«De acá al Mundial tenemos garantizada la producción, después ya no sabemos»

Por: Pablo Taranto

La venta de televisores en la previa de Rusia 2018 no alcanza a ocultar la crisis de la industria electrónica fueguina, asediada por la apertura a la importación impulsada por el gobierno. Con los salarios congelados y empresarios a los que les da lo mismo producir que importar, Cambiemos ya anunció que en 2023 se acaba el régimen de promoción industrial en la isla.

«Hito histórico», celebró esta semana la gobernadora fueguina Rosana Bertone, de visita en la planta de Newsan donde se fabrican por primera vez televisores de 75 pulgadas. Los empresarios de la industria electrónica en la isla hablan por estos días de mejoras en la productividad, de baja de precios. En el horizonte inmediato está el Mundial de Fútbol, una oportunidad que, en rigor, sólo se da cada cuatro años. ¿Y después de julio? Esa incógnita es el desvelo de los trabajadores de Tierra del Fuego, en una actividad asediada por una desprotección impositiva creciente y por la vía libre a la importación de electrónicos impulsada por el gobierno nacional, y cuyo veranito premundialista se debe casi exclusivamente al congelamiento de los salarios. En dos años, el sector perdió en la provincia al menos 5700 puestos de trabajo.

«De acá a julio tenemos garantía de producción por el Mundial. A partir de ahí, sinceramente no sabemos –dice Pablo Ibáñez, secretario de Prensa de la Unión Obrera Metalúrgica en Río Grande–.Y esto ha sido una extorsión. Nos dijeron: ‘O se termina el subrégimen ahora o hay una luz de esperanza si todos ceden en algo’. Pero los más perjudicados fuimos nosotros. Si uno analiza la estructura de costos de un producto, los televisores, por ejemplo, nuestra mano de obra no representa más del 15%; con una inflación del 20%, podés bajar como mucho dos puntos del precio, pero eso a nosotros nos significa resignar un 20% nuestra calidad de vida».

Fue «como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el dunga dunga», se sinceró el 13 de noviembre pasado el secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez. En efecto, las paritarias fueron suspendidas hasta 2020, y los salarios del sector, congelados. Las bases de los metalúrgicos votaron; pesó más el miedo a perder los puestos de trabajo –ya tenían a esa altura 2000 compañeros cesanteados– que la discusión salarial. Como contraparte, la Nación, se comprometió a mejorar el estado de las rutas y los costos portuarios y aduaneros. Y los empresarios, su productividad, sin ejecutar nuevos despidos. «Si uno quiere seguir fabricando en la Argentina tiene que estar a la altura de ese desafío. Debemos ser más competitivos y más eficientes», dice Federico Hellemeyer, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). La piedra angular de esa competitividad  no es otra que la pérdida del poder adquisitivo del salario.

«Ahora bien, con la baja progresiva de los impuestos internos que plantea el gobierno, en 2023 se muere el subrégimen especial. Hoy ya hay productos seriamente afectados por la importación. Los celulares, claramente. Aires acondicionados, ya ingresaron 200 mil equipos importados de China con un precio contra el que no se puede competir. La eliminación de las licencias no automáticas terminó de desproteger el producto nacional. Antes, según declaró un ministro fueguino, acá sonaba el teléfono cada vez que querían ingresar algo importado, y entonces ahí el Estado controlaba, había trabas burocráticas, psicológicas. Ya no», explica Ibáñez.

«Hasta junio tenemos ubicados 50 mil televisores. Ni un cliente renovó para después», advierte Mónica Acosta, presidenta de la cooperativa Renacer, la fábrica que sobrevivió a dos procesos de vaciamiento de la ex Aurora Grundig y cuyos trabajadores vuelven a ver nubes en el cielo laboral de Ushuaia. «Te dicen que el régimen de promoción industrial se termina en el 2023, pero igual, ya volteando las licencias no automáticas, no hay carga arancelaria ni cupos que frenen eso. Si esto sigue así, esta industria va hacia un proceso de descomposición mucho más rápido».

Reconvertirse, diversificar el negocio, incursionar en otros productos, dicen los empresarios. En realidad, señala Ibáñez, «los que fabrican en Tierra del Fuego, también importan. Y en estos dos años fueron acelerando esa transición, de venderles a las cadenas de retail a tener bocas de comercialización propia. ¿Qué va a pasar? Si les rompen mucho las bolas, van a importar directamente. Ellos nunca van a dejar de ganar».

Ya no se fabrican en Tierra del Fuego notebooks y netbooks –que alimentaban el programa Conectar Igualdad–: con la quita del 35% de arancel a la importación, pasaron de 376 mil unidades en 2015 a sólo 16 el año pasado. Informática Fueguina SA, que producía exclusivamente computadoras, cerró y dejó 165 trabajadores en la calle. La producción de celulares, que en 2012 había llegado a 13,9 millones de unidades, se redujo en 2017 a 10,6 millones, al tiempo que se importaban –en forma legal– unos 367 mil teléfonos. Por ahora, la excepción en el rubro parece ser Mirgor, la empresa que fundaron Nicolás Caputo y su amigo Mauricio Macri, que comenzó a producir la nueva línea S9 y S9 Plus de Samsung.

Respecto de los acondicionadores de aire, en dos años la producción se desplomó un 41 por ciento. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, la importación de este producto pasó entre 2015 y 2017 de 71 mil unidades a 216 mil; la de lavarropas y secarropas, de 24 mil a 123 mil; la de heladeras, de 122 mil a 312 mil. En conjunto, las plantas de la provincia facturaron 3214 millones de dólares en 2017, muy por debajo de los 4855 millones de 2015. Y el empleo total del sector pasó de 19.845 a 14.259 trabajadores.

Lo que sí creció, con Rusia 2018 a la vista, fue la producción de televisores: de 2,9 millones a 3,2 millones de unidades entre 2015 y 2017. Pero es pan para hoy: a Qatar 2022, las tevés fueguinas llegarían en vísperas de que expire el régimen de promoción industrial.

Inviabilidad, una palabra que los funcionarios del gobierno nacional suelen repetir cuando se trata de industrias. «Están planificando –advierte Acosta– una Tierra del Fuego con pocos habitantes y una Ushuaia meramente turística, y el resto, que se vuelva a su provincia». «

La cooperativa que renació dos veces, también en alerta

Mónica Acosta (foto) llegó a Ushuaia desde Córdoba, a los 19 años, y ya cumplió más de dos décadas de lucha por mantener la fuente laboral de decenas de compañeros en un proyecto autogestivo que es ejemplo en el país. La historia de Renacer comenzó tortuosamente en 1996 con la quiebra fraudulenta de Aurora Grundig –cuyos planes «ahorra grande» llegaron a liderar la venta de electrodomésticos en el país–, que dejó 1500 trabajadores sin sustento. Siguió otro polémico proceso de salvataje y vaciamiento hasta que, sorteando 1000 presiones, pudieron constituirse en cooperativa. En 2003 salió la ley de expropiación y Néstor Kirchner firmó el decreto que extendió 20 años más la promoción industrial. Cuatro años después, Renacer pudo empezar a incorporar a los hijos de los asociados, sumando a su producción microondas, aspiradoras y también televisores. Esos años de expansión terminaron.

«Con el actual gobierno todo ha sido retracción. Fuimos los primeros en presentar un recurso de amparo por el gas: en 2016 recibimos una factura con 1400% de aumento. Ya la primera apertura de importación nos hizo caer el producto aspiradora, que representaba el 40% de nuestros ingresos», describe Mónica. Hoy Renacer tiene 162 asociados. Setenta y cuatro son mujeres.

La promoción industrialy la cuestión de la soberanía

«A contramano de cualquier política de desarrollo, el gobierno les permite a los empresarios fueguinos, radicados la mayoría en Buenos Aires, buscar mayor competitividad a costa de congelar salarios –sostiene el diputado nacional Martín Pérez (FpV)–. Las perspectivas para nuestra provincia son muy complejas, sobre todo porque el gobierno plantea la necesidad de reconvertir la matriz productiva pero hasta no ha sabido explicar qué significa eso. La actividad maderera o la pesquera no pueden suplir la mano de obra intensiva del sector industrial. Tienen que entender que la Ley de Promoción Industrial tiene que ver con una cuestión de soberanía, porque impulsó la radicación de familias y de una actividad económica que nos permitió desarrollarnos y tener presencia en una zona tan importante en términos de geopolítica, frente a nuestras islas Malvinas, ocupadas por una potencia colonial invasora, y a sólo 1000 kilómetros de la Antártida.»

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