El acampe que se sostiene frente el Comando Radioeléctrico I en la ciudad de Posadas gana cada vez más apoyo frente a la grave crisis económica. Además de policías y retirados, se sumaron profesionales de la Salud, judiciales, guardaparques y docentes, quienes también realizan multitudinarios cortes de ruta. En Mendoza y Corrientes también hay protestas.
Al lugar del acampe fueron la mitad de los guardaparques del distrito. Jorge Bondar, jefe del cuerpo de Guardaparque de Misiones, señaló que se sumaron acompañando a la situación que están viviendo el personal de salud, el personal de seguridad, el personal docente y los otros sectores, «pero a su vez también para visibilizar lo que está viviendo el cuerpo de Guardaparques hoy por hoy en el territorio. Que no se aleja, no se aleja de la realidad que viven los otros sectores”.
“Los sueldos no llegan a la canasta básica; un guardaparques con 30 años de servicio, con la máxima categoría dentro del cuerpo de Guardaparques, con un sueldo de 600 mil pesos, ya prácticamente esperando su retiro. Entonces, no hay una movilización sindical, es una cuestión de motus propio. Hoy tenemos a 45 guardaparques, hemos garantizado la guardia mínima en las áreas protegidas. Y lo que está acá es la otra mitad del cuerpo de Guardaparques, porque no somos más que 110 en toda la provincia”, acotó.
Al término de la reunión del Gobierno provincial con representantes de la Policía local, que este lunes insumió largas horas, Ramón Amarilla, policía retirado y uno de los líderes del reclamo, sostuvo a los manifestantes que en la última reunión el Gobierno ofreció un 20% de aumento, cifra que fue considerada “una vergüenza” y por tal motivo pegaron el portazo sin firmar ningún acuerdo. En el momento confirmaron la continuidad del acampe policial frente al Comando Radioeléctrico I. “De acá no nos vamos a ir y la cosa se pone fea. Mañana bajan más agentes de otros puntos de la provincia. Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias. Se les va a incendiar la provincia. Dejaron juntar todos los sectores. Nos abandonaron”, lanzó.
No obstante, aún sin haber acuerdo, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en un video publicado en sus redes sociales, anunció una suba en la escala salarial de la Policía. Los montos oscilan entre los $1.036.956 y $488,263.20, lo cual se traduce en aumentos de entre el 78.24% y el 62.66%, dependiendo el rango, comparado con el mes de enero.
De esta manera, un comisario general que en enero de 2024 cobraba $581.785.70, en mayo 2024 pasará a cobrar $1.036.956, es decir un 78.24% de aumento. Un comisario mayor, en tanto, que inició el año cobrando $55,3103.50, en mayo percibirá $965,782.94 (74.61%), mientras que un comisario inspector pasará de los $534,566.50 a $920,933.47 (72.28%). Por su parte, un comisario que en enero percibió $478,548.70 ahora recibirá $789,997.36 (65.08%) y un subofical mayor pasará de $510,941.10 a $853,748.00 (67.09%).
La nueva escala también consigna que un sargento ayudante que en el primer mes del año percibió $448,452.60 ahora cobrará $745,327.00 (66.20%), al tiempo los sueldos de un sargento pasará de $354,788.10 a $583,073.40 (64.34%) y, por último, un agente que en enero tuvo haberes por $300,183.10 ahora llegará a $488,263.20 (62.66%).
El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, anunció dichos incrementos en su cuenta oficial de X. Informó que el aumento beneficiará “al personal que tiene estado policial”. Precisó que “estos montos corresponden a zona capital y son mayores para las otras zonas. Estos aumentos también impactan en horas extras y adicionales”. Y sostuvo: “seguiremos trabajando para que los misioneros puedan ir recuperando su poder adquisitivo ante el difícil escenario de crisis nacional, bregando siempre por la armonía, el trabajo y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública”.
Este lunes, al cabo del infructuoso encuentro entre las autoridades y los policías, Amarilla alertó: «se va a venir un estallido social». Y anticipó que son cada vez más los sectores que se sumaron a los reclamos salariales: «Se viene algo muy grave».
Este martes, según informó La Voz de Misiones, el fiscal de Instrucción René Casals solicitó al juez Ricardo Balor una serie de medidas tendientes a identificar la totalidad de los móviles policiales utilizados para la protesta que se realiza frente al Comando Radioeléctrico y a requerir su devolución. Mediante un escrito, la Fiscalía solicitó que se oficie a la Jefatura de Policía a fin de que confeccione un listado de los móviles denunciados como robados y se lleve a cabo un relevamiento aéreo “por medio de drones u otras herramientas que no atenten contra la seguridad de los manifestantes” en las inmediaciones de la protesta.
Requirió que “se libre oficio bajo apercibimiento de ley para instar a los sindicados referentes o portavoces de la protesta a la devolución de los vehículos oficiales de la fuerza provincial”. Cabe mencionar que al menos 30 móviles de la institución fueron contabilizados por la prensa en las inmediaciones, entre los que se contaron camionetas, motocicletas, trafics de la escuela de cadetes y un autobomba.
Mientras la aguda crisis social y la ola de protestas desatada en Misiones no logra apaciguarse con las magras ofertas salariales del Gobierno provincial, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció en Radio Rivadavia acerca del comité conformado a los efectos. “Estamos en un comité de crisis con el gobernador. No nos metemos con los conflictos con los docentes, ni con otros sectores. Ahora, en seguridad no puede haber una Policía que abandone a los ciudadanos y abandone su tarea. Ahí estamos nosotros”, aseveró.
No obstante, cabe recordar que hace unos días, los docentes que cumplían una medida de fuerza a través del corte de ruta denunciaron amenazas por parte de la Gendarmería Nacional, una fuerza federal. Respecto al conflicto con la policía local, manifestó: “Si un gobierno provincial se siente sobrepasado y siente que corre riesgo la población porque la Policía está levantada, entonces nosotros acudimos”.
Cabe destacar que el foco de la protesta involucra a policías y retirados de la provincia, y que la intervención de las fuerzas federales podría exacerbar la violencia social y las tensiones que ya se respiran en las calles. “Mandé gendarmes, prefectos y efectivos de la Policía Federal que hoy están patrullando Posadas y los lugares donde no estén los policías. Cuidando bancos, cuidando la casa de gobierno, las instituciones”, indicó. Asimismo, apuntó que “ahí donde la Policía de Misiones no está, vamos a estar nosotros, no vamos a dejar al pueblo misionero sin seguridad”.
Docentes de diferentes escuelas y puntos de la provincia de Misiones continúan con reclamos, manifestaciones y cortes de ruta. El Gobierno provincial solo logró acuerdo salarial con dos sindicatos: Unión de Docentes de la Provincia (UDPM) y del Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp). Con la gran mayoría, la oferta salarial fracasó y, asimismo, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) anunció que el gobierno suspendió la reunión prevista con otros gremios disidentes.
“El gobierno acaba de suspender la mesa con los sectores en lucha. Alega que el acuerdo de este lunes es todo lo que van a dar. Ahora más que nunca hay que salir a las calles y concentrar las distintas movilizaciones”, comunicaron.
La situación ya superó los límites de Posadas. Los docentes realizan sostienen tres cortes de ruta: uno en la autovía de la ruta 12 (donde hubo más de 5000 maestros y maestras protestando), en cercanías al acceso a la reserva ecológica El Puma, otro a la altura del peaje de Colonia Victoria y por último, sobre la ruta nacional 14, en las cercanías al acceso de la localidad de Salto Encantado. Según trascendió en La Voz de Misiones, hay movilizaciones en las localidades de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Wanda, Libertad, Comandante Andresito y San Antonio.
Por otra parte, este jueves 23 de mayo, la Unión de Docentes en la provincia de Misiones se adherirá al paro nacional de docentes convocado por CTERA y gremios agrupados en la CGT en reclamo por falta de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno nacional. La medida de fuerza afectará a todos los niveles del sistema educativo (inicial, primaria, secundaria, técnica, institutos de educación superior y nivel universitario).
Según publicó El Territorio, el paro se debe al estancamiento de las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que no llamó a paritaria nacional docente ni contestó los reclamos salariales. Asimismo, ante la negación de darle continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El estallido social de Misiones tuvo su eco en diferentes sectores del país. Así, en Mendoza, los empleados y funcionarios judiciales votaron en una asamblea realizada este lunes continuar con el paro una semana más debido a un fuerte reclamo salarial que comenzó hace dos semanas. Según informó Diario Uno, el gobierno provincial –al igual que hizo Misiones con la Policía- les dio por decreto un aumento del 10%, pero los gremialistas aseguraron que en el bono de sueldo representa menos. Además, aseguraron que la mitad está por debajo de la línea de la indigencia, otros no superan la línea de la pobreza y ninguno llega a la canasta básica.
En una medida que algunos califican como histórica, los empleados y funcionarios judiciales de Mendoza decidieron seguir con la lucha y la medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que afecta plenamente el normal funcionamiento de la Justicia. Aseguran que varias oficinas fiscales cerraron sus puertas por no tener personal para trabajar.
Por su parte, en Corrientes, tras una protesta por reclamo salarial de la Policía, retirados, docentes y empleados públicos, se anunció un aumento del 10% en el sueldo de los estatales a partir de mayo. Según publicó Corrientes Hoy, el gobernador Gustavo Valdés expresó que “terminamos de cobrar mayo y vamos a anunciar un aumento de sueldos para junio, aún teniendo en el medio el aguinaldo”. Y agregó: “El aumento será de al menos el 10 por ciento incluyendo los pluses. Vamos a seguir acompañando el esfuerzo del empleado público, sin tirar manteca al techo”.
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