Damián Loreti: «Es un problema que los espacios de discusión estén en manos privadas»

Abogado y doctor en comunicación, Damián Loreti es también un especialista en libertad de expresión. Ese es el asunto central de «Escúchame si puedes: el estrecho margen para las voces disidentes», ensayo publicado junto a Luis Lozano –docente e investigador de la UBA– en Avatares de la comunicación y la cultura, revista científica semestral de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Es una excusa para actualizar los desafíos y las problemáticas vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión.

–¿Cuáles son las nuevas amenazas en el ejercicio de la libertad de expresión?

–Lo que planteamos es que en otros lugares, acá no tanto, el uso del juicio como herramienta estratégica para el acallamiento de sectores populares, periodistas, defensores de Derechos Humanos o movimientos sociales forma parte de algo que se llama Slapp, en su sigla en inglés. Es el litigio estratégico en contra del activismo y la participación política. En algunos lugares ya hay debate sobre de qué modo generar algún tipo de contrapeso o barrera para que sentarse a litigar en contra de quien hace ejercicio de la libertad de expresión no sea fácil. Argentina tiene una jurisprudencia interesante en contra del uso abusivo del juicio a quien toma la palabra en temas de interés público.

–También repasan lo que sucede en las plataformas digitales.

–Es el otro gran desafío: cambió el espacio público en el cual estábamos acostumbrados a debatir. Antes eran los medios, la plaza, el lugar de protesta, etcétera. Las viejas plazas del siglo XVII o XVIII o las páginas de los diarios en el siglo XIX, hoy son las plataformas. Y ellas se basan en contratos que firman hipotéticamente sus usuarios. Si no hacen clic, no entran a la plaza donde ocurren los debates. El efecto de estar fuera para quienes tienen participación pública es altísimo. Si querés entrar, pactás las condiciones en las cuales un bot, un algoritmo o un señor van a decir que ciertas cosas son inconvenientes. Y si no te gusta, vas a tener que llenar un casillero con no más de 1000 caracteres, probablemente en inglés, y aceptar discutir a 10 mil kilómetros de tu casa. Lo que se genera es una barrera de costos para debatir que es inabordable para el 95% de las personas que tienen un problema. Además, te quedás afuera de la plataforma. O te apostrofan, como pasó con algunos periodistas que trabajan para Sputnik, a quienes le pusieron un cartel diciendo que eran representantes de un medio oficial ruso en el marco de la disputa con Ucrania.

–¿Quién debería ser el árbitro en esta nueva plaza que describís?

–El relator de libertad de expresión de la ONU, David Kaye, en 2018 dijo que las plataformas deben garantizar transparencia y debido proceso. Entonces, si ponen algún tipo de interferencia en el ejercicio de libertad de expresión, informen al usuario qué pasó, den derecho de descargo, dejen apelar y también hacerlo en el país de residencia. El principal debate de regulación es sobre procesos, no sobre inventar modelos nuevos de responsabilidad por el ejercicio de la libertad de expresión. Para que se entienda más fácil, es debatir la condición de las plataformas de administrar un nuevo espacio público siendo ellos quienes fijan las reglas. Por la propia situación monopólica que tienen las redes o plataformas, no hay que hacer un estado paralelo. La gran insistencia es sobre transparencia. ¿Dónde se litiga lo que pasa en las redes? ¿Quién es el árbitro cuando te editan, cancelan, te sacan la cuenta, suspenden o censuran? La propia plataforma debería habilitar que estés facultado a ir a los tribunales de tu país para poder litigar contra ellos. Sino vas a terminar tildando que aceptás la jurisdicción de alguna parte donde tengas que pagar una fortuna para acceder.

–El año pasado diferentes gremios y federaciones de prensa denunciaron censura en cuentas de Twitter de medios o periodistas.

–Hubo un caso de una crítica al acuerdo con el Fondo Monetario que lo marcaron como desinformación. Y era una crítica al acuerdo que se estaba firmando con la Argentina, es decir un tema de interés público.

–¿Puede ser la propia empresa la que lo señale?

–Como cancelarlo es muy agresivo, aparecieron cosas más blandas: una banderita o un etiquetado que dice que pertenece a un medio público, como si el hecho de ser un medio público significara de por sí que está sospechado de falta de objetividad más que un medio privado.

–La gran duda es quién controla el debate.

-Claro, con posiciones de las empresas que han ido desde «solo damos conectividad» a «hacemos ejercicio del derecho a la libertad de expresión». ¿Quién decide? Si lográs que alguien te conteste, sea la propia empresa o un grupo de personas que están contratadas para eso. Y si no decide Elon Musk o las encuestas que él mismo hace. No lo somete a otra cosa que la voluntad del conjunto de los usuarios cuando pregunta si repone tales cuentas o no.

–¿Es peligrosa esa autorregulación?

–La ilusión de que los espacios de debates pueden estar sujetos a manos privadas basadas en reglas económicas y modelos de negocios para mí es un problema de por sí. Porque además no hay ninguna instancia de pluralismo razonada ni alentada. Si mirás la situación de mercado de las plataformas, cada cual opera más allá del 90 y pico por ciento de los mercados. No es una plaza en la que cada cual llega y dice lo que le parece porque la condición de acceso ya tiene requisitos. Pero además opera en que las preferencias de ciertas cosas se basan en reglas de negocio, algoritmos y modelos de acumulación publicitaria. Por ejemplo, muchas veces se ha planteado la necesidad de la transparencia en la publicidad dentro de las plataformas o de los perfilamientos electorales para quienes ponen plata en términos de campaña.

–¿Qué desafíos hay en Argentina?

–Hay mucha publicidad oficial en circulación en las redes. Se pone publicidad en agregadores de contenido que no producen nada y que a veces ni siquiera tributan en Argentina. Es un tema también a resolver en términos de redistribución del uso del dinero publicitario y el fomento al pluralismo. Hay que dirimir si el Estado debe poner dinero en agregadores de contenido que no producen. Y si lo hace, cuál es el límite porcentual para hacerlo. Sobre todo en función de que no existe un régimen más global de fomento al pluralismo y la diversidad con fondos públicos. Hay cosas pero muy puntuales, como por ejemplo los fondos de Enacom con Fomeca.

–¿Y qué genera esa decisión?

–Es que justamente replica la asimetría: ponés más plata en los más grandes. «