Crimen de odio: comienza el juicio por Diana Sacayán

El lunes empieza el juicio por el travesticidio de Amancay Diana Sacayán. La defensora de Derechos Humanos fue asesinada en octubre de 2015, en un departamento del barrio porteño de Flores, que compartía con una amiga. Tenía 39 años: había sobrevivido cuatro años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina: apenas 35. Y había trabajado en la conquista de derechos para ese colectivo, de los más violentados y criminalizados. Será la primera vez que se juzgue un crimen de odio por identidad de género, en esos términos. 

El juicio –que sufrió diversas demoras– será ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Ciudad. Lo integran Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio Cesar Báez. Por el Ministerio Público Fiscal estará Ariel Yapur, después de que la Comisión de Justicia por Diana Sacayán pidiera el apartamiento de Marcelo Saint Jean (hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de facto de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981) por sus antecedentes como defensor de condenados por delitos de lesa humanidad, quien luego se excusó.

El proceso tiene motivos para pasar a la historia. «El juicio de Diana Sacayán es el primero donde desde el principio, ya desde la escena del crimen, se intervino con perspectiva de género», explica Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, la unidad fiscal especializada en violencia contra mujeres y personas LGBTI.

Durante la investigación, la UFEM se reunió con referentes y organizaciones de la diversidad sexual, entre ellxs con Lohana Berkins. La investigación se trabajó en conjunto con la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 4, a cargo de Matías Di Lello. La autopsia reveló que Diana había recibido 27 lesiones, 13 de ellas con un arma blanca, y varios golpes. Gabriel David Marino, de 25 años, acusado por este crimen, fue detenido días después y sigue con prisión preventiva. 

La investigación de la fiscalía asume que se trató de un travesticidio y un crimen de odio por género. Al pedir la elevación a juicio, los fiscales acusaron a Marino de asesinar a Diana. Lo hicieron con la figura de «homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo». Labozzetta y Di Lello entendieron que fue un travesticidio. En el requerimiento, expresaron que Diana fue asesinada violentamente por ser «mujer trans y por su calidad de miembro del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)». 

Marino conocía a Sacayán. Y tuvo un cómplice. Pero la investigación sobre este continúa y no integra el presente juicio.

Hay dos querellas: la familiar, encabezada por su hermano Say Sacayán, coordinador de MAL, y otra por el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). 

En la acusación contra Marino se incluyen dos agravantes de homicidio: el 4, que habla de crímenes de odio «por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión». Y el inciso 11, que se aplica en femicidios y refiere a violencia de género. 

«Diana va a estar muy presente en este juicio –dice Luciana Sánchez, abogada de la querella familiar–. Parte del desafío es que podamos hacer comprender a la comunidad jurídica, en particular a la jueza y jueces del tribunal, que es un travesticidio, por qué es importante nombrarlo así y cuáles son las condiciones de este crimen». El tribunal aceptó como testigo experta a Amaranta Gómez Regalado, una reconocida activista muxe y antropóloga, en un gesto importante para este y otros juicios. 

El INADI, querellante

El juicio marca la primera vez que el INADI se presenta como querellante. «La defensa lo cuestionó y hubo una ratificación del tribunal. Es histórico.Habilita a seguir trabajando en otras causas que involucren derechos humanos y discriminación», explica Juan Correa, jefe de Gabinete del INADI. El abogado del organismo, Juan Kassargian, agrega: «Se trata de un crimen de odio y la base de los crímenes de odio es la discriminación, tema específico de la lucha del INADI. Como en todo crimen de odio, hay dos vulneraciones: una a la propia víctima y otra el mensaje que se envía al colectivo trans». 

La justicia heterosexista

No existen antecedentes de condenas donde se haya aplicado el agravante por odio a la identidad de género.  En el travesticidio de Vanesa Zabala, juzgado en Santa Fe a fines  de 2017, el tribunal condenó con perpetua pero no consideró este agravante.

«La Justicia tiene la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre los travesticidios en Argentina. Las muertes de las travestis no se investigan. A la Justicia, que es patriarcal y heterosexista, no le interesa. Y ¿quién las reclama?», pregunta Say Sacayán. «Queremos saber por qué la mataron a Diana, quiénes. Que la hayan asesinado nos interpela a todxs», dice. «Hacer justicia por Diana es seguir luchando para que la vida de las compañeras se transforme.»

La primera audiencia será mañana a las 11. La Comisión de Justicia por Diana Sacayán –que trabajó incansablemente para impulsar la causa– convoca a las 9 a acompañar el juicio en la calle, frente a Tribunales (Talcahuano 550). Habrá radio abierta, bandas de música y poesía, entre otras actividades. Las audiencias serán los días 12, 19 y 26 de marzo, y 9 de abril. Liderada por Say y Darío Arias, de Conurbanos por la Diversidad, cuenta con apoyo de otras organizaciones. 

Diana había nacido en Tucumán, en una familia de 15 hermanos. Su madre, jefa de hogar, se mudó con la prole a Laferrere, donde siguen viviendo algunxs hermanxs. La última conquista de Diana, que también luchó por la Ley de Identidad de Género,  fue la Ley de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires. Impulsó el proyecto sancionado en septiembre de 2015, un mes antes de su asesinato. Pero hasta hoy, la ley que se conoce con su nombre y destina el 1% del empleo público a travestis y trans, sigue sin reglamentarse. «