Inconsistencias en dos inventarios motivaron los allanamientos en depósitos de alimentos del gobierno

La administración de Javier Milei afronta los primeros allanamientos ordenados por la Justicia desde que asumió y en el marco del despido de Pablo De la Torre, virtual viceministro encargado del área de Desarrollo Social, dentro del Ministerio de Capital Humano. El juez federal Sebastián Casanello ordenó este sábado allanar el depósito con alimentos de la cartera conducida por Sandra Pettovello, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.

Pidió que se «registre en video las instalaciones y el estado actual de la mercadería allí almacenada». Quiere saber cantidades, fechas de vencimiento y definir a los responsables de una eventual pérdida. La medida fue ordenada poco después de que el juez federal José Díaz Velez, hiciera lo mismo con el segundo depósito ubicado en Tafí Viejo, Tucumán, donde la Gendarmería realizó un inventario y encontró leche que vence en septiembre, pero nada inutilizable.

La medida que ordenó Casanello fue a pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa, dentro de la causa abierta hace una semana por el dirigente Juan Grabois, que denunció la existencia de 5 mil toneladas de alimentos que estaban por vencerse y que no han sido distribuidos a comedores populares de todo el país. La presentación penal fue contra Pettovello, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Derivó en la confirmación de la denuncia (que el ministerio había negado hace una semana). Empeoró por un entrecruzamiento de inventarios, entre el expediente que tiene Casanello y otra causa iniciada hace dos meses por la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, en el segundo juzgado Contencioso, Administrativo y Federal, a cargo de Esteban Furnari, que dilató el trámite y se declaró incompetente.

Ochoa le pidió a Casanello el allanamiento debido a «la poca fiabilidad de aquello que resulte informado» por «el Ministerio de Capital Humano, que públicamente autocuestiona su funcionamiento». En los fundamentos de su solicitud, la fiscal federal planteó una serie de ejes que revelan las posibles consecuencias penales para miembros del Ejecutivo, a partir de la decisión de negar el acopio de alimentos que estaban por vencerse y la interna que estalló entre Pettovello y De la Torre.

No sólo fue la destitución. Incluyó una denuncia impulsada por el ministerio ante la Oficina Anticorrupción contra el expulsado funcionario. La cartera de Pettovello acusó a De la Torre de presuntas irregularidades cometidas en contrataciones a partir de convenios de financiamiento firmados entre Capital Humano y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Ante las consultas de Tiempo, cerca de Pettovello declinaron contestar. Dentro de la cartera dicen que De la Torre intentó renunciar dos veces antes de la crisis que derivó en una acusación dura. La ministra sostiene que fue mal informada por su virtual viceministro de Desarrollo, que tenía el cargo de secretario de Niñez y Familia, y estaría a cargo de los depósitos con alimentos.

Tras echarlo y denunciarlo, el ministerio difundió un comunicado donde finalmente reconoció lo que había negado antes por distintos medios y periodistas. La cartera informó que «a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior, ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería».

Ochoa se basa en ese reconocimiento público de Capital Humano sobre «mal desempeño» de sus funcionarios y lo cruzó con el origen del escándalo que ya tiene dos aristas numéricas y dos meses de trámites judiciales. La más reciente es la respuesta de De la Torre al requerimiento de Casanello sobre las existencias. Allí finalmente reconoce que, entre otros alimentos, hay 339.867 kilos de leche en polvo y 2,7 millones de litros de leche líquida que se estaban venciendo o se estaban por vencer.

Pero hay otro registro, contrastable, que surge de la información que está dentro del expediente que tramitó el juez contencioso Federal Furnari. Fue iniciado a principios de febrero, a partir de un pedido de medida de «prohibición de innovar», presentado por Marisa Graham, titular de la Defensoría, designada por el Congreso.

En enero hizo un relevamiento en 800 comedores de todo el país donde había constatado que no recibían alimentos desde octubre o noviembre y luego de pedirle información a Capital Humano, había recurrido al fuero Contencioso. Pidió que la cartera de Pettovello «no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios o merenderos, «hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria».

Se refería a la creación de una nueva tarjeta electrónica para financiar la provisión que había mencionado De la Torre, en calidad de encargado del área de política social de un ministerio que también incluye Educación y Trabajo.

El caso empezó el 2 de febrero y una semana después Furnari se declaró incompetente y dijo que era un tema de seguridad social. Lo mandó a la cámara de Seguridad Social, que entiende en temas jubilatorios. Como era de esperarse, esa instancia rechazó el planteo de Furnari y le devolvió el expediente.

Pero esa controversia enfrió el expediente por casi dos meses, hasta que el juez denegó el recurso el 15 de mayo, es decir, hace dos semanas. En ese expediente De la Torre aportó otra información distinta, sobre los mismos depósitos, que los informes que entregó a Casanello esta semana.

Por eso los allanamientos buscan constatar los inventarios, contrastarlos con la data aportada, verificar la fecha de los vencimientos y determinar la responsabilidad de quién los dejó vencer. En el caso tucumano, el juez Díaz Vélez accedió a una solicitud del fiscal federal Agustín Chit, a partir de otra denuncia impulsada por organizaciones sociales. El juzgado informó que no hay alimentos vencidos pero que la leche vence en septiembre.

Ochoa agregó a las diferencias de inventarios entre la causa de Casanello y la de Furnari que Pettovello no entregó un plan de distribución. La cartera anunció que recurrirá al Ejército para la distribución urgente, pero no le informó nada al juez y se venció el plazo de 72 horas para que lo hiciera.

No hay precisiones del operativo que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas podría realizar. Ya lo hizo en otras oportunidades, pero ahora sumó el reclamo de ocho ministros de desarrollo social provinciales, para que Pettovello convoque al Consejo Federal de la materia y organice la entrega de los alimentos guardados.

Hace dos semanas, cuando Furnari finalmente negó la solicitud cautelar impulsada por Graham, enumeró algunas respuestas que había dado De la Torre. Dijo que se habían destinado 44 millones de pesos para 59 comedores y que el grueso del aprovisionamiento era del programa Abordaje Comunitario, realizado junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Fuentes vinculadas al caso explicaron que fue lo único que recibieron los comedores en todos estos meses. El funcionario sólo contestó lo que habían hecho y que habían ampliado el presupuesto de ese programa en 14 mil millones de pesos para este año. Pero también reconoció que habían llamado a una licitación de compra con la OEI, precisamente el organismo que está mencionado en la denuncia que Pettovello impulsó contra De la Torre.

«Por último, denuncia el lanzamiento de una licitación llamada a proveer alimentos secos (especialmente aceites y lentejas) a los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo en el marco de las políticas ejecutadas conjuntamente con la OEI, autorizándose al efecto la transferencia de 6.772.500.000», resaltó Furnari respecto a una operación realizada el 6 de marzo de 2024.

La OEI buscó despegarse, pero confirmó que efectivamente ha realizado contrataciones por cuenta del ministerio. «Este acuerdo permitió un ahorro del 40% en los precios de referencia, superior a los 2500 millones de pesos» sostuvo y recordó que «la OEI cuenta con un presupuesto de cooperación para la Argentina de más de 6000 millones de pesos». Casi coincide con el monto informado por De La Torre al juez Furnari, aunque en este caso sumó una forma de deslindar responsabilidades.

«La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras que la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esa repartición. Cualquier inconsistencia detectada es comunicada, para que la Secretaría de Niñez determine las acciones a seguir, reafirmando el compromiso de la OEI con la transparencia y la rendición de cuentas», sostuvo el comunicado para prevenirse ante las posibles implicancias penales.

La sospecha de Pettovello apuntaría a parte de esas contrataciones, a los destinatarios y a dónde fue a parar el dinero. También es novedosa la utilización de fondos de la OEI para la compra de alimentos.

«Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio», publicó De la Torre en su cuenta personal de X.

Su hermano Joaquín, ex intendente de San Miguel y senador bonaerense del espacio Derecha Popular, rompió con el bloque de La Libertad Avanza y exhibió la primera consecuencia política de la denuncia que promueve Pettovello.

El expulsado funcionario era secretario de Niñez y Familia, pero era el virtual viceministro de Desarrollo Social. Hay una razón para retener ese cargo, porque el área de niñez tiene «servicio administrativo y financiero autónomo» y no depende de la firma de nadie.

En pocas palabras, mantuvo el control de esa secretaría para controlar la caja y, a la vez, coordinar el grueso de la política social del gobierno de Milei. Las señales no sugieren un problema de mala información provista por De la Torre a Pettovello, sino de una decisión adoptada, desde lo más alto del Gobierno, para no entregar los alimentos hasta evitar a todos los posibles intermediarios, aún a costa de que se venzan.