Criptoestafa: la Unidad que creó Milei para que lo investigue estará a cargo de la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia

En las mismas horas en las que el Gobierno decidió nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, también avanzó en otra resolución muy democrática relacionada con la división de poderes: designó a cargo de la Unidad de Investigación, creada a partir de la criptoestafa presidencial, a una funcionaria de su propia administración.

María Florencia Zicavo, la responsable de la Unidad Gabinete de Asesores del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será la titular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), organismo creado por el presidente tras el escándalo con $LIBRA que, tras la promoción de la cripto a través de un tuit de Milei, disparó su precio y luego cayó en picada al poco rato, generando pérdidas por 286 millones de dólares a 74.698 personas.

Además de ser funcionaria del propio gobierno al que debería investigar, tampoco contará con demasiados fondos: en el decreto de este miércoles se detalla que la medida no implicará ninguna erogación presupuestaria para el Estado.

Si bien ya hay en curso denuncias penales tanto en la Argentina como en Estados Unidos, y este martes se sumó el anuncio de España, desde el Ejecutivo rechazaron la constitución de una Comisión de Investigación en el Congreso, cooptando a senadores a través de gobernaciones radicales. En su lugar impulsaron esta UTI “a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción y, en su caso, realizar las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial”.

Como si Smithers investigara al Sr. Burns

Zicavo estaría a cargo de «recabar información relacionada al criptoactivo, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal a través de la remisión inmediata de la documentación e información recopilada”.

La normativa la habilita a requerir información, datos y documentación a funcionarios, órganos y organismos del sector público, como a su vez a entidades provinciales, de la Ciudad, y a Estados y organismos internacionales, a través de la Cancillería.

Uno de los primeros que salió a referirse al tema fue Martín Lousteau, de la UCR: «23 senadores se negaron a crear una comisión para investigar la estafa de $Libra. Ahora, Milei dispuso que una funcionaria a las órdenes de ¡Cúneo Libarona! lo haga. ¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe? ¡Es como si Smithers investigara al Sr. Burns! Que lo expliquen los cómplices e hipócritas que se llenan la boca hablando de transparencia y ficha limpia (que voy a acompañar), pero después avalan estas barbaridades».

Mientras tanto, sigue la causa judicial llevada adelante en la Argentina por el fiscal Eduardo Taiano. En las últimas horas trascendió que iniciaría acciones para investigar los celulares de Milei, su hermana Karina, y el vocero Manuel Adorni, quien estuvo reunido junto al presidente con el responsable de TechForum, Mauricio Novelli, y Hayden Davis. Si ocurriese, lo estarían haciendo casi dos semanas después del episodio.

Una línea de investigación se centra en los encuentros previos de Milei y su entorno con los indicados como responsables de la estafa, desde personal de KIP Protocol hasta el propio Davis, tanto en Casa Rosada como en Olivos.

Mientras tanto, empezó a conocerse material que van borrando de las redes. Por ejemplo, la entrevista en la que el hermano de Hayden Davis reveló la posible existencia de un precontrato con el Presidente, que fue sospechosamente levantada de las plataformas.

Lo mismo con la foto de Mauricio Novelli y Agustín Laje, señalado como un eventual recaudador de Milei a través de otra cripto que no llegó a ver la luz. Adorni intentó desligarse de su participación en Tech Forum, que se realizaría en abril y donde el año pasado habló en público el propio Milei. Pero los archivos no mienten: él mismo fue el primer anunciado poco tiempo atrás para ese evento, que iba a ser una nueva propaganda para el Gobierno, de no haber ocurrido el tuit presidencial y la posterior estafa millonaria.