D’Alessio tuvo contactos con militares que Carrió impuso en la Aduana

Comodoro Py entró en ebullición. Los movimientos de las últimas horas indican que Carlos Stornelli dejará de ser fiscal del Gloriagate. La versión se instaló con fuerza en la sede de la Justicia federal porteña luego de la contundente exposición del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso. Sólo restaría definir cuándo y cómo se relevará al fiscal. No son detalles menores: la denominada «causa de los cuadernos» es la operación judicial más importante de la historia. Y Stornelli fue su principal gestor.

¿Cómo se quita una baraja de apoyo sin que se derrumbe el castillo de naipes?

El interrogante lleva días girando por Comodoro Py. En especial por el segundo piso del edificio, donde habitan los capos políticos del fuero. Las opiniones del fiscal de Cámara Germán Moldes, del fiscal de Casación Raúl Plée y del camarista Martín Irurzún, entre otros, fueron determinantes para decidir el relevo de Stornelli. La acción cuenta con el visto bueno del juez Claudio Bonadio, deseoso de sacar la causa cuanto antes del pantano en el que chapotea desde que se conocieron las posibles trapisondas del fiscal con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El juez que más odia a Cristina Fernández se propuso elevar un tramo del expediente a juicio oral antes de las elecciones. No por afán de acelerar el proceso de justicia (nadie se preocupa por eso en Py) sino para sembrar otro hecho de impacto judicial-mediático en la carrera electoral.

El tramo que se propone elevar Bonadio involucra, precisamente, a exfuncionarios del gobierno de CFK. La situación de los empresarios que «confesaron» supuestos pagos ilegales se resolverá más adelante. O quizá nunca: todo indica que el voluminoso pero frágil expediente elaborado a partir de supuestos cuadernos quemados se desmontará luego de las presidenciales de octubre. Es lo que suele ocurrir con los circos después del show.

Pero es plena temporada, de modo que el show debe continuar. Pase lo que pase. De allí proviene la necesidad de relevar a Stornelli, pretendido paladín de la justicia devenido en símbolo de bochorno judicial. Los capos de Py entienden –con razón– que su sola presencia es una invitación a cuestionar cada medida que se toma en el Gloriagate. Un ejemplo: Stornelli se amparó en sus fueros para ausentarse al primer llamado de indagatoria emitido por Ramos Padilla. No alegó enfermedad ni compromisos impostergables. Simplemente faltó a la cita protegido por los beneficios de su cargo, que le impiden a Ramos Padilla ordenar su detención y traslado policial. ¿Cómo hará ahora el fiscal para justificar que somete a otros a rigores judiciales que él mismo eludió?

Las aprensiones y prisiones abusivas son, precisamente, el combustible que Stornelli y Bonadio utilizan para mantener en marcha el Gloriagate. Sin los supuestos cuadremos, la causa se sostiene en la delación premiada de empresarios y exfuncionarios que «confesaron» haber hecho lo que le adjudican los presuntos escritos. Las «confesiones» se enmarcan en la flamante «ley del arrepentido», que contiene requisitos precautorios que Stornelli –responsable de obtener las «confesiones»– no cumplió. Uno de ellos: filmar las sesiones donde los imputados «confiesan» para asentar que las delaciones no se tomaron bajo coacción.

Stornelli alega que esas filmaciones no son necesarias, ya que las actas donde constan las «confesiones» cuentan con la firma de los abogados defensores. «No existe ese imaginario de que un fiscal o un juez se aprovechó de un indefenso para sacarle una confesión. Se trató de negociaciones pactadas con los prestigiosos abogados y que, generalmente, obedecen a los pedidos de sus clientes», resumió en La Nación Diego Cabot, copartícipe originario de la Operación Cuadernos.

El cándido relato choca con la prueba pura y dura que se acumula en el expediente que tramita en Dolores. Allí constan chats donde Stornelli y D’Alessio parecen coordinar acciones de apriete contra abogados defensores del Gloriagate.

¿Y si acaso los «prestigiosos abogados» «pactaron» la «confesión» de sus defendidos bajo coacción, como surgiría de los casos de Juan Ubeira y Jorge Landaburu, dos de los seis hechos de supuesto espionaje ilegal que Ramos Padilla le imputa a Stornelli? ¿O si la liberación de los «arrepentidos» se aceitó con pagos millonarios disfrazados de honorarios, como sugiere el caso del exsecretario presidencial Pablo Barreiro y el estudio Archimbal?

En tribunales creen que el peso de esas sospechas traen peligro de derrumbe para el Gloriagate. «Tal vez hay que separarlo preventivamente a Stornelli de la causa de los cuadernos», opinó Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y antiguo aliado de Daniel Angelici, uno de los operadores judiciales de Mauricio Macri. Una parte del gobierno, es evidente, cree que la salida de Stornelli ayudará a mantener a flote el Gloriagate.

Pero no todos en Cambiemos están en la misma posición. La enemiga íntima de Angelici, Elisa Carrió, lanzó un salvataje que incluye el pedido de juicio político al juez Ramos Padilla. Se entiende su preocupación: las pruebas indican que la diputada y su equipo cuanto menos se abastecieron del sistema de espionaje ilegal pergeñado por D’Alessio y cía.

Según consta en el informe que Ramos Padilla requirió a la Comisión Provincial de la Memoria, los múltiples contactos entre el falso abogado y los «lilitos» incluyen comunicaciones y reuniones con el coronel retirado Jorge Eduardo Lenard Vives. Se trata de un especialista en inteligencia del Ejército que Carrió colocó al frente de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduana (DGA). En esa repartición, Vives reporta a otro exmilitar impuesto por Carrió: el coronel (R) Héctor René Squetino, asesor de la DGA y jefe de los «equipos técnicos de seguridad y defensa» de la Coalición Cívica.

Squetino y Vives desembarcaron en la DGA a principios de 2017. Según las comunicaciones extraídas de uno de los celulares de D’Alessio (el Iphone X), Vives habría convocado al falso abogado para que lo ayudara a montar un aparato de inteligencia paralelo en el puerto de Rosario. «El lunes jorge vives es designado como director de aduana del puerto de Rosario –explicó por chat el falso abogado a otro preso de la causa, el excomisario bonaerense y presunto espía Ricardo Bogoliuk–. Me citó por pedido de lilita para ver si le podemos armar un equipo de incorruptibles. No confía en el referente local de la AFI. Creo q me dijo q se llama Oscar» (sic).

La comunicación ocurrió el 2 de febrero de 2019. Pocos días antes, el falso abogado se había encontrado cara a cara con el militar. Así consta en un intercambio de mensajes que D’Alessio mantuvo con un número identificado como «Romina Aduana». El diálogo, transcripto en el informe, se inició el 24 de enero:

Romina: –Si podés la Semana q viene miércoles nos juntamos. Quiero presentarte al asesor en narcotráfico del director de la aduana… Es un hombre mayor q fue ex jefe de inteligencia de ejército es un amor… Dale vos sabes q la aduana quiere tener contacto con la dea y vos podés comentarle sobre tus trabajos nos re interesa! (sic)

D’Alessio: –oki después pasame la diré!! Es con Schettino y Vives?

Romina: –solo vives

D’Alessio: –Oki!!! Es de la línea de Carriol! Una amiga!! Va a ser un gudto (sic)

Romina: –Si son los que trabajan en linea directa con carrio

D’Alessio: –Yo hice cosas con ella y con Paulita Olívelo. A disposición!!

El intercambio continuó el 1 de febrero, con un mensaje de «Romina Aduana» emitido a las 22:49: «Gracias Marcelo por todo, por tu capacidad por haberte tomado este tiempo. Jorge se quedó muy contento». ¿De qué se habló en esa cumbre de espías? ¿Hay una banda de agentes irregulares operando en el puerto de Santa Fe? ¿Hubo operaciones conjuntas entre el grupo de D’Alessio y los militares expertos en inteligencia reclutados por Carrió?

Entre las dudas, ya asomó una primera certeza: a diferencia de lo que sostuvo ante sus comunicadores amigos, las pruebas muestran que Carrió y su entorno mantuvieron un trato fluido con D’Alessio. Así las cosas, la avanzada de la diputada y su gobierno contra el juez Ramos Padilla constituye un acto de defensa propia con aroma a confesión. «