Se llamará SAPEM S.A. Lo votó el Concejo Deliberante, con rechazo de la oposición, que acusa irregularidades y la “entrega discrecional del patrimonio”.
El texto de la ordenanza justifica la creación de SAPEM VICENTE LÓPEZ por el objetivo de “permitir la reducción del déficit habitacional que posee el partido”. Para cumplirlo, se aduce que “existen diversas formas jurídicas mediante las cuales el Estado puede accionar en el campo de la economía desarrollando actividades de índole empresaria, siendo la Sociedad Anónima el modelo mayormente utilizado”. Mencionan la “agilidad y eficiencia” que permitiría esta empresa, en la que el Municipio tendrá el 51%, y que contará además con un Banco de Inmuebles que puedan ser afectados al programa de Promoción Municipal de la Vivienda en la que se enmarca la constitución de SAPEM S.A.
El Ejecutivo afirma que ella será “un eficaz instrumento de gestión y planificación urbanística y económica, posibilitando la realización de actividades directamente ligadas con el estímulo económico o urbanístico para el sector privado”, y que “no perseguirá con su actividad la obtención de beneficios de naturaleza económica, sino que sus actividades estarán dirigidas a cumplir con fines de naturaleza pública que persigan la satisfacción de necesidades colectivas”.
SAPEM S.A. comenzará con un capital social de 5 millones de pesos, a través de 4950 acciones ordinarias nominativas de mil pesos Clase A; y otras 50 acciones de mil pesos de Clase B, que podrán ser transferidas. La sociedad, además, intervendrá en proyectos constructivos o habitacionales que Nación y Provincia hagan en Vicente López, y en “el desarrollo y ejecución de proyectos habitacionales o constructivos, urbanización de tierras, financiamiento de oferta y demanda de la vivienda, refuncionalización y/o puesta en valor de edificios y sectores urbanos”, que el Ejecutivo considere apropiados. También se encargará de la “construcción y venta de edificios por régimen de propiedad horizontal, así como su financiamiento al tercero adquiriente y en general, la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles”.
Una alarma que surgió entre organizaciones, vecinos y bloques opositores fue a partir de estos puntos, teniendo en cuenta la connivencia explícita que existe entre la gestión de Jorge Macri y el sector inmobiliario, similar al de CABA, traducido en la proliferación de torres en todo el distrito, en detrimento de la vivienda social, que hoy es inexistente.
Irregular
Con la firma de las y los concejales Marcela Cortiellas Córdoba, Joaquín Noya, Sofía Vanelli, Julio Ceresa, Malena Cholakian y Laura Braiza, la denuncia contra el intendente frente al Tribunal de Cuentas bonaerense sostiene habla de “una votación irregular en el Concejo Deliberante y la creación de una sociedad anónima para la transferencia de la totalidad de los bienes municipales”.
SAPEM S.A. es el nombre de la empresa que el intendente Macri creó “para la entrega discrecional del patrimonio del Estado Municipal, conseguido por medio de una irregular votación en el Concejo Deliberante”, según sostienen las y los ediles. “Sin los votos necesarios, los/las Concejales/as de Juntos la aprobaron no respetando los dos tercios que estipula el Art. 56 de la Ley Orgánica de la Municipalidades”.
El mencionado artículo 56 establece que para las transferencias a título gratuito, o permutas de bienes de la Municipalidad, se necesitará el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo.
La denuncia especifica que el proyecto de ordenanza “aprobado irregularmente prevé la transferencia sin contraprestación alguna de importantes recursos públicos propiedad de la Municipalidad a favor de otra persona jurídica. Incluso este movimiento de bienes puede permitir su privatización, la venta fuera de control, no contempla la creación de viviendas únicas y es un ejemplo más de los manejos discrecionales”.
“Entró a los apurones”, comenta a Tiempo Sofía Vanelli. “Pero de repente se suspendió la sesión que le daba tratamiento y pudimos verlo mejor”. Desde el bloque del FdT aseguran que “es una práctica habitual de Juntos de utilizar a los Estados como fuentes de negocios inmobiliarios, así como lo hace Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, lo hace Jorge Macri en Vicente López”.
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