«Cuando denuncié a mi abusador, Bergoglio se negó a recibirme»

Por: Pablo Taranto

Mientras el Vaticano discute qué hacer con las denuncias de abuso sexual, Sebastián Cuattromo sostiene que se trata de "un triunfo de las víctimas", pide "además de gestos, acciones concretas", y recuerda que el entonces arzobispo porteño subestimó la gravedad del delito.

A los 13 años, Sebastián Cuattromo fue víctima de abuso sexual en el Colegio Marianista del barrio de Caballito. Durante diez años no pudo siquiera ponerlo en palabras, pero al cabo se sobrepuso a ese duro silencio y denunció a su abusador, el hermano marianista y docente Fernando Picciochi, también agresor de otros niños de su misma edad. “Luego de 20 años de dolor y de lucha –cuenta–, en 2012 logré el juicio y la condena penal de quien fuera mi abusador, a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada y reiterada. Entonces hice pública mi historia, convencido de que no era una cuestión personal y privada, sino colectiva y de interés público, con la clara convicción de que mi testimonio podía contribuir a visibilizar esta enorme injusticia.”

Cuattromo observa a la distancia lo que sucede por estos días en el Vaticano, donde una cumbre de la jerarquía católica, liderada por el Papa Francisco, parece por primera vez tomar por las astas el ominoso toro del abuso sexual dentro de la Iglesia. Su lectura de lo que sucede en Roma es, a la vez, esperanzada y crítica. “Nosotros creemos que hay que leer situaciones como esta como un claro triunfo de las víctimas, una muestra más del avance colectivo de las luchas que llevamos adelante durante muchísimos años y, particularmente en el ámbito confesional católico, en una gran soledad y enfrentando enormes dificultades, cuando no una abierta hostilidad institucional. Que esto esté sucediendo ahora, en el contexto de una gestualidad pública que en los últimos años ha ido reconociendo esta injusticia y las siniestras políticas que sostuvo la Iglesia Católica, siendo cómplice de los agresores y desprotegiendo absolutamente a los niños y a las víctimas en general, es un mérito de nuestras luchas y del eco que hemos logrado generar en la sociedad. Es esa masa crítica la que obliga a las dirigencias, que hoy ven que no tienen margen para actuar de otra manera que no sea la de asumir cabalmente y de una buena vez la enorme gravedad de este delito. Es un avance esperanzador. Esperemos que, además de los gestos, impulsen acciones y políticas que transformen esta realidad”.

–¿Qué lectura hacés de esta suerte de cónclave impulsado por Francisco?

–Nuestra mirada no deja de ser crítica. En seis años de su papado, que se van a cumplir en marzo, podemos decir que aún no se han producido cambios profundos. Al leer esos 21 puntos expuestos esta semana a manera de guía, vemos que el eje no está puesto, como debería, en los niños y en la infancia.

–En efecto, sólo un punto habla de “protocolos para salvaguardar un ambiente protegido para los menores”.

–Vivimos en una sociedad patriarcal pero también adultocéntrica, de adultos que cierran filas y actúan corporativamente, y esto queda gravemente expuesto en problemáticas como la del abuso sexual, desprotegiendo a los niños, niñas y adolescentes víctimas. A nuestro juicio, estos 21 puntos están centrados en los adultos varones, obispos, sacerdotes, adultos muy preocupados por ellos mismos. Están muy lejos de dar cuenta del descomunal abuso de poder que significa el abuso sexual perpetrado por una persona adulta en contra de un niño. Y ponen en evidencia las flagrantes limitaciones que tiene la jerarquía católica por la cultura patriarcal y machista en la que está inmersa.

–Otro dato ausente es el respeto a los tiempos de las víctimas, que no siempre están preparadas para denunciar.

–En nuestro país, como respuesta a nuestra lucha, en 2015 el Congreso estableció que los plazos de prescripción legal para investigar y eventualmente sancionar a los culpables de este delito empiezan a correr cuando se realiza una denuncia. Eso lo hemos logrado aquí, dando cuenta de la extraordinaria complejidad y singularidad que tiene para un niño ser víctima de tamaño abuso de poder.

–¿Cómo evaluás la postura del Papa respecto de esta problemática?

–En estos seis años de su papado, la Conferencia Episcopal Argentina, una parte importante de cuyos miembros fueron designados por él, nunca salió públicamente a pedir perdón a la sociedad por los crímenes de abusos cometidos dentro de la Iglesia Católica en la Argentina, por las omisiones y las complicidades con los agresores y por la desprotección a las víctimas. Respecto de los gestos que Francisco viene realizando a nivel universal, nosotros no hemos visto ningún correlato en la Iglesia argentina. Hoy están hablando en el Vaticano de la necesidad de escuchar a las víctimas, de acercarse a su dolor, pero en todos estos años nadie de la Conferencia Episcopal, jamás, se comunicó conmigo, y mi historia ha tenido una fuerte visibilidad pública en los medios. Creo que vale en este caso la autorreferencia, de hecho en 2015 propuse un encuentro con Francisco que no prosperó, pero esto va más allá de lo personal. En el país del Papa, si realmente hubiera en la Iglesia una comprensión cabal de lo que significa semejante crimen contra la infancia y un compromiso real de revertir esta terrible situación hacia el futuro, los cambios ya tendríamos que haberlos visto aquí. Y sin embargo, sin ir más lejos, siguen resistiéndose a que en las escuelas confesionales se aplique plenamente la ley de Educación Sexual Integral.

–¿Ves una dualidad entre la actitud actual del Papa y la que tenía como arzobispo?

–Bueno, además de lograr en 2012 la condena de mi abusador, 12 años después de denunciarlo y luego de su extradición de Estados Unidos, adonde se había profugado, yo también pude lograr que el Colegio Marianista asumiera su responsabilidad civil. Pero al principio de todo ese proceso tuve que enfrentarme a un intento de silenciamiento por parte del colegio, que en ese momento, en 2002, denuncié ante la jerarquía católica de la Ciudad de Buenos Aires, que encabezaba el entonces cardenal Bergoglio. Yo concurrí a preguntar, como ciudadano, si el Arzobispado avalaba o desautorizaba el procedimiento del colegio y de la congregación pretender silenciar a víctimas de abuso sexual. Me recibió un secretario de Jorge Bergoglio, el padre Martín García Aguirre. Al cabo de unos días, me dijo que Bergoglio me pedía que tramitara el tema ante la vicaría zonal de Flores. Allí me recibió el entonces obispo Mario Poli, hoy arzobispo porteño, con quien me reuní en varias oportunidades, y finalmente recibí, de boca de Poli, la respuesta de que ellos avalaban la actitud del colegio, desde una postura que revelaba una profunda arrogancia, la de saberse en una situación de poder, y una profunda subestimación de la gravedad del delito, del sufrimiento de las víctimas y de su necesidad de obtener, más de diez años después, justicia y reparación. Es evidente que el contexto internacional en el que hoy Francisco debe desempeñarse como Papa es de un fortísimo cuestionamiento a la Iglesia respecto de su postura ante el abuso sexual en la opinión pública global. Pero la misma persona que hoy aparece produciendo gestos en un sentido, diecisiete años atrás se pronunciaba claramente en otro. «

ADULTOS POR LA INFANCIA

La lucha de Sebastián Cuattromo cristalizó hace siete años en la condena de su abusador y, paralelamente, en el nacimiento de la asociación civil Adultxs por los Derechos de la Infancia, un colectivo integrado por personas que fueron víctimas de abuso o que luchan por defender y acompañar a niños víctimas, y por familiares y amigos de esos «sobrevivientes», compartiendo sus testimonios, en primera persona, en los más diversos ámbitos. Cofundadora de la entidad es Silvia Piceda, también abusada durante su infancia y hoy compañera de vida de Cuattromo.

PADRE GRASSI

La Justicia ordenó esta semana que se tomen muestras biológicas al cura Julio César Grassi, condenado por abuso agravado y corrupción de menores y preso en el penal de Campana, para incluirlas en el Registro Nacional de Datos Genéticos para delitos contra la integridad sexual.

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