Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA: «Apenas controlamos, cambia la conducta de los supermercados»

El gobierno de Axel Kicillof reforzó el control de Precios Cuidados en las cadenas de supermercados, a través de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) como parte de la batalla contra la inflación anunciada en abril. En diálogo con Tiempo, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, habla de los operativos y de las estrategias de evasión de los súper y de otros sectores como las cerealeras y los desarrolladores inmobiliarios.

-ARBA está controlando Precios Cuidados aunque no tiene poder sancionatorio. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo?

–Tenemos un convenio de colaboración con el Ministerio de Producción, a cargo de Augusto Costa, por el que ponemos la capacidad de fiscalizar de ARBA a disposición de la subsecretaría de Comercio. No tenemos delegada la facultad para labrar actas por incumplimiento vinculados a las políticas de comercio, pero sí podemos hacer relevamientos, poner en conocimiento a Comercio para que tome acciones de oficio. Sobre Precios Cuidados decidimos hacer un relevamiento conjunto y después la Secretaría de Comercio informa a Nación los resultados de esos controles.

–¿Qué detectaron en estas dos semanas de operativos?

–Lo que vemos es que rápidamente cambió la conducta de los supermercados. Los tres ejes que se controlan son abastecimiento, señalética y precio acordado. Lo que nosotros vimos es que había buen cumplimiento de precios, algunos problemas con la señalética y muchos problemas de abastecimiento. A las dos semanas, había mejorado todo. La conclusión es que, más allá de no tener capacidad sancionatoria, cuando el Estado controla mejora el cumplimiento.

–¿También hay control de la mercadería?

–Estamos controlando la mercadería en tránsito de las cadenas de supermercados por la entrada y salida de camiones de los centros de distribución y logística, pero además hicimos un abordaje de los supermercados en tanto grupos económicos. En general han diversificado su negocio: no se dedican sólo a la compra venta minorista o mayorista. Por ejemplo, La Anónima se dedica al negocio del frigorífico, a la exportación de carnes enfriadas a partir de 2016 y también tiene una pata financiera con tarjeta Del Mar. En los otros supermercados pasa lo mismo: tienen su línea financiera y muchas tienen producción de alimentos propios, diversificaron sus negocios haciendo uso del flujo de caja que genera el supermercado. El súper compra mercadería con mucha capacidad de negociación, a precios muy bajos, a plazo y vende al contado, lo que hace que tengan márgenes de rentabilidad muy grandes. Con esa caja diversifican sus negocios. Por eso, lanzamos fiscalizaciones a todas las otras unidades de negocios. Porque, en definitiva, es como circula el excedente dentro de un mismo grupo económico.

–Además de los supermercados, ¿a qué otros grupos están controlando?

–En el agro estamos controlando con el índice verde. A partir de imágenes satelitales podemos estimar partida por partida cuánto fue la producción en cada cosecha, cuánto rindió la siembra, cuánto deberían declarar por venta los dueños o arrendatarios. A eso le sumamos los controles de mercadería en tránsito, cuando levantan la cosecha en marzo y abril. Controlamos en ruta la declaración de la cosecha para que después no escondan el rendimiento y, al final, en los puertos de Bahía Blanca y Quequén. Toda esa información la compartimos con AFIP. Buscamos un conocimiento pleno, de principio a fin, del desarrollo de la producción agropecuaria.

–¿Cuáles son los sectores que más evaden en la Provincia?

–Un caso emblemático de reducción de la evasión es el sector de desarrollo inmobiliario. Ha crecido mucho y especula, lo que generamuchos problemas en la economía. El más grave: el acceso a la vivienda propia. Es emblemático porque encontramos que el Estado tiene la capacidad de ponerlo en línea. La mitad del nuevo suelo urbano que se generó desde el 2000 en la provincia son barrios cerrados y ese desarrollo lo hacen grupos económicos que muchas  veces incumplen las leyes. Se desarrollan los barrios y se regulariza el uso de la tierra, el impacto ambiental; después porque el desarrollo inmobiliario avanza aprovechando los grises normativos. Por ejemplo, avanza con la rezonificación municipal, pero no tiene la autorización de Provincia. Y también se hace sin rezonificar en términos tributarios, por lo tanto no pagan como tierra country sino como baldíos.

–¿Cuántos countries están en esa situación?

–Cuando llegamos había 630 barrios cerrados registrados como tales y pagando sus impuestos, ahora sumamos 41 más. Pero además encontramos 410 más que son urbanizaciones cerradas: de esos ya confirmamos que 110 lo son y estamos en vía de aplicarles de oficio la valuación de tierra country. La fiscalización catastral que hicimos sobre el total de los barrios cerrados nos permitió detectar 3,1 millones de metros construidos no declarados que no pagaban impuestos. De ese total, 2,5 millones ya fueron notificados y más de la mitad rectificaron la declaración jurada de manera voluntaria.

–¿Cuánta plata recuperó el fisco?

Sumamos 5 millones de metros no declarados en cascos urbanos, lo que significan más de mil millones de pesos anuales de Inmobiliario que se evadían y que recuperamos. Es el 3% de los 36 mil millones de pesos que se recaudaron en 2021 por Inmobiliario. Pero además esos mil millones de pesos se pueden multiplicar por 5 ya que el área de imágenes satelitales permite ver de manera retroactiva hace cuánto tiempo que estaba construido ese country y no pagaba como tal, lo que significa que podrían ser 5 mil millones de pesos retroactivos.

-La recaudación en 2021 subió 17% en términos reales. ¿A qué ritmo viene este año?

Estamos cerrando el primer semestre con un aumento en torno al 1,3% real, por arriba de la inflación. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que el fuerte lo implica Ingresos Brutos, que está cerrando este semestre 6 puntos arriba de la inflación, es decir un poquito arriba de la actividad económica que estuvo en el 4%. En patrimoniales vamos a tener la desventaja porque emitimos los impuestos con la pauta inflacionaria del presupuesto que tenía una nominalidad del 40% cuando la economía va a estar terminando entre 60% y 70% . Y eso hace que el impuesto patrimonial se licúe. Por eso es una suba de 1,5% en la recaudación total y de 6% en Ingresos Brutos.

-¿Y cómo piensan que llegará la recaudación a fin de año?

–Dependerá mucho de la actividad económica. Sería razonable que terminemos en 2 puntos reales de incremento en Ingresos Brutos, pero si los impuestos patrimoniales se mantienen como ahora, puede ser que la recaudación total termine por abajo de la inflación.

-¿Bajó el nivel de cobrabilidad debido a la inflación?

–Vemos dos velocidades en cuanto al cumplimiento del pago de los impuestos patrimoniales. En los de alta valuación se ve una mejora , pero en los tramos medios y bajos sigue cayendo el cumplimiento. La gente que tiene los autos de menor valuación fiscal está teniendo problemas para pagar la patente, lo mismo con el Inmobiliario. Todavía no se recuperó la cobrabilidad a los niveles de 2019 en esos tramos, sí en los autos de alta gama y propiedades de lujo. Si mirás la cobrabilidad global está subiendo y ya está llegando a 2019, cuando era del 70%, pero es porque emitimos impuestos con leyes más progresivas: es decir que pagan más los que más tienen.  «