Los gremios mayoritarios se oponen a esta iniciativa y denuncian que son “prácticas que promueven la persecución”. La Legislatura porteña presentó dos proyectos, uno de ellos pide la derogación del nuevo reglamento escolar.
El punto tercero del artículo 75 dentro del capítulo VII de las “Prohibiciones para el Personal Docente”, estipuladas en el nuevo reglamento escolar, señala: «Expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados en religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia».
Ante esta situación, desde la Unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTERA, manifestaron: “rechazamos y repudiamos el contenido del artículo 75 del Reglamento Escolar por censurar la libre expresión, favorecer prácticas que promueven la persecución de las y los docentes e instalar silenciamiento de las inquietudes y necesidades de las y los estudiantes”.
En el mismo sentido, el sindicato porteño rechaza “la utilización de la denominación «menor» lo que claramente va en contra de la ley 26061 cuyo paradigma rector pone a las y los niños, niñas y adolescentes en el lugar de sujetos de derechos y no de objetos de protección que no poseen la capacidad de ejercer sus derechos. Por otro lado, hablar de «menores» implicaría hablar de la contra categorización y la afirmación de la existencia de un par opuesto «un superior» lo que atenta contra toda subjetividad”.
Por su parte, desde la asociación docente ADEMYS, señalaron a este medio que “claramente este nuevo reglamento de Jorge Macri va en sintonía con lo que está pasando en el país, con Milei; y en la ciudad con Macri”, expresó la secretaria adjunta Amanda Martín.
Para la docente y referente sindical, esta situación es muy grave y atenta contra derechos conquistados y la libertad de expresión: “Estos artículos refieren a prohibir que los docentes tengan una opinión y la manifiesten en el seno de la libertad de cátedra que existe en la educación, refiriéndose a temas tan amplios como problemáticas sociales, política, religión, sexualidad. Y además solicita que si un estudiante expresa una opinión sobre estos temas, se debe dar intervención especialista que, por cierto, no existen en las instituciones educativas”, agrega y concluye: “Por eso decimos que es un instrumento para perseguir a los docentes, seguir maltratándolos en línea con la persecución que estamos viviendo las mujeres, las diversidades sexuales y de género en la Argentina y también en la Ciudad de Buenos Aires. Macri se parece cada vez más a Milei”.
El parlamento porteño presentó una Declaración de Preocupación por el nuevo Reglamento Escolar que propone el Ministerio de Educación de la Ciudad.
«Con la modificación de este reglamento están cruzando un límite. Es preocupante porque va en contra del espíritu de la escuela y la educación, restando espacio para el diálogo y la reflexión. Los docentes siempre fueron quienes mejor abordaron estas temáticas en el aula, habilitando el intercambio y la escucha. La escuela tiene que seguir siendo ese lugar donde se pueden dar diálogos respetuosos y con libertad”, manifestó la diputada de UxP Maru Bielli, quien presentó y redactó el documento.
«Una vez más esta gestión propone sumar circuitos burocráticos a la tarea cotidiana de maestros y maestras que ya es muy compleja y además siguen sobrecargando a las conducciones, en este contexto donde las escuelas reciben múltiples demandas producto de la situación socioeconómica que estamos atravesando”, agrega Bielli y termina: «Es una medida más en la carrera que está haciendo Jorge Macri para ser el mejor alumno de Milei replicando la agenda antiderechos”.
En el mismo sentido, el diputado porteño de izquierda, Gabriel Solano, presentó un proyecto de Ley para derogar la nueva reglamentación del Ministerio de Educación porteño.
“En la Ciudad, Jorge Macri quiere establecer la ‘santa inquisición’ en las escuelas. Como miembro de la Comisión de Educación estoy presentando un proyecto para anular las modificaciones realizadas por el gobierno”, señaló Solano.
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