El diputado oficialista apoya el aborto legal, seguro y gratuito, pero presentó un proyecto alternativo al de la Campaña Nacional. Explica el rol del Estado y de la Iglesia en un tema que afecta mayoritariamente a las mujeres con vulnerabilidad social.
-Teniendo en cuenta que el proyecto de ley para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito se presentó siete veces, ¿qué cambió en el escenario político para que por primera vez llegue a discutirse en comisiones?
-Lo que cambió en primer lugar es el avance de la sociedad. Las mujeres de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito te lo cuentan. Al comienzo el proyecto tenía tres o cuatro firmas y hoy tiene 72. Este tema ha ido avanzando gracias a la lucha de esas mujeres y a la mayor toma de conciencia de muchos argentinos. No se le puede dar la espalda a los miles de abortos clandestinos que se practican por año en Argentina y a que seamos el país que tiene el mayor índice de muertes maternas en la región. Los cambios hacia el interior del Congreso tienen que ver con esta lucha, pero también con una decisión política que tomó el presidente cuando decidió apoyar el debate parlamentario. En la vorágine que tiene este país para un montón de temas, no se valora que el presidente en la apertura de las sesiones del Congreso haya planteado el debate parlamentario. Eso le dio un espaldarazo político y ayudó a que hoy estemos en el inicio del debate parlamentario.
-Usted presentó otro proyecto alternativo, ¿qué elementos aporta?
-Una de las cosas que incorporo es una mejor regulación de la objeción de conciencia. Hay que ser muy claro en esto para evitar que no impida la práctica. Tiene que estar prevista con un registro y obligar al establecimiento asistencial a brindar la práctica. Además, hay que ser más regulatorios con el acompañamiento del Estado en la parte previa y posterior a la interrupción voluntaria.
-Afirmó en otras entrevistas que este tema es «una deuda de la democracia», ¿por qué?
-Porque mueren miles de mujeres por realizarse prácticas inseguras. Sobre todo mujeres con vulnerabilidad social, que son las que tienen menos recursos para poder acceder a prácticas seguras. Además hay un tema de derecho de la mujer a decidir y este es un hecho muy importante. Tiene que ver también con el fracaso de la punibilidad.
-Los sectores en contra del aborto proponen un debate en términos de pro-vida y anti-vida. ¿Hay que seguir dándole espacio a esa discusión?
-Hay muchos países que han despenalizado el aborto y no podemos decir que están a favor de la muerte. Todos los países de Europa lo han hecho y son nuestra fuente jurídica. Incluso países muy vinculados a la Iglesia Católica.
-¿Y en nuestro país qué magnitud tendrá la Iglesia Católica como actor dentro del debate?
-Es un actor importante. Somos un país que tiene una gran cantidad de fieles católicos y de otras religiones que también están en contra. La posición de cada una de las organizaciones tendrá peso en la votación. A través de varios diputados van a venir representantes de diferentes cultos a exponer. La ley saldrá o no de acuerdo a los votos que tenga.
-En 2012 la Corte Suprema habilitó el aborto no punible en determinados casos. Sin embargo en muchas provincias nunca se aplicó el protocolo. ¿Cómo ves la aplicación de esta ley si llegara a aprobarse?
-Primero hay que lograr la ley. Lo que pasa con el caso FAL es que todavía sigue siendo una práctica punible salvo los casos del artículo 86. Si dejara de estar penalizada la práctica creo que no sería tan restrictiva. Cuando no sea más punible, esas situaciones van a ir desapareciendo gradualmente. En Italia costó mucho conseguir médicos que quisieran hacer abortos en los primeros tiempos porque había mucha presión, pero hoy el camino está mucho más liberado.
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