Crónica de la impunidad: a tres años del asesinato de Rafael Nahuel, la causa sigue empantanada

Se cumplen tres años del asesinato estatal de Rafael Nahuel. Las maniobras político y mediáticas desplegadas por el macrismo en 2017 hoy tienen su consecuencia judicial: no hay procesados entre los Albatros que persiguieron y balearon a los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Mientras tanto, Graciela y Alejandro, madre y padre de Rafa, siguen esperando.

“Pensar que ya no lo tengo más a mi hijo Rafa. Y no pensaba que se me iba a ir así de esa manera tampoco. Quería que vaya con él. Y cuando llegué ya se había ido”.

El viernes 24 de noviembre de 2017, Alejandro Nahuel pensaba acompañar a su hijo Rafael al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Un desencuentro de pocos minutos hizo que Rafa recorriera sin su padre los 35 kilómetros que separan el Alto de Bariloche y Villa Mascardi. Y que sin él, llevara algo de comida y abrigo a los integrantes de la comunidad que habían quedado dispersos en el bosque, luego del desalojo realizado el jueves 23.

Alejandro lo hubiese querido acompañar. Cree que si hubiera ingresado con Rafa a la comunidad su hijo no estaría muerto. Le pesa esa historia y se nota en sus ojos.

Día a día durante tres años peleó para que el Poder Judicial le dé una respuesta. Junto a Graciela, mamá del joven asesinado, eligen hoy pasar en soledad, sin marchar, el tercer aniversario del hecho que cambió sus vidas. Será un largo día de recuerdo.

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“Hubo una maniobra de parte de los mapuches sobre una patrulla de reconocimiento en la cima de la montaña. A raíz de eso se dio la muerte de uno de los indios de un solo disparo; la cuestión es que no sabemos si es munición nuestra o munición de los otros”.

Empieza a oscurecer ese 25 de noviembre de 2017 y el Oficial Principal Pablo Rubén Berra, responsable del operativo del grupo Albatros de la prefectura Naval Argentina, sabe que que la Justicia está a punto de secuestrarle el teléfono celular. Por eso deja cuatro audios de whatsapp que serán clave en la cadena de impunidad del asesinato de Rafael Nahuel.

Dice que sus “muchachos” le contaron que, montaña arriba, “chocan de frente con una unidad de aproximadamente diez o quince efectivos de estos mapuches”, quienes “forman una cuña, una cuña, y empiezan a tirar… piedras”. Asegura Berra en los audios que “de esa patrulla, uno tenía una marcadora; empieza a disparar con la marcadora” y “cuando los indios reciben la agresión de las marcadoras responden con fuego letal, es decir, con armas letales, primero y fundamental con un calibre 22 y algún arma de otro calibre un poco más grande porque reventaba las ramas de los árboles”.

Exculpa el jefe del operativo a sus “muchachos”: “Quiero pensar que ninguno de estos es un enfermo mental y disparó a matar gente porque sí, ¿eh? Inclusive, no dispararon a matar sino que dispararon a los árboles. Eso es lo que me dijeron a mí”.

Eso le dijeron a Berra. Pero sus muchachos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García, Sergio Cavia y Carlos Sosa- dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo y unas 300 veces con postas de goma. Fueron poco más de 10 minutos de persecución y balacera contras las piedras que arrojaban los integrantes de la comunidad. Dos jóvenes fueron heridos con bala de plomo 9 milímetros, Johana Colhuan y Gonzalo Coña. Uno fue asesinado por la espalda; Rafael Nahuel.

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Rafael Nahuel se agachó para agarrar el mate que estaba compartiendo con los más jóvenes integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en medio de la balacera desatada por el grupo Albatros. El proyectil 9 milímetros que salió del subfusil MP5 que correspondía al Cabo Primero Francisco Javier Pintos, ingresó por su nalga izquierda y le provocó un “shock hipovolémico por lesiones de los órganos y tejidos que provocaron una hemorragia de aproximadamente 4 litros de sangre, alojada en cavidad torácica y peritoneal”, según el informe de la autopsia firmada por dos médicos forenses.

Estaba herido tirado en el piso. “En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo. Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar”, dice Fausto Jones Huala, quien con Lautaro González Curruhuinca se acercaron para asistirlo. Le hablaron, improvisaron una camilla y comenzaron a bajarlo hasta la ruta, en busca de asistencia médica.

“Rafa nos decía que lo dejáramos, que sigamos, pero no podíamos hacer eso. Lo bajamos, nos decía que no, pero lo bajamos”, insistió Jones Huala ante el Juez que lo detuvo y le dictó prisión preventiva, pocas horas después del asesinato de su amigo.

Aún respiraba cuando Fausto y Lautaro comenzaron a bajarlo hacia la ruta. Rafa le agarró la mano a Fausto, balbuceó algo en su todavía incipiente mapuzungun; algo que los jóvenes mapuche interpretaron como un desafío a la autoridad, como una reafirmación de su condición de integrante del pueblo originario, como una exigencia de valor ante lo que se les venía por haber estado allí y por bajarlo.

“No podíamos dejarlo ahí. Lo empezamos a bajar, pero a mitad de camino ya no hablaba, estaba frío”, repasa Jones Huala. “Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos”, resume González Curruhuinca.

Con Rafa habían compartido mate y unas milanesas que llevaron para los integrantes de la comunidad que se salvaron del desalojo del día 23. Rafa les dijo que quería construir su ruka, su casa, en ese territorio -“ir al campo”, como lo llamaba-, y que estaba cansado de la forma de vida que le imponía Bariloche: changas para malvivir, pobreza, y el interminable círculo de violencia que en el Alto de la ciudad se cobra sistemáticamente vidas de pibes jóvenes, morochos, pobres.

De eso charlaban cuando pasadas las 16 horas de ese sábado primaveral con casi 20 grados uno de los integrantes de la patrulla del grupo Albatros gritó “alto” y empezaron los disparos.

Ante el Juez, un día después del asesinato de Rafael, Lautaro González Curruhuinca recordaría que antes de que llegara Prefectura, se disponían a bajar “a ver qué estaba pasando”, pero se encontraron en el camino con funcionarios de Prefectura y “no les dieron tiempo a nada”.

“Nos dieron la voz de alto y después empezó la balacera”.

El que más disparó fue el Cabo Primero Francisco Javier Pintos.

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“Hice lo que tenía que hacer”. Pintos vive en la franja menos pudiente de la localidad de San Fernando, opulenta zona norte del conurbano. Recorre diariamente en bicicleta las pocas cuadras que lo separan de la sede de Prefectura Naval Argentina, donde sigue cumpliendo funciones.

“Yo hice lo que tenía que hacer frente a la Cámara de Casación Penal. Ya se hizo lo que teníamos que hacer y ya…”, dice en noviembre de 2019, cuando este cronista lo consultó en la puerta de su casa.

Luego del operativo en el que fue asesinado Rafael Nahuel, a Pintos “se le secuestró 1 arma letal Pietro Beretta (número de serie 05-P25873z) con 2 cargadores conteniendo nueve (09) y catorce (14) municiones respectivamente y otra arma letal MP5 (número de serie 335508) con 4 cargadores, uno de ellos sin municiones, otro cargador con once (11) municiones, el tercer cargador conteniendo veintinueve (29) municiones y el cuarto conteniendo treinta (30) municiones”, según el acta firmada pocas horas después de la intervención de los uniformados.

Es decir que Pintos disparó más de 50 veces con dos armas con proyectiles de plomo 9 milímetros.

“Yo hice lo que tenía que hacer”, dice dos años después de aquella incursión en el territorio de la comunidad mapuche, y pide: “Hable con mi abogado”.

Marcelo Hugo Rochetti es el abogado del Cabo Primero Francisco Javier Pintos. Fue hasta agosto de 2018 Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que conducía Cristian Ritondo, durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Antes de convertirse en funcionario bonaerense, Rocchetti cumplió otras funciones para el macrismo: ocupó el cargo de responsable de la seguridad de la Legislatura porteña, en 2008, pocos meses después del triunfo de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la asunción de Cristian Ritondo al frente de ese parlamento. Fue además abogado del jefe de la barra brava de Boca Juniors, Rafael Di Zeo, en una causa por “coacción agravada por el uso de armas», cuando ya Daniel Angelici presidía el club.

El gobierno nacional cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre de 2019 puso a uno de sus hombres de confianza a defender al principal imputado por el asesinato de Rafael Nahuel.

Rocchetti también hizo lo que tenía que hacer. Reprodujo en el expediente la versión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y logró que su defendido fuera beneficiado con una declaración de “falta de mérito” y hoy esté imputado bajo la figura de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Es decir que el Juzgado Federal de Bariloche pivotea sobre la hipótesis del enfrentamiento armado, a pesar de la inexistencia de pruebas que acrediten otras armas de fuego que no sean las pistolas Beretta y los subfusiles MP5 que portaban los integrantes del grupo Albatros.

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La causa iniciada por “usurpación” a la que luego se añadió la correspondiente al asesinato de Rafael Nahuel, se inició a principios de noviembre de 2017, cuando Parques Nacionales denunció la irrupción de un grupo de personas en terrenos de Villa Mascardi.

La comunidad Lafken Winkul Mapu anunció la recuperación, explicó que allí se levantaría la machi -autoridad espiritual y de sanación mapuche- Betiana, y que esos terrenos forman parte del territorio arrebatado al pueblo originario a partir de la denominada Conquista del Desierto.

A instancias de la Fiscal Federal Sylvia Little, el por entonces juez federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó el desalojo para el día 23 de noviembre, a pesar de que la comunidad a través de una nota presentada por María Nahuel pidió horas antes un ámbito de negociación para evitar hechos de violencia.

El violento operativo de desalojo terminó con cinco mujeres detenidas, además de varios menores. Los hombres de la comunidad, tal como estaba acordado internamente, huyeron montaña arriba para garantizar la continuidad en el territorio.

El 25 de noviembre a la mañana, el juez Villanueva instruyó al Prefecto Principal Leandro Ruata, jefe de Prefectura Bariloche, que “intensifique (en cantidad de personal) las recorridas que viene ejecutando” para así “dar con el paradero de las personas sustraídas el día del procedimiento”, es decir el desalojo del día 23.

El grupo de Albatros integrado por Sergio Damián García, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón, Sergio Guillermo Cavia y Francisco Javier Pintos trepó montaña arriba. Al toparse con integrantes de la comunidad, dieron la voz de alto y comenzaron a disparar. Primero con munición no letal, luego con balas de plomo. En los audios de whatsapp del jefe del operativo, en una declaración administrativa en Prefectura y ante la Justicia, dirían más tarde que fueron emboscados y que quedaron bajo un ataque con armas de fuego. La inspección ocular realizada el 6 de diciembre determinó que los únicos impactos de balas, así como las vainas de proyectiles encontradas, correspondieron a las armas 9 milímetros que portaban los uniformados.

Las pericias también así lo acreditan. El estudio realizado por el del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche concluyó que ni Rafael Nahuel, ni los jóvenes que bajaron su cuerpo, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, tenían restos de los tres materiales que componen la pólvora, plomo, bario y antimonio.

Sólo una lectura intencionada por parte del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta sobre información descartada en la pericia del Centro Atómico introdujo dudas sobre la posible presencia de pólvora en las muestras correspondientes a los mapuches.

El respaldo mediático de los diarios Clarín, La Nación e Infobae fueron claves para azuzar la teoría del enfrentamiento, en el marco de la presencia de un grupo subversivo enclavado en la cordillera patagónica, cuya capacidad de acción se asemeja a la de las FARC colombiana, la ETA y la guerrilla kurda. Las citas son textuales y corresponden tanto al Informe RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) elaborado por el ministerio de Seguridad y a la cobertura periodística de dichos diarios.

Villanueva dejó la subrogancia del Juzgado Federal de Bariloche, y a principios de enero de 2019 el juez original, Leónidas Moldes, luego de solo dos meses al frente del expediente, cerró la etapa de instrucción y procesó a los cinco Albatros bajo la figura de “homicidio agravado, cometido con exceso en la legítima defensa”. Es decir que, a pesar de la falta de pruebas, dio por válidos los argumentos de las defensas y del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich sobre un supuesto “enfrentamiento armado”.

En mayo de ese mismo año, la Cámara de Apelaciones de General Roca produjo un fallo clave: descartó los procesamientos contra los integrantes del grupo Albatros bajo la figura de “homicidio en exceso de legítima defensa”, y en cambio procesó por “homicidio agravado” al Cabo Primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma subfusil MP5 salió el disparo mortal. Además, le dictó prisión preventiva.

La resolución de 80 páginas desarmó el relato oficial del ministerio de Seguridad sobre la existencia de un enfrentamiento armado entre los uniformados y los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Y cuestionó la injerencia del ministerio de Bullrich en los expedientes judiciales que investigan el desempeño de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Pero las apelaciones a ese fallo llegaron a la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal -integrada por Liliana Catucci, Esteban Riggi y Juan Carlos Gemignani- que produjo un fallo de tinte racista, en el que calificó como “arbitraria” la resolución que procesó a Pintos.

Esa Cámara otorgó validez a la segunda pericia balística realizada por Gendarmería, que no pudo determinar la procedencia del disparo mortal, a pesar que una primera pericia sobre el proyectil que causó la muerte de Rafael Nahuel concluyó de manera indubitable que provino del subfusil que correspondía a Pintos.

Así, la Cámara de Apelaciones de General Roca con una nueva integración resolvió en febrero de este año dictar la “falta de mérito” a Pintos, y ordenó que continúe la instrucción en el Juzgado Federal de Bariloche, con los Albatros imputados bajo la figura del “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”. Tal como aseguraba aquel audio que el Prefecto Berra grabó minutos antes que la Justicia le secuestre el celular.

El Tribunal -al igual que Casación- cargó contra el reclamo territorial mapuche y le endilgó a Jones Huala y González Curruhuinca una serie de potenciales delitos, además de incriminarlos por pertenecer a una organización política del pueblo originario.

Al cumplirse tres años del asesinato, el único procesado en el expediente -por usurpación y agresión- es Lautaro González Curruhuinca, uno de los jóvenes que bajó el cuerpo de su amigo Rafael Nahuel.

González Curruhuinca continúa en rebeldía -“prófugo” para la Justicia-, y asegura que no va a entregarse para someterse a los tribunales que garantizan la impunidad del caso y “persiguen y estigmatizan al pueblo mapuche”.

En los próximos días se reanudará la tercera pericia balística que determinará la procedencia del proyectil que mató a Rafael. A pesar de que el abogado defensor de Pintos intentó frenar la continuidad del trabajo de los peritos, el nuevo juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, confirmó que seguirán los trabajos que se realizan en el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Con el resultado de esa pericia en la mano, los abogados de la familia de Rafael y los querellantes de la APDH esperan poder solicitar el cierre de la instrucción y la elevación a juicio. Mientras tanto queda esperar.

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La comunidad Lafken Winkul Mapu repite que no dejará los territorios de Villa Mascardi, y que resistirá cualquier nuevo intento de desalojo. Desde la recuperación de 2017, las familias construyeron sus casas, llevaron sus animales, y los más pequeños concurrieron a la escuela de Villa Mascardi, hasta que la pandemia suspendió las clases.

Casi permanentemente encapuchados “por motivos de seguridad”, los integrantes de la lof continuaron con sus reclamos y cortes de ruta pidiendo el reconocimiento territorial.

No está en el ánimo del Gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre pasado repetir el escenario de presión y desalojo sobre la comunidad de tres años atrás. El Ministerio de Seguridad ahora bajo la conducción de Sabina Frederich abrió desde el inicio de la gestión una instancia de diálogo con la comunidad, que tuvo marchas y contramarchas.

La Gobernadora rionegrina Arabela Carreras ha sido permeable a los reclamos de buena parte de la sociedad barilochense y presionó a la gestión de Alberto Fernández para que Frederich sea reemplazada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, dejando entrever críticas a lo que considera escasa predisposición para mostrar mano dura ante los planteos y protestas mapuches. Una reciente reunión en la capital provincial, Viedma, multiplicó los mensajes y discursos sobre la necesidad de diálogo para resolver lo que los medios concentrados porteños han denominado “conflicto mapuche”. En cambio, poco se avanzó en soluciones concretos.

La ampliación del territorio mapuche a un lote del Obispado de San Isidro derivó en una orden exprés de desalojo por parte de la Justicia provincial. Pero la medida está suspendida hasta que estén dadas las condiciones de que el operativo se realizará sin violencia.

Este miércoles 25 de noviembre, la comunidad volverá a hacer escuchar su reclamo de Justicia por Rafael Nahuel.

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Graciela utiliza Facebook para reclamar Justicia. Lo hace todos los días. Diariamente comparte un posteo en el que pide que los responsables del asesinato de su hijo sean condenados.

Su foto de perfil en Facebook es un dibujo de Rafa y el texto que pide Justicia, y agrega “asesinado en una represión. El Estado es responsable”.

“Siempre presente ahora y siempre Rafa Nahuel”, escribe, y acompaña con emojis de corazones rotos y caritas llorando.

También comparte oraciones y textos religiosos, algunas noticias locales de Bariloche, y siempre el recuerdo de su hijo con fotos en su casa, con su caballo, en alguna de las organizaciones en las cuales trabajaba, haciendo herrería.

Dos días antes de cumplirse el tercer aniversario del asesinato, Graciela publicó una imagen de Rafa captada por la fotógrafa Euge Neme, y comentó “La última foto de Rafita Nahuel. Injusta fue tu muerte hijo te dieron un tiro por la espalda cobardes asesinos. Perpetua. No voy a bajar los brazos hasta que haya justicia. A la cárcel 6 albatros por la muerte de Rafa Nahuel. Destruyeron así familia. me arrebataron una parte de mi vida”.

Entremezcla fotos de Rafita chiquito, casi siempre con gorra visera, con imágenes de movilizaciones, y un regalo que le hizo hace ya muchos años: un póster con el dibujo de un animal entre perro y oso panda que dice “mamá, estarás siempre en mis oraciones”.

Graciela marchó casi todos los 25 de mes, y cada 25 de noviembre para que el Estado que le arrebató a su hijo, cumpla con condenar a los responsables.

Pero este tercer aniversario dice que quiere quedarse en su casa. En su casa de madera y salamandra. Cansada, aunque nunca baje los brazos. En un largo día de recuerdo.