La entidad internacional declaró al registro audiovisual como patrimonio documental de la humanidad.
Al trabajo audiovisual “lo venimos haciendo desde 2006, cuando empezaron a realizar los juicios por crímenes de lesa humanidad tras declarar la nulidad de las leyes de impunidad y continuamos registrando en la actualidad”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Hubo treinta postulaciones que fueron consideradas válidas, “pero se resolvió la inscripción de veintitrés, entre ellas, salió favorecida la nuestra”, agregó.
El material recopila “veintiún juicios y dos que continúan en pleno desarrollo”, detalló el letrado. Además, fue reconocido por los Tribunales Federales “que convocaron a nuestro organismo para filmar los debates orales en el territorio de la provincia de Buenos Aires”, aseguró.
Registrar las audiencias de los juicios “tiene como objetivo fortalecer el concepto del principio de publicidad, fomentar su difusión y crear un archivo de acceso público que documente el proceso judicial, los testimonios de las víctimas y sus familiares”, enfatizó el secretario ejecutivo.
Es muy valioso el reconocimiento internacional, “porque llegó en un momento muy crítico para el futuro de los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en el que abundan los discursos negacionistas y de odio”, advirtió García. Siguió explicando que lo dice “por la reciente llegada al gobierno nacional de una fuerza política que niega sistemáticamente los crímenes cometidos por los genocidas y pretende legitimar el accionar represivo durante la última dictadura cívico-militar”.
En el inmenso trabajo de registración, entre 2006 y 2013, se realizó con soportes analógicos, completaron 532 casetes MINI DV y 208 casetes HDV, mientras que desde 2013 a la actualidad, con registros en formato digital, acumularon 16 terabytes con material de juicios. Todo el archivo audiovisual fue descargado en copias digitales de seguridad y guardado en discos externos y servidores.
Cabe destacar, que en 2010 la Corte Suprema convocó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) “para sistematizar el registro audiovisual de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, recordó el secretario ejecutivo.
En esta misma fecha surgió el programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) que coordinaría el INCAA y “nos convocaron para consultarnos, porque reconocen la experiencia de nuestro organismo en la registración fílmica desde que empezaron los juicios”, celebró el abogado.
Luego de esto, firmaron distintos convenios con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), también con las de San Martín, Quilmes, Mar del Plata, Bahía Blanca y la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el fin de registrar los juicios en las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
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