El avance de una obra vial en la zona de San Javier continúa sin el aval de pobladores de la zona. La intimidación de grupos civiles y la causa en curso.
Por todo ello, intervino la justicia de Villa Dolores, durante los últimos días las víctimas fueron llamadas a declarar por las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufrieron. También recibieron una respuesta de la Municipalidad del pedido que hicieron sobre la democratización del proyecto y la debida comunicación a los pobladores del lugar sobre lo que están haciendo. Sin embargo, las y los ciudadanos sostienen que la información que les brindaron es incompleta y que, además, se contrapone con lo que ellos ven en la práctica.
“En los últimos días estuvieron llamando a declarar a todas las personas que fueron agredidas física y verbalmente cuando intentaban impedir que las topadoras destruyeran el poco monte que nos queda”, contó Luis Jiménez, integrante de la organización Guardianes del Monte Traslasierra, a Tiempo. Lo están haciendo en la “comisaría de San Javier”, la causa transita en la Fiscalía N°1 de Villa Dolores, “a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana”, agregó.
“Por el momento las máquinas están trabajando en un lugar que no hay bosques, se retiraron un poco cuando el caso tomó estado público”, informó Jiménez. Continuó relatando muy preocupado que “nosotros desde la organización tenemos la firme sospecha de que se viene algo más grande y feroz de los que ya hemos padecido”, cerró el guardián del monte.
Cuando explotó este conflicto, el 1° de agosto, decenas de organizaciones sociales, de Derechos Humanos y partidos políticos, redactaron un comunicado y denunciaron que estaban destruyendo con topadoras los bosques que son fundamentales para el desarrollo de la vida humana y animal. Los maquinistas contaban con el apoyo de varios hombres que se manejaban en camionetas 4×4 blancas, fueron quienes golpearon a mujeres y hombres que intentaban proteger los árboles molles que hay en el lugar.
Denunciaron que están violando la Constitución Nacional, también muchas Leyes provinciales y nacionales que protegen el ambiente sano. Las víctimas describieron lo sucedido como un procedimiento mafioso y violento. Además, se quejan de una práctica antidemocrática al no comunicar a los ciudadanos que habitan el lugar sobre la existencia legal de una obra pública-vial como legalmente corresponde.
En los últimos días la Municipalidad de San Javier les respondió el petitorio colectivo que hicieron los ciudadanos con las organizaciones, pero dicen que no les informa de nada, que es muy parcial, que ellos ven una obra de magnitud gigantesca y no de mejoramiento.
El concejal del partido político Nuevo Encuentro, Marcelo Bassani, durante el diálogo que mantuvo con este diario explicó que efectuó desde el Concejo de Deliberante a Vialidad Provincial fue para, “obtener información sobre el desarrollo de asfaltado que están realizando, pedimos un plano, pero la respuesta que nos dieron fue muy negativa en cuanto a la documentación que nosotros pedimos y que por Ley corresponde”.
“Nos informaron que la obra incluye el ensanchamiento de la ruta y banquina. También solicitamos al ejecutivo municipal de San Javier que se constituya en órgano de contralor de la obra que están haciendo”, detalló Bassani. Siguió contando que llegó la respuesta desde Vialidad Provincial con información “incompleta y sin el plano de la obra”.
“Lo concreto es que nos dicen una cosa que no se compara con lo que nosotros vemos en la práctica. Es una obra de gran magnitud, es decir, como si estuvieran por construir una autopista”, describió el concejal de Nuevo Encuentro. Finalizó subrayando que de ser así, “cuando retomen ciertos tramos de los kilómetros que tiene que asfaltar, con el ancho que tiene la obra, ahí si van a destruir el poco bosque que nos queda”.
Cabe destacar que cuando empezaron con la obra vial derribaron árboles con las topadoras en el camino del Rodeo de Piedra, donde sucedieron los hechos de violencia que fueron denunciados para las y los pobladores del lugar.
Todo esto preocupó al pueblo y las organizaciones sociales, quienes denunciaron que les queda menos del 3% de los bosques nativos, que están en alto valor de conservación en toda la provincia de Córdoba, por lo cual el desmonte resulta de grave peligro para el ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana.
“La Constitución Nacional nos enseña que tenemos derecho a un ambiente sano y para eso un bosque nativo es fundamental, tanto para el desarrollo de la vida humana como así también la animal”, reclamó Jiménez, guardián del Monte. Finalizó denunciando que la respuesta que recibieron “no nos brinda los Estudios de Impacto Ambiental que corresponden y que nosotros solicitamos con especial preocupación”.
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Es terrible la falta de cuidado hacia el monte que viene de provincia
Por favor que termine este mandato antes que Schiaretti termine con nuestros bosques !!