El gobierno se aferra al ancla cambiaria para llegar a octubre con la inflación en baja. El dólar barato afecta la acumulación de reservas y la competitividad de los sectores productivos. Para cerrar la cuadratura del círculo, Economía quitó retenciones al campo y, ahora, junto con la reforma laboral, busca revertir la suba de los salarios en dólares para compensar a la industria.
El gobierno había dado a conocer su intención de imponer un techo para las paritarias de alrededor del 1% mensual. El ministro de economía Luis Caputo adelantó en los primeros días de enero, antes de su reunión en Washington con los funcionarios del FMI, su intención de que «las mejoras salariales ronden el 1% y no se pasen de esa cifra a partir de marzo, en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes». La nueva aspiración del gobierno, anunciada esta semana, es que ese porcentaje «tienda al 0%».
Detrás de esa posición hay mucho más que un tire y afloje en el marco de la disputa por la distribución del ingreso. No se trata apenas del afán ajustador del gobierno contra los asalariados.
En realidad, se ha transformado en un asunto de primer orden para el diseño macroeconómico del oficialismo. Se trata de la variable que el gobierno necesita controlar para que el nuevo programa con el FMI que negocia por estas horas (ver página 5) no sólo conforme a los técnicos del organismo y los convenza de que será capaz de acumular reservas para que éstos accedan a reprogramar vencimientos y habilitar un nuevo desembolso, sino también para contener al menos parcialmente a todos los sectores del empresariado que buscan condicionar su programa económico.
Es que la viga maestra del gobierno, en su afán de llegar de la mejor manera a las elecciones de octubre, es la desaceleración de la inflación. Para eso ya tomaron la decisión de ratificar el ancla cambiaria agudizando la baja de la tasa de devaluación (crawling peg) hasta el 1% mensual. Un nuevo ajuste sobre los salarios o al menos impedir su recuperación en términos reales afectando la capacidad de consumo de gran parte de la población, es cierto, también aportaría un ancla adicional para la suba de precios.
Pero la voluntad del gobierno no se agota en limitar la tracción que la demanda ejerce sobre los precios. El atraso cambiario, contracara de su política antiinflacionaria, compromete la competitividad de la mayoría de los sectores de la producción y, a su turno, la capacidad de acumular reservas por la vía de la balanza de pagos.
Es por eso que, en el transcurso de la propia negociación con la misión del FMI que llegó a Buenos Aires, el gobierno anunció la reducción de las retenciones sobre las economías regionales y sobre los exportadores de soja, maíz y trigo.
En los hechos se trata de una devaluación encubierta dirigida a un sector puntual al que le garantizan un nuevo margen de rentabilidad capaz de compensar el efecto del tipo de cambio bajo. La medida, según la consultora especializada CEPEC, tendrá un costo fiscal de unos U$S 800 millones anuales e implica una mejora de U$S 28 por tonelada de soja y de U$S 9 para la tonelada de maíz. Para los productores de soja se trata de una mejora de U$S 100 por hectárea cultivada.
La decisión oficial busca inducir la liquidación de unos U$S 5 mil millones en exportaciones de cereales de la campaña anterior retenidos por productores que, con cierto margen, especulan con una devaluación de la moneda posterior a las elecciones de octubre.
El plazo de junio (aunque podría renovarse) al igual que el dólar soja que lanzó el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, apunta a que los productores aceleren sus liquidaciones por temor a perder el beneficio y garanticen el ingreso de dólares frescos a las reservas del BCRA que ofrezcan mayor credibilidad al gobierno frente a los funcionarios del FMI.
Tolerancia del Fondo
Es que el último informe del organismo, si bien ratificó sus críticas al modelo de tipo de cambio bajo e insistió con el reclamo de una devaluación, se mostró dispuesto a tolerar ese atraso en el marco de un programa que garantice mecanismos de acumulación de reservas y, a la vez, profundice la austeridad fiscal y encare las reformas estructurales que el gobierno tiene en su agenda y el organismo propone como receta inequívoca para todos los países del mundo.
En resumen, el modelo del dólar barato profundizado por la reducción del crawling peg ya fue acompañado de compensaciones al sector agrícola así como de una garantía de continuidad del carry trade para el sector financiero a partir de la decisión del BCRA de no reducir la tasa de interés de referencia ratificada en el canje de deuda en pesos ofrecido esta semana por la Secretaría de Finanzas.
Pero para cerrar la cuadratura del círculo que plantea su programa económico para 2025, el gobierno necesita blindar a otros sectores productivos que también están sufriendo lo que denominan la «suba del costo argentino» y cuya pérdida de competitividad no sólo amenaza su continuidad productiva y miles de empleos sino que, para el FMI, resulta también una vía de salida de miles de millones de dólares por importación de bienes.
Es a ese sector con uso de mano de obra intensiva que el gobierno busca compensar, por un lado, con la nueva reforma laboral que ya fue presentada al Congreso y, por el otro, intentando garantizarle una reducción del salario medido en dólares. Para lograr eso, con un crawling peg del 1% mensual, los salarios deben ir por detrás de ese valor más allá de lo que ocurra con la inflación.
Es que, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, se produjo una marcada contradicción en la evolución de los salarios de los trabajadores registrados. Mientras que, entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 y según los datos disponibles del INDEC, el poder adquisitivo en pesos de los salarios registrados cayó un 5,52%, en dólares se produjo un fenómeno inverso.
Según los datos oficiales que elabora la Secretaría de Trabajo basados en información del ARCA (ex AFIP), entre enero y octubre de 2024 el valor de la mediana del salario de los trabajadores registrados se incrementó un 62,4% si se midiera al dólar oficial y un 69,85% si se tomara su evolución según la cotización del dólar MEP.
En números concretos, la mediana del salario registrado que determina el valor del punto medio del total de la muestra, pasó de U$S 551 en enero a U$S 936 en octubre. Si se tomara el salario promedio al dólar MEP, la suba fue desde los U$S 724 hasta U$S 1214 en apenas diez meses.
Es ese el dato que desde el gobierno están observando a la hora de lanzar su cruzada para anclar los salarios. Pretenden que los mismos no superen el ritmo de devaluación del dólar y, por lo tanto, se deprecien en esa moneda. Es lo que, junto con la reforma laboral que, entre otros puntos, busca adaptar la jornada de trabajo a los requerimientos productivos de las empresas, buscan ofrecer a las patronales manufactureras que reclaman una reducción del costo laboral argentino para subsistir y para, a su forma, aportar al equilibrio de la balanza de pagos.
Con todo, las aspiraciones empresarias de reducir el costo laboral en nombre de una supuesta pérdida de competitividad y rentabilidad se da de bruces con los datos que marca la realidad.
Según el último informe de la Cuenta de Generación de Ingresos del INDEC, durante el tercer trimestre de 2024 la remuneración al trabajo asalariado representó apenas el 43,2% del PBI cuando, un año antes, llegaba al 44,9% y, hace ocho años, rozaba el 52 por ciento.
En el sector puntual de la industria manufacturera la remuneración al trabajo asalariado (formal e informal) representó en el tercer trimestre de 2024 el 32,6% del producto sectorial. Se trata de una leve mejora con relación al 30,3% del año anterior pero está bastante por debajo del promedio de 35,2% del mismo trimestre en los últimos ocho años y muy atrás del pico reciente de 45,8% registrada en 2017.
Esos datos muestran que, a pesar del deterioro del tipo de cambio y la suba de los costos laborales medidos en divisas, las ganancias empresarias no solo no se vieron afectadas, sino que, por el contrario, mantienen un rumbo ascendente y consolidan una creciente regresividad en la distribución funcional del ingreso basada en un incremento de la productividad laboral y la denominada tasa de explotación.
Así las cosas, la responsabilidad de poner un freno al gobierno en vísperas de su segunda ofensiva quedará en manos de los trabajadores y, en particular, de la conducción de sus organizaciones sindicales. El antecedente más inmediato de acuerdos paritarios en sectores clave y vinculados con la cúpula cegetista no resulta alentador. Tanto la UOM como Camioneros aceptaron acomodar sus acuerdos al techo del orden del 1% dispuesto por el gobierno (ver recuadro).
Es difícil, de todas maneras, que los gremios acepten una anulación de las paritarias de hecho con acuerdos que impliquen subas del 0% porque implicaría su virtual desaparición del escenario político. Es de esperar, entonces, que el gobierno apueste a una negociación que ponga sobre la mesa, al mismo tiempo, la homologación de las paritarias, la reforma laboral, el sostenimiento de las obras sociales y el proyecto de democratización sindical presentado por el radicalismo. «
Las últimas negociaciones paritarias con gremios de peso resultan muy significativas para evaluar la capacidad del gobierno de imponer su política de techos salariales.
Resaltan los casos de Camioneros, la UOM y Sanidad por el peso de sus dirigentes en el Consejo Directivo de la CGT y por la importancia estratégica de esos gremios en el entramado productivo y de servicios del país.
El gremio liderado por Hugo Moyano y Octavio Argüello (cosecretario general de la CGT) terminó firmando un acuerdo de apenas un 5,5% para el trimestre que va desde diciembre a febrero cuando reclamaba un 15% para el mismo período.
Además, la ingeniería del entendimiento implicó que, tal como reclamó el Palacio de Hacienda, todas las cuotas de 2025 tuvieran un 1 por delante (1,8% en enero y 1,5% en febrero).
Algo similar ocurrió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Abel Fulán que acordó una suba del 12,3% para el período que va de noviembre a marzo.
En la misma sintonía fina que Camioneros las cuotas de 2025 también rondan el 1% (1,8% enero, 1,5% febrero y 1% marzo). El gremio concedió adaptarse a esa pauta que será a la baja adelantando un incremento del 5,5% para noviembre que servirá para paliar por anticipado lo que, estiman, perderán luego.
De ese modo se generó la paradoja de que los metalúrgicos, en noviembre de 2024, percibieron salarios reales superiores a los que recibían en el mismo mes de 2023 pero que se irán deteriorando hasta marzo.
El gremio de la Sanidad del secretario general de la CGT Héctor Daer firmó en octubre un acuerdo del 11,4% en tres cuotas de entre el 3,6% y el 4%) para el último trimestre de 2024. La Secretaría de Trabajo, sin embargo, a casi cuatro meses de firmada y ya vencida en el tiempo, se niega a homologar ese acuerdo dando margen a las empresas de salud para no acatarlo.
Ante la versión de un nuevo techo del 0%, el co secretario general de la CGT y dirigente del gremio Camionero, Octavio Argüello, señaló a El Destape radio que «no vamos a aceptar paritarias cero porque la inflación no es cero». Además, adelantó que «siempre está latente la posibilidad de una medida de fuerza». A la vez, aclaró que «el conflicto por sí mismo no tiene mucho sentido, tiene que haber un paro y un plan de lucha».
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