La vitivinicultura atraviesa una crisis estructural que golpea a los pequeños productores y amenaza el tejido rural. Mientras se concentra la producción y cae el consumo, crece el abandono de viñedos y se profundiza la exclusión de la agricultura tradicional.
En diálogo con Tiempo Rural, Coita Civit, que también es miembro GEPS, analiza que una de las crisis del sector vitivinícola tiene que ver con que “la superficie de viñedos y la cantidad de bodegas decaen, en un contexto donde también cae el consumo per cápita, incluso en las principales capitales del vino”. La superficie total de viñedos se redujo un 10% en la última década, con una pérdida concreta de más de 23.000 hectáreas en un solo año, entre 2022 y 2023. Mendoza continúa concentrando el 71% de la superficie cultivada, seguida por San Juan y La Rioja, pero el número de productores se achica: hoy hay 23.046 viñedos registrados, un 8,5% menos que hace diez años. A la par, el tamaño promedio de los establecimientos se duplicó respecto a 1990, lo que evidencia un proceso de concentración que favorece a los grandes jugadores en detrimento de los pequeños productores.
“Muchos de estos viñedos pequeños, menores a 10 hectáreas, fueron abandonados. Los departamentos de San Martín, Rivadavia y Junín son la zona donde más se abandonó la viña”, detalla Civit. A esto se suma una relocalización hacia el Valle de Uco, donde los nuevos proyectos se orientan a vinos de alta gama, más mecanizados, que demandan menos mano de obra. “Se reemplaza una agricultura familiar por un modelo más tecnificado y concentrado, generando un impacto negativo en el empleo rural”, advierte.
El fenómeno de concentración no solo afecta a la producción primaria, sino también a la industria. Mientras desaparecen pequeños productores, los grandes grupos empresariales ganan terreno, ya que las diez bodegas más importantes del país concentran el 75% de la producción industrial. De las 1.230 bodegas registradas en 2024, solo 847 realizaron molienda, cuando en 2010 esa cifra superaba las 980. En este sentido, Luis Civit compara el proceso con lo que ocurre en otras áreas del agro: “Es un proceso similar a lo que sucedió en la Pampa Húmeda. Las unidades productivas se agrandan, la competitividad se logra por tecnificación y mecanización, y se reduce la demanda de mano de obra”.
La caída del consumo doméstico es uno de los datos más alarmantes del informe. Históricamente, Argentina destinaba cerca del 80% de su producción al consumo interno. Sin embargo, en 2023 esa proporción cayó al 60%, mientras que el 40% restante fue exportado. Mendoza es responsable del 70% de esas exportaciones. No obstante, la demanda externa también se debilitó: el volumen exportado descendió un 26,1%, y el valor de las ventas cayó casi un 20%, totalizando 603 millones de euros.
Mientras el consumo global retrocedió un 7,5% entre 2008 y 2024, en Argentina la contracción fue del 40%. En 2023, el consumo per cápita alcanzó los 22 litros por año, pero se estima que en 2024 bajará a 15 litros por habitante, con un volumen total de 7.400 millones de litros. Esta baja está estrechamente ligada a la pérdida del poder adquisitivo y al incremento del precio del vino en góndola, que no logra compensar los costos de producción ni reactivar la demanda.
Este escenario pone en riesgo a los pequeños productores y a la agricultura familiar. “Lo que empieza a verse seriamente amenazado es ese sistema de producción que trabajaba con superficies chicas, donde toda la familia participaba y lograba una economía sustentable”, lamenta el ingeniero.
Las causas no se agotan en el cambio de hábitos o la tecnificación. Hay una dimensión estructural que hace cuesta arriba la supervivencia del sector. “Las políticas nacionales tienen un impacto decisivo. El tipo de cambio, las tasas de exportación, el acceso al crédito: todo eso define si un productor puede seguir trabajando o no”, explica Civit. Y añade: “En Europa, la agricultura está subvencionada y hay acceso al crédito, mientras que, en nuestro país, las economías regionales como la vitivinícola quedaron relegadas, por lo que el productor chico, sin financiamiento y con costos altos, termina abandonando”.
En 2023, se estima que unos 1.200 viñedos dejaron de operar en Argentina. Según el informe la falta de rentabilidad en la producción de uva genera una disminución en la calidad de la materia prima, afectando la competitividad de los vinos argentinos en el mercado internacional. “Si no se generan políticas para mitigar esta situación, la tendencia va a seguir: más concentración, más viñedos abandonados, más familias fuera del sistema productivo”, advierte Civit con preocupación.
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