Denuncian una reforma laboral encubierta

Las dirigentes sindicales plantean que el texto que fue enviado hace un mes al Congreso le otorga al ministerio de Trabajo facultades de intervención que exceden lo permitido por las leyes vigentes.

El último lunes, la diputada del Frente para la Victoria y secretaria general de Sitraju, Vanesa Siley, encabezó la conferencia de prensa donde las mujeres sindicalistas dejaron plasmadas sus objeciones al proyecto del PEN. 

«Es una forma subrepticia que encontró el gobierno para introducir la reforma laboral. Es una parte más del paquete que está en el Senado», advirtió Siley y explicó: «La incorporación del concepto de teletrabajo es un intento claro de introducir la flexibilización porque no hay control, no hay horario, puede ser trabajo a destajo».

El proyecto presentado por el oficialismo establece que «los trabajadores, sin distinción de género, podrán optar por ejecutar trabajos fuera del establecimiento, que les sean encargados por su empleador, así como realizar prestaciones a favor de este a través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo a los requisitos que establezca la reglamentación y conforme al acuerdo alcanzado por las partes involucradas».

La diputada del FpV también cuestiona las facultades que se le otorgan al Ministerio de Trabajo a través de la norma. «El ministerio puede sancionar al sindicato si considera que no fomenta la equidad», señaló, en relación al cupo del 30% que plantea la iniciativa en relación a los gremios. Y remarcó que «lo extraño es que la norma no establece multas para las empresas».

Desde el colectivo que conforman las mujeres sindicalistas, principalmente de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CGT, la CTA, la CTEP y la Corriente Nacional de Cooperativas de Trabajo, aseguraron que la norma que impulsa el gobierno «está mal enfocada». Lo afirman remarcando que no sólo no sanciona a las empresas sino que pretende que «los sindicatos reflejen un mundo laboral que no existe y que el Estado no se ocupa de garantizar».

En ese contexto, las dirigentes plantean que «por ejemplo, el sector de la industria metalúrgica tiene tan sólo 3% de mujeres empleadas. Es imposible que el sindicato de esa actividad pueda respetar el 30% de cupo».  En este contexto, las dirigentes plantearon que «para que se respete el cupo dentro de los sindicatos el Estado tiene que garantizar la igualdad de acceso al trabajo y la igualdad para los ascensos». Resaltaron que «eso no se logra con un proyecto meramente declarativo que no impone castigos ni multas a las empresas y que tan sólo atina a repetir el artículo 14 bis de la Constitución”. 

El colectivo sindical que denuncia una reforma laboral encubierta se volverá a reunir este martes. Así lo confirmó en dialogo con Tiempo la diputada del Movimiento Evita Silvia Horne y detalló: «Desde el Peronismo para la Victoria hemos convocado a una jornada con mujeres de sindicatos, movimientos sociales y de la economía popular para discutir la propuesta de equidad laboral. El día martes junto con Lucila Del Ponti, Araceli Ferreyra y Leonardo Groso vamos a consensuar junto a representaciones sindicales una propuesta».

Además, la diputada subrayó: «En el marco del brutal ajuste neoliberal trabajamos con el documento ‘Para que haya equidad debe haber garantías’. El desafío es pensar la equidad de género en marcos de un ataque a los y las trabajadores para asegurar trabajo digno a todos y todas».

Mineros reincorporados en Río Turbio

A partir de mañana volverán a sus puestos de trabajo 171 mineros despedidos cuatro meses atrás por la intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

La decisión llegó en la forma de un laudo del Ministerio de Trabajo, el mismo que había aprobado la PPC. La intervención de la mina produjo 500 despidos encubiertos en retiros voluntarios, de los que 329 aceptaron, tras negociaciones en medio de paros y la toma de la mina por parte de sus trabajadores. Los 171 que no aceptaron volverán ahora a sus puestos.

En tanto, otro conflicto que sacudió el viernes la situación gremial entró en conciliación obligatoria. Se trata de la Federación de trabajadores Aceiteros, que declaró un paro nacional por tiempo indeterminado el jueves pasado en reclamo de la reincorporación de 34 despedidos de dos plantas de la multinacional Cargill.

Mientras dure la conciliación, los trabajadores deberán reincorporarse a sus puestos mientras que la Federación deberá abstenerse de tomar medidas de fuerza. El conflicto dejó su carácter local para pasar a tener una impronta nacional.

INTI: Cambiemos convalidó despidos

El interbloque de Diputados de Cambiemos convalidó los despidos en el INTI al rechazar en Comisión el proyecto de ley que declara la «emergencia» en ese organismo y establece la reincorporación de los 258 despedidos. 

La decisión fue rubricada en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y la de Industria, conducido por el kirchnerista Abel Furlan junto con el massista José de Mendiguren, tras un extenso debate.  El dictamen de rechazo al proyecto cosechó 29 firmas, mientras que el proyecto impulsado por el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda sumó sólo dieciocho.

Para justificar la convalidación de los despidos y el rechazo al proyecto el oficialismo señaló que la declaración de «emergencia» no se ajusta a las disposiciones constitucionales.

Desde el kirchnerismo, el sindicalista Hugo Yasky dijo que «es indispensable declarar la emergencia para la situación que hoy atraviesa y para defender el papel estratégico que cumple el INTI en el proceso de desarrollo de la industria nacional» y reclamó «la urgente reincorporación de los despedidos». «