El sorpresivo accionar de la Gendarmería que no comunicó a la policía provincial tuvo la finalidad de incautar pruebas relacionadas con la decisión del Ejecutivo de llamar a elección constituyente.
El sorpresivo accionar de la Gendarmería que no comunicó a la policía provincial, fue por requerimiento del fiscal Fernando Ballestar Bidau y el juez de Instrucción, Sergio Pepe, con la finalidad de incautar toda prueba que esté relacionada con la decisión del Ejecutivo Provincial de seguir adelante con el llamado a elecciones a Convencionales Constituyentes, a pesar de haber una resolución del Superior Tribunal de Justicia de suspender ese acto eleccionario.
Desde el gobierno provincial cargaron tintas contras “un sector de la justicia aliado a un sector de la política”. Y es que como contó Tiempo, los distintos espacios políticos de Tierra del Fuego – salvo el del gobernador- consideran que la reforma de la carta magna es “innecesaria” y califican las intenciones del gobernador como “oportunistas” para avanzar en una re reelección en 2027.
Ante el hecho, el jefe de Gabinete de Melella, Agustín Tita se mostró sorprendido por el procedimiento y señaló: “No les gusta una ley que fue aprobada por los dos tercios de la Legislatura y por eso recurren a todo lo que esté a su alcance para impedir lo que la enorme mayoría de los espacios políticos y sociales fueguinos están demandando”.
“Desconozco si es porque se ven amenazados en sus privilegios o cuál es la razón. Pero en democracia y en un orden republicano, el sistema funciona a través de un principio que debería ser sagrado: la decisión del soberano, que es quien elige a sus representantes”.
La medida se da en el marco del recurso de amparo y planteo de inconstitucionalidad que elevó el legislador provincial de Somos Fueguinos, Jorge Lechman. Y es que se acusa al gobernador Gustavo Melella de “introducir una fecha falsa para intentar justificar que el decreto fue firmado dentro de los plazos” establecidos por ley de la Legislatura.
Según se explicó en la isla, el Fiscal solicitó se investiguen hechos con potencialidad delictiva, como la conducta que habrían desplegado funcionarios del Poder Ejecutivo provincial consistente en haber desobedecido a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
El Fiscal señaló que conforme los hechos denunciados por el legislador, funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia habrían desobedecido la medida cautelar dictada el 6 de agosto de 2024 por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en autos “Lechman, Jorge Andrés c/Provincia de Tierra del Fuego AeIAS/ Acción meramente declarativa” (Expíe. 4646/24), en trámite ante la Secretaría de Demandas Originarias del alto estado.
La medida cautelar ordenó la suspensión del acto electoral fijado por el Decreto 1656/2024, y lo resuelto en consecuencia por el Juzgado Electoral de la provincia, en fecha 8 de agosto que, entre otras medidas, dejó sin efecto el cronograma electoral.
Es así que, encontrándose vigente la medida cautelar referida y el resolutorio del Juzgado Electoral, el Poder Ejecutivo de la Provincia habría proseguido con el acto eleccionario al publicar en el Boletín Oficial el Decreto mediante el cual se convoca a elecciones constituyentes para el día 10 de noviembre de 2024.
En las próximas semanas, la justicia provincial deberá dar su veredicto respecto a la validez de la convocatoria, el gobernador podrá apelar la medida en caso de que sea por la negativa. Si obtuviera una decisión a su favor, en los próximos meses se deben definir alianzas y candidaturas para ir a la elección de 15 constituyentes que se abocarán a la tarea de debatir la modificación de más de 70 artículos de la Constitución provincial.
En sus épocas de intendente de la localidad de Río Grande, el juez interino Andrés Leonelli ordenó en 2016 un allanamiento en la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad tras una denuncia por presuntos sobre precios en contrataciones de las empresas Lapabros Automotores SA, Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios SA y/o Patagonia SRL.
Más adelante, en 2018, volvieron a allanar el despacho del intendente, en las instalaciones de dos obras que ejecutaba la Municipalidad y en dos empresas particulares, denominadas Vaquera y Patagonia por sospechas de malversación de fondos en torno a obras públicas, tales como el mantenimiento de espacios públicos, como en la construcción del polo tecnológico.
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