciudadanos y limitándose el presidencialismo que venía desde el siglo XIX bajo la influencia de Alberdi.

Nuestro espacio de entonces, el Frepaso, asomaba con ímpetu en la política argentina. Rechazábamos el “Pacto de Olivos”, pedíamos la apertura y discusión del Núcleo de Coincidencias Básicas y buscábamos ampliar lo que serían los nuevos derechos constitucionales. Éramos la oposición al acuerdo justicialista-radical y representábamos lo nuevo, con el liderazgo de Chacho Álvarez.

En aquel 1994, el nuevo espacio político del Frepaso triunfó en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén pero, a pesar de los entonces cuestionamientos al Pacto de Olivos, nuestra presencia en la Convención no fue disruptiva ni rupturista. Estuvimos del comienzo al final, debatimos, propusimos, votamos y juramos la nueva Constitución.

Fue importantísimo haber incorporado los Tratados internacionales de Derechos Humanos, civiles, políticos y sociales a nuestra carta magna. Esa incorporación significó brindar herramientas con jerarquía constitucional -por encima de las leyes locales- para defender y garantizar derechos de los ciudadanos. Su consagración constitucional no significó, ni de lejos, la vigencia plena de esos derechos, pero aseguró un piso en la pelea diaria para que no sean vulnerados.

Hubo también nuevas disposiciones constitucionales que tuvieron como fin limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo, algunas con más éxito que otras. No sirvió para mucho institucionalizar al Jefe de Gabinete que terminó siendo un ministro con mayor jerarquía. Pero, en cambio, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires -con tres millones de habitantes- posibilitó que fueran los ciudadanos porteños quienes eligieran quien iba a gobernarlos impidiendo, de esa manera, que fuera el propio presidente quien lo decidiera.

Es probable que el radicalismo pensara que así se aseguraba una suerte de “gobernador” propio en un distrito que, en los papeles, le resultaba favorable. La breve historia electoral porteña demostró que no fue así y que en la ciudad de Buenos Aires pueden ganar diferentes sectores políticos. Pero lo cierto es que la autonomía porteña posibilitó, de a poco y en un proceso todavía inconcluso, que los millones de ciudadanos que la habitan pudieran decidir no sólo sus destinos políticos sino, entre otras cosas, el destino de sus recursos y la administración de su propia justicia y policía. Dicho de otra manera, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires significó una ampliación de derechos para sus ciudadanos y un límite a las potestades del Poder Ejecutivo Nacional sobre ellos.

Otro tema incorporado a la nueva Constitución que significó un límite a las atribuciones del Poder Ejecutivo fue la consagración, en el artículo 120, del Ministerio Público como órgano independiente de los otros poderes. Esta modificación no estaba dentro del Núcleo de Coincidencias Básicas y fue habilitado su tratamiento por la ley 24309.

Hasta ese momento había un debate sobre la pertenencia del Ministerio Público, sobre todo respecto de los fiscales. Algunos sostenían que pertenecían al Poder Judicial y otros al Poder Ejecutivo, discusión que no era irrelevante ya que esta última posición permitía al gobierno de turno dar instrucciones a los fiscales sobre las causas penales.

Yo era fiscal federal en el año 1989 cuando el entonces presidente Menem firmó un decreto indultando, entre otros, a Albano Harguindeguy, exministro del Interior de la dictadura. El entonces jefe de los Fiscales, el procurador Oscar Roger, nos envió a todos los fiscales federales de la Argentina una instrucción para que no nos opusiéramos al indulto. En aquel momento sólo dos fiscales de la Argentina -quien esto escribe y el Dr. Hugo Cañón, fiscal de Bahía Blanca- desobedecimos esa orden y cuestionamos la constitucionalidad del indulto pidiendo que no se lo aplicara. Frente a esa “desobediencia” nos iniciaron sumario y nos pidieron la cesantía, pero el sumario no fue en el ámbito del Poder Judicial ni dentro del organismo de los Fiscales, la Procuración General . El sumario y el pedido de cesantía lo tramitaron ante el Poder Ejecutivo, más precisamente ante la Procuración del Tesoro, porque sostenían que como fiscales éramos agentes y funcionarios del Ejecutivo que merecíamos ser echados por desobedecer una instrucción en una causa penal.

La Reforma Constitucional vino a saldar esta discusión y puso al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) como organismo independiente o extrapoder, impidiendo en adelante que sus integrantes recibieran órdenes o instrucciones de otro Poder y que pudieran organizarse sin injerencias de acuerdo a las leyes que luego se dictaron.

Obviamente no quiero decir con esto que se terminaron las intromisiones del Poder Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal. La realidad, muchas veces, sortea o esquiva los límites impuestos incluso por la propia Constitución, sobre todo cuando se trata de cuestiones que interesan directamente al gobierno o al poder de turno.

En definitiva, fue una reforma motorizada por la búsqueda de la reelección presidencial que permitió modernizar y mejorar nuestra Constitución. La posibilidad de una reelección con mandato acotado a cuatro años no resultó finalmente ni institucional ni políticamente negativa. Se incorporaron nuevos derechos y nuevos organismos de control. Hubo también aspectos negativos que, en todo caso, quedan para otro análisis o nota.

A 30 años agradezco política y personalmente haber estado allí y poder compartir ahora algunos pareceres sobre temas que impactan en nuestra realidad de hoy. «