Denuncian el avance de un nuevo protocolo para criminalizar la protesta

En las últimas tres semanas se produjeron tres episodios de represión a la protesta social. En esa fugaz línea de tiempo fueron detenidas 20 personas y otras tantas resultaron heridas. Los organismos de Derechos Humanos hablan de una escalada represiva. Los hechos evidenciaron la conflictividad social creciente y revelaron que la estrategia de Cambiemos fue el despliegue de un nuevo protocolo de represión y criminalización que incluye varios items: la policialización de las protestas, la existencia de dobles comandos policiales, la instalación de una paralegalidad con actuación de efectivos de civil, el uso de vehículos policiales sin patente ni identificación, y el incremento de las penas judiciales con la aplicación del delito de «intimidación pública» para perseguir a los manifestantes.

El último episodio ocurrió el jueves cuando unos 300 policías bonaerenses reprimieron a trabajadores frente a la planta que la multinacional PepsiCo tiene en Florida, partido de Vicente López, que estaba tomada por empleados en resguardo de sus puestos luego de que la empresa decidiera trasladar la fábrica a Mar del Plata, despedir 600 personas y reubicar a 159. Pero la seguidilla comenzó el 28 de junio cuando la Policía de la Ciudad reprimió un acampe del Frente por el Trabajo y Dignidad Milagro Sala en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Siguió el 5 de julio, cuando manifestantes que pedían frente a los Tribunales porteños por la liberación del lonko mapuche Facundo Jones Huala fueron reprimidos y detenidos.

«En las últimas tres semanas hubo tres situaciones de represión a la protesta muy claras. Estamos advirtiendo un aumento. Cada vez más queda bien en claro que la respuesta del Estado frente al reclamo social es la policía», advirtió el abogado Federico Efrón, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Después de PepsiCo, el organismo señaló la existencia de una escalada represiva y marcó que la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri es reducir el Estado a su cara policial.

A diferencia de los episodios anteriores, la represión en Vicente López no fue sobre una manifestación callejera ni contra piqueteros, sino contra trabajadores que realizaban un reclamo gremial. Hasta PepsiCo, el «marketing del palo» se limitaba a otro tipo de protestas en las que el sujeto apaleado, gaseado y detenido era –sobre todo en el imaginario social y mediático– un encapuchado provisto de palos y cubiertas en llamas. La intervención al sindicato de Canillitas por la Justicia y la acefalía provocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el gremio de azucareros (SOEAIL) de la empresa Ledesma, en Jujuy, prenunciaban este camino sobre los obreros.

Además, en el desalojo del jueves medió una orden judicial. Ni el Ministerio de Trabajo o la jueza Andrea Rodríguez Mentasty –designada de forma exprés en el Juzgado de Garantías 3 de San Isidro por el Consejo de la Magistratura que integra su ex esposo, el diputado bonaerense de Cambiemos Walter Carusso– tuvieron intención de negociación y terminaron dejando todo en manos de un comisario. De todas maneras, la gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, o su colega de Nación, Patricia Bullrich, respaldaron en los medios la violencia.

El abogado Federico Martínez Forlón del Registro de Casos de Violencia Estatal que coordina el CEPOC, advirtió sobre la existencia de un «plan sistemático» represivo con la constitución de una «paralegalidad» aplicada por sobre los códigos de procedimiento y la Constitución. Dos ejemplos claros son los policías de civil en la represión de la 9 de Julio o los vehículos sin patente ni identificación que fueron advertidos incluso por los especialistas de la ONU en su visita a Jujuy. «El principal problema –explicó–, es que es impulsado desde el Ministerio de Seguridad.»

El abogado también advirtió sobre la duplicidad de mandos operativos de la Policía y las órdenes contradictorias. Luego de la fusión de la Metropolitana y la Federal se produjo una sumatoria de jefes. La represión al Frente por la Dignidad Milagro Sala fue luego de que Alejandro «Coco» Garfagnini negociara con el comisario Juan Carlos Carna el despeje pacífico de la calle: desde otro lugar llegó la orden y la avanzada policial pasó por encima al jefe.

La escalada represiva

El 10 de enero pasado la Policía de la Ciudad reprimió a manteros durante un corte de calle en la Avenida Rivadavia. Al día siguiente, en Chubut, se produjo la brutal represión a la comunidad mapuche Lof Cushamen, con detenciones y heridos de bala. El 17 de enero los palos policiales cayeron sobre los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses. El 8 de marzo la Policía Federal y de la Ciudad reprimió en el Paro Internacional de Mujeres. El resultado: 15 mujeres presas, otras tantas y cinco varones procesados. Un mes después, el 9 de abril, las Policías de Larreta y Bullrich reprimieron a los docentes que intentaban instalar la escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos, detuvieron a dos maestros y otros dos fueron hospitalizados. El 13 de abril una comitiva de la Policía jujeña ingresó a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Jujuy y detuvo al presidente del centro de estudiantes, Joaquín Quispe.

Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, explicó que el primer trimestre de 2016 fue de una represión muy intensa que luego se estabilizó. «Podría asociarlo a una decisión oficial de marcar la cancha, como que dijeron ‘somos el nuevo gobierno, estas son las nuevas reglas'», explicó. «Pero luego del amesetamiento que siguió en este segundo trimestre del año, se incrementó», completó.

El relevamiento que el ODS realiza desde 2005 registró para el período enero de 2016 a marzo 2017 un mínimo de 186 hechos de represión y criminalización de la protesta. En el 51% de los casos fue represión de fuerzas de seguridad; el 26% apertura de causas judiciales y el 23% detención de activistas o manifestantes.
«Hay 4 o 5 casos de represión por semana», sumó la titular de la Coordinadora contra la represión institucional (Correpi), María del Carmen Verdú. «Hay una decisión del gobierno de policializar todas las protestas. El día que detuvieron a los que reclamaban por Facundo Jones Huala, hubo otras dos protestas con fuerte presencia policial», recordó. Y aseguró que este año y medio de Macri «es el peor momento de los 30 años de democracia».

La escalada penal

Las 14 personas detenidas en CABA en las últimas semanas fueron acusadas por el delito de «intimidación pública». El CELS lo denunció como un incremento de la criminalización de la protesta. Pese a que el kirchnerismo priorizó la respuesta política al conflicto social, los procesamientos a manifestantes fueron por las figuras de resistencia a la autoridad o corte de calle, que revisten penas leves (uno a tres años) y que tramitan en la Justicia ordinaria. Pero en la persecución también llegó el cambio.

Para el delito de intimidación pública el mínimo de pena son tres años de cárcel y el máximo son seis. Efrón explicó que el peso que le queda al manifestante después del la protesta es mucho mayor y que, además, es un delito de jurisdicción federal. El desfile de militantes será ahora en Comodoro Py. «Claramente tiene que ver con mandar un mensaje contra la protesta. La idea es que el manifestante antes de salir a la calle, lo piense», resumió Efrón.

–Porque puede quedar preso…

–Y si no queda preso tiene tres años de proceso penal. Es una carga muy pesada. Esto se está intensificando y estamos empezando a percibir que la gente se lo pregunta. Hay un sector de la ciudadanía que se está empezando a asustar. Protestar es el legítimo ejercicio de un derecho. Y hoy el gobierno nacional, provincial y el de la Ciudad plantean que protestar es un delito frente al que corresponde que actúe la Policía y la Justicia. «