Diputados exigen que se suspenda la fusión y hay un pedido similar en la Corte Suprema.
Es que, según se denunció en una audiencia pública en la Cámara de Diputados realizada el jueves pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) violó sus propias normas para facilitar la fusión y evitar que Cablevisión Holding (el resultado de la fusión) deba desinvertir para aumentar la competencia.
El ente que dirige Miguel Ángel de Godoy impuso que la fusión tendrá «poder significativo de mercado» en el mercado de banda ancha fija (internet por cable o ADSL) cuando la facturación de la fusión sea igual o supere el 80% del total.
Según Martín Becerra, experto en el tema y profesor de la Universidad de Quilmes, la fijación del 80% «contradice estándares nacionales e internacionales y carece de fundamento técnico».
La Resolución 5644/17 del Enacom, en la que se establece ese 80% de control del mercado de Internet sin caer en prácticas monopólicas, remite a un informe de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios (DNDCRyS) del propio Enacom, que Becerra logró obtener por medio de un trámite de acceso a la información pública. El informe de la DNDCRyS avala el 80% de control y para ello se basa en una norma previa, el decreto 764/2000, pero que dice otra cosa. El texto, emitido durante el gobierno de Fernando de la Rúa, expone dos tipos de categorías de dominación de mercados: el «prestador con poder significativo», por aquel que controle el 25% de un mercado; y el «prestador con poder dominante», calificativo destinado al que posea el 75% o más.
Así las cosas, el 80% como límite para imponer una mayor regulación «surge de una decisión política que no puede justificarse en los papeles», dijo Becerra. Tampoco la regulación de otros países avala ese nivel de concentración.
Una clave la puede dar un repaso por las localidades donde el Enacom consideró que Cablevisión holding sí ejercerá poder significativo de mercado en internet fija de banda ancha. Allí no figura Rosario, la segunda ciudad del país, ni ninguna capital de provincia, salvo Córdoba y Santa Fe. «Es extraño el caso de Rosario, donde la suma de Fibertel y Arnet compite contra un único proveedor local de banda ancha», observó Becerra.
La audiencia pública de la semana pasada convocó, además, a otras voces que pidieron la suspensión de la fusión. Convocada por la legisladora Romina del Plá (PO-FIT), contó con la participación de Leopoldo Moreau (FpV), recientemente electo presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la cámara Baja, Fernada Raverta, también del FpV, y Nathalia González Seligra (PTS-FIT). Del Plá aseguró que su proyecto de ley ya cuenta con el aval de las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Mónica Macha (Unidad Ciudadana), y las legisladoras del Movimiento Evita Lucila de Ponti y Silvia Horne. «El gobierno nacional quiere fusionar Cablevisión y Telecom para avanzar en el proceso de monopolización de las telecomunicaciones con consecuencias gravosas para los trabajadores. Los que nos hablan todo el día de libre competencia y competitividad habilitan el mayor y peor monopolio argentino», dijo Del Plá.
Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, presentó un recurso extraordinario de salto ante la Corte Suprema junto con el ex juez Carlos Alberto Rozanski, contra la resolución del 5644/17 del Enacom porque «da origen a un monopolio comunicacional sin antecedentes en la historia argentina, con alcance al 85% de la población argentina».
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que dirige Esteban Manuel Greco, deberá expedirse en abril sobre el tema. Para Becerra «son una incógnita la vocación y capacidad de sus directivos por hacer cumplir las normas de la competencia vigentes».
Estudian decreto para el 4G
El gobierno estima recaudar unos 800 millones de dólares con la próxima licitación de 90 megas correspondientes al espectro de telefonía celular 4G, según informó una fuente del Ministerio de Modernización citada por la agencia Reuters, que consignó, además, que Telecom Argentina, Telefónica y Claro participarían de esa licitación, cuyas características se están definiendo a través de una norma técnica.
La subasta incluiría 60 megas adjudicados en su momento a Arlink y que fueron «devueltos» al Estado, y otros 30 de la empresa estatal de telecomunicaciones Arsat.
Para disponer de ese espectro, el gobierno está definiendo si impulsará una ley en el Congreso o si puede resolverlo a través de un decreto.
El presidente Mauricio Macri viene manifestando la necesidad de atraer inversiones en el sector de las telecomunicaciones para «ampliar la competencia y mejorar la conectividad del país».
En el caso de Telecom Argentina, cuya fusión con Cablevisión espera la última definición de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ver nota), anunció inversiones por unos U$S 5000 millones hasta 2020. «
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