La empresa petrolera centrará sus inversiones en Vaca Muerta, pero no le cede a las provincias los yacimientos convencionales.
Por otro lado se estudia que la petrolera se haga cargo de los numerosos pasivos ambientales que adeuda, que en conjunto suman decenas de miles de millones de dólares. De hecho, el antecedente lo marcó la provincia que conduce Claudio Vidal en el mes de enero. Como contó Tiempo, el gobierno santacruceño alcanzó un acuerdo con YPF para disponer de los yacimientos convencionales ubicados sobre la franja norte del territorio provincial.
Otras provincias vienen reclamando desde hace años la reversión de las áreas maduras, como es el caso de Neuquén, que dispuso en el año 2012 la quita de dos áreas y dejó en análisis otras dos para las cuales la petrolera presentó una propuesta de inversión. En ese entonces, el gobernador Jorge Sapag revirtió por la fuerza las áreas «Chihuido de la Salina» y «Portezuelo Minas», que no estaban en producción. Tiempo después YPF accionó judicialmente contra Neuquén.
En tanto, sucedió algo similar en Chubut con «El Trébol-Escalante» y «Campamento Central-Cañadón Perdido» que representaban cerca del 7% de la producción total de crudo de la principal petrolera del país.
Con la llegada del gobierno de Javier Milei y el desembarco de Horacio Marín, nuevo CEO de la compañía que cuenta con participación mayoritaria del Estado, los patagónicos plantean falta de inversión. Señalan que se dejó de invertir en yacimientos convencionales para buscar rentabilidad económica en Vaca Muerta.
Según información oficial, en la primera semana de marzo, YPF finalmente anunció a sus inversores que a lo largo de 2024 serán de unos USD 5000 millones, un 12,5% menos que el año pasado, de los cuales concentrará en Vaca Muerta USD 3.000 millones en su estrategia de focalizar esfuerzos en el no convencional neuquino.
Marín detalló que “estamos acelerando tanto como es posible nuestro crecimiento en la producción de shale y al respecto estamos planeando objetivos muy ambiciosos de producción por los próximos dos años con una expansión del 24% en 2024 y un futuro 35% en 2025. Esto significará saltar de los 97.000 barriles diarios que promedió en 2023 a sumar al menos 120.000 barriles en este año y unos 160.000 el próximo”.
Para los gobernadores el traspaso de pozos es una oportunidad. Incluso fue planteado a principio de año en la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), siempre y cuando se produzca el traspaso. “La cuestión es el traspaso de área para que exista una posibilidad de que trabajen empresas más pequeñas, mejor posicionadas y con menos costos fijos, a las que les resulta viable operar en cuencas convencionales maduras. Esto a nosotros nos va a beneficiar con mayor inversión y perforaciones, mantenimiento de la producción o que el decline sea menor», señaló a Tiempo en ese entonces el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez.
El caso es que los gobernadores no son los únicos enojados, ya que también se quejan los gremios que agrupan a los trabajadores petroleros. De hecho, en YPF creen que el motor de la protesta de los gobernadores son los gremios.
En Santa Cruz, este lunes fueron miles los trabajadores del sector los que se manifestaron en Cañadón Seco por la salida que calificaron de desordenada de YPF de los yacimientos maduros de petróleo de la Cuenca Del Golfo San Jorge, luego de que la empresa anunciara que para ese proceso habrá despidos a partir de abril.
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