La dirigente de izquierda Vilma Ripoll rechazó el pliego que la gobernadora Vidal envió al Senado bonaerense para imponer su funcionario. Es el segundo rechazo formal.
Como señaló días atrás la relatora especial de la ONU que vino al país, no adherir al protocolo nacional de aborto no punible es violar los derechos humanos. Y eso hicieron Conte Grand y la propia gobernadora, disparó Ripoll. Y advirtió: Si por algún pacto o reparto de cargos la oposición en el Senado termina aprobando a Conte Grand, voy a apelar ante la Corte Suprema de la Nación, el CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En su rechazo, la dirigente remarcó que el cargo de procurador es de suma importancia en la provincia y basó su impugnación en cinco puntos: el primero señala que Conte Grand no cumple con los requisitos de la Constitución Bonaerense, porque no tiene domicilio en la Provincia (art. 181) y que viola el artículo 175 porque no respeta los derechos humanos. El segundo punto declama que el funcionario no tiene imparcialidad política.
En el tercer punto de la impugnación, Ripoll asegura que el secretario de legal y Técnica bonaerense es homofóbico. En la argumentación, recuerda que en un texto de su autoría titulado La transformación del orden público, de 2009 consideraba una desmesura y un atentado al orden público el derecho al Matrimonio Igualitario. Esta y otras declaraciones de similar tenor confirman que Conte Grand no es ninguna garantía de no discriminación a la comunidad LGBT, aseguró la dirigente del MST.
En los últimos punto lo rechazó por misógino y porque no respeta los derechos humanos. La primera de esas acusaciones se basa en la marcha atrás a la adhesión provincial al protocolo de Aborto No Punible (ANP) del Ministerio de Salud de la Nación, que había resuelto la cartera bonaerense. Como Secretario Legal y Técnico provincial Conte Grand se negó a rubricar esa Resolución 2095/16, impidiendo su publicación y frenando arbitrariamente la aplicación de una norma ministerial que cumplía con una orden de la Corte Suprema, denunció la dirigente y citó una al diario Clarín del 25 de octubre pasado. Además, aseguró que presionó a Vidal para dar marcha atrás, al desautorizar a la ministra de Salud siendo un funcionario de menor rango.
Además, aseguró que esa actitud constituyó una violación a los derechos humanos.
Conte Grand fue propuesto por Vidal para la Procuración General de la Corte el 18 de noviembre pasado, apenas tres días después de que Falbo presentara su renuncia, que se haría efectiva a partir del 3 de diciembre. Apenas su pliego ingresó al Senado, el CEPIS -la ONG que frenó el tarifazo del gas- pidió a la Justicia que de cuenta si cumplía con el requisito constitucional de domiliarse en la Provincia en los últimos dos años.
Poco después, el 30 de noviembre, el abogado Guillermo Moviglia presentó una impugnación formal en la Cámara Alta en la que rechazó el pliego del funcionario en base a cuatro puntos: que no cumple con el requisito constitucional de estar domiciliado en la provincia y que no acata las pautas de la ley 14.442 (de ministerio público), cuestionó su idoneidad para el cargo y que la postulación de un hombre del riñón del partido de gobierno cercena la independencia del Poder Judicial.
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