Denuncian por fraude a supuestas cooperativas que dan servicios de seguridad

La estafa es doble. Una, la principal, es laboral: miles de trabajadores precarizados que no gozan de conquistas como el aguinaldo, las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o la justa indemnización. La segunda, menos tangible, es un fraude simbólico que desconoce el espíritu solidario del cooperativismo y la respuesta digna ante la necesidad. Se trata de empresas de seguridad privada que bajo la figura de «cooperativas» se desprenden de sus obligaciones –establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo y los Convenios Colectivos– con el único afán de aumentar las ganancias de los «patrones». Todo es más grave si la Secretaría de Trabajo, lejos de enmendar la situación, la ampara mirando hacia otro lado.

La denuncia empezó a tener visibilidad hace unos días, cuando el Sindicato Unidos de Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), acompañado por la Fundación La Alameda, marchó hacia la sede del Instituto Nacional Asociativismo y Economía Social (Inaes) para presentar el listado de «cooperativas truchas» (alrededor de 160) que precarizan la actividad de unos 5000 empleados.

«Grandes empresas de seguridad se esconden detrás de una figura jurídica improcedente, como son las cooperativas de trabajo. Se transforman así sólo en una apariencia para encubrir la existencia de trabajadores dependientes que no dirigen ni controlan y mucho menos son parte del directorio de la cooperativa; falsamente les dicen que son socios cuando sólo obtienen una retribución. Esto constituye una única finalidad evasora», se lee en el escrito que presentaron y llegó a manos de Gabriel Monferato, secretario del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales del Inaes.

El funcionario se comprometió a abrir un expediente por cada cooperativa denunciada e informar a la Secretaría de Trabajo para evitar el fraude laboral y respetar los principios del cooperativismo.

«Lo que denunciamos es muy grave porque es competencia desleal. Cuando estas cooperativas van a licitar, siempre ganan porque los costos que presentan son muy bajos. El ejemplo más claro es el valor hora. La tarifa normal de un vigilador privado es hoy de entre 280 y 300 pesos. Estas supuestas cooperativas lo cotizan entre 130 y 150 pesos. Estamos hablando de un 50% menos. En ese contexto, varias SRL y SA están cerrando y así se pierden puestos de trabajo», se queja el secretario general de SUTCA, Cristian López.

López enumera las irregularidades de estas cooperativas «truchas», que no pagan aguinaldo, vacaciones, horas extra ni licencias por enfermedad, y explica que los trabajadores que allí se desempeñan no tienen «la protección laboral que establecen la Ley de Contrato de Trabajo y los Convenios Colectivos sectoriales». También remarca que deben afrontar el pago mensual del monotributo, ya que están obligados a facturar, y que para obtener una indemnización por despidos injustificados deben emprender largos litigios legales. «Casi siempre deben conformarse con mucho menos de lo que les corresponde para llevar un pan a la mesa familiar».

«Estas cooperativas –insiste– sólo funcionan como una mera intermediaria proveedora de personal para vigilancia a terceros. Hay una simulación absoluta e ilícita en la que se encubre una relación laboral bajo la apariencia de una relación asociativa, con el fin de sustraerse a las leyes laborales. Un detalle que no es menor es que las cooperativas no permiten que sus empleados se afilien al sindicato».

La Ley 25.877 del Régimen Laboral dispone que los servicios de inspección del trabajo están habilitados para controlar a las cooperativas a efectos de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social en relación con los trabajadores dependientes, así como a los socios. De cumplirse con la reglamentación, estas cooperativas no podrían brindar servicios propios de agencias de colocación.

«Desde el Inaes –cierra López– nos explicaron que el problema es de la Secretaría de Trabajo, y desde Trabajo aseguran que no pueden intervenir porque sería discriminación hacia las cooperativas por no dejarlas trabajar. En breve publicaremos el listado completo de empresas, con nombre y apellido de sus dueños y directores, mientras esperamos que las autoridades competentes al fin intervengan». «

Cobertura para talleres textiles clandestinos

El caso de las empresas de seguridad privada tiene su réplica en la industria textil, donde es muy común que los talleres clandestinos utilicen la forma jurídica de «cooperativas de trabajo» para eludir responsabilidades.

Según denuncia la organización La Alameda, estas fábricas «truchas» muchas veces son guiadas por las grandes marcas de indumentaria, que son los verdaderos dueños de los talleres, a inscribirse de esa manera.

Para Ezequiel Conde, referente de la Federación de Cooperativas Textiles (Fecootex), «esa figura se usa en la industria textil para encubrir talleres clandestinos y esclavistas. Y esa irregularidad está conectada a que las cooperativas genuinas de trabajadores son bloqueadas en la generación de su personería. El Inaes defiende el espíritu cooperativista y la Secretaría de Trabajo debe ocuparse de evitar el fraude. No avanza la reforma laboral como quiere este gobierno, pero todo el mundo se empieza a cooperativizar para evadir un montón de responsabilidades que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Se vive una flexibilización laboral de hecho».