Juan Manuel Pettigiani fue recusado en causas por delitos de lesa humanidad y cuestionado por su accionar en un juicio a grupos fascistas y en casos de trata de personas.
“Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”, dijo Carlotto sobre el presidente Javier Milei. Fue en el marco de la multitudinaria marcha del 24 de marzo, que convocó a cientos de miles de personas en todo el país para exigir Memoria, Verdad y Justicia, ante la oleada de expresiones negacionistas que lanzan desde el Gobierno y alrededores. “Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”, dijo la titular de Abuelas. No tardaron en llegar los repudios desde la primera línea del Ejecutivo para abajo. Y se sumó Pettigiani con su denuncia.
“El artículo 226 bis penaliza la amenaza de rebelión, esto es, a quien amenazare pública e idóneamente con la comisión de algunas de las conductas previstas en el artículo 226, en el caso, deponer al Poder Ejecutivo Nacional”, plasmó en los fundamentos. “Estas declaraciones se vieron precedidas por la quema, en la Ciudad de La Plata, de un muñeco que representaba al Presidente Milei lo que marcaba el contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos”, añadió en una contextualización un tanto forzada.
En 2008 Pettigiani dictaminó que los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) no constituían delitos de lesa humanidad. El fiscal consideró que esos asesinatos cometidos junto a la Triple A en la previa de marzo de 1976 eran delitos comunes, y por lo tanto estaban prescritos. Fue recusado y siete de los nueve miembros de la CNU acusados fueron condenados.
Los organismos de Derechos Humanos que pedían su recusación advertían que “el discurso plasmado en el dictamen encierra el concepto de lo sucedido en dictadura y años previos de quienes sostienen la denominada «teoría de los dos demonios» enarbolada públicamente en los últimos tiempos, entre otros, por personajes que componen Memoria Completa”. La mención hacía referencia a organizaciones que nucleaban a defensores y familiares de represores y equiparaban a los crímenes de las organizaciones armadas con los del Estado. Idea que siempre pregonó la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, y que el gobierno de Javier Milei plasmó en un provocador video este 24 de marzo. Tras ser recusado en la causa CNU, Pettigiani se excusó en todas las causas de lesa humanidad que le tocaron en suerte.
Diez años después de aquella recusación, en 2018, se pidió su destitución por su accionar en el juicio por los ataques neonazis ocurridos en Mar del Plata entre 2014 y 2016. El caso llegó a debate oral luego del rechazo del tribunal a un acuerdo de juicio abreviado propuesto por Pettigiani, quien consideraba que durante la instrucción no había quedado acreditado que los jóvenes hubieran integrado una organización de ideología neonazi. Los hechos bajo análisis incluían agresiones con saña a gays, trans, inmigrantes, anarquistas, militantes de los Derechos Humanos, punks y judíos.
La Federación Argentina LGTB acompañó el pedido de destitución: “Porque consideramos que no cumple con sus funciones correspondientes (…) Es un funcionario que defiende a represores, a esclavistas sexuales y a neonazis, cuyo accionar atenta sistemáticamente contra los Derechos Humanos. Creemos que debe ser sumariado y definitivamente apartado de la causa”.
En aquel comunicado, la Federación recordaba los polémicos antecedentes del fiscal. Como haber intentado bajar los años de condena a un acusado del delito de redes de trata con fines de explotación sexual a nivel internacional. “La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Ministerio Público, consideró la del Fiscal ‘una incongruencia de actuación que avergüenza’.”
A fines de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Pettigiani pidió el sobreseimiento de su colega porteño Carlos Stornelli, procesado por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia en la causa que tiene a Marcelo D’Alessio entre sus acusados. Por esos días, según consignó El Cohete a la Luna –en una nota titulada Herr Petti– era denunciado por acoso y maltrato laboral por tres empleados de su fiscalía, algo que está siendo investigado en una auditoría interna.
Un abogado marplatense que prefirió mantener su identidad en reserva (“porque es un tipo particularmente rencoroso”) definió a Pettigiani como portador de “una línea política muy marcada anti K, ultra facho, amigo de lo peor de Comodoro Py y muy corrupto”. De hecho, sus antecedentes incluyen haber presentado un dictamen en la Cámara Federal de Mar del Plata para que la causa sobre la red de espionaje ilegal fuera retirada del juzgado federal de Dolores y llevada a Comodoro Py, donde tendría un trato más ‘amigable’.
Hijo de Eduardo Pettigiani, quien fuera militante de la organización ultraderechista Tacuara y designado juez federal de Mar del Plata por el dictador Rafael Videla en 1976, el fiscal Pettigiani estaba entre los funcionarios judiciales que marchaban tras la muerte de Alberto Nisman. Bajo la lluvia, en febrero de 2015, las fotos lo mostraban en la primera fila, junto a nombres como José María Campagnoli, Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Germán Moldes. “Resulta doloroso y preocupante que haya fiscales que se hayan negado a participar de la movilización –declaró por entonces al portal 0223- Los fiscales debemos ser independientes del poder de turno”. Salvo que el poder de turno comparta sus convicciones.
Semanas atrás, fue Pettigiani quien pidió que se investigue al dirigente Juan Grabois por su vínculo con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), blanco de ataque del Gobierno Nacional, en relación a un plan de viviendas sin terminar en Mar del Plata. Al hablar sobre Grabois, el fiscal aludió al narco colombiano Pablo Escobar.
La comparación se tradujo en una nueva denuncia en su contra: “He recibido muchas calumnias de mis adversarios y enemigos pero la comparación con Pablo Escobar por parte de un fiscal federal se lleva todos los premios”, dijo Grabois a través de la red social X. Y anticipó que impulsaría un pedido de juicio político contra Pettigiani.
Tras la denuncia contra Carlotto, Grabois volvió a referirse al fiscal: “Las denuncias en extraña jurisdicción de este fiscal Pettigiani -famoso por sus vínculos con pandilla paramilitar neonazi- no difieren en absoluto de las que realizan los denunciadores seriales descriptos en el chat de Lago Escondido. Legalmente, vale igual que si vos o yo denunciáramos a Milei por traición a la Patria o a Villarruel por apología del terrorismo de Estado. Usa su chapa para darle pátina de ‘seriedad’ jurídica a los cachivaches que hacen. Hace unos días pedimos el jury para el prevaricador marplatense”.
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