Se trata de la causa en la que la fiscal Paloma Ochoa había pedido la indagatoria de ambos y también la del director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos.
Se trata de la causa en la que la fiscal Paloma Ochoa había pedido la indagatoria de ambos y también la del director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos, tras haber detectado incumplimientos en la conducta de Vandenbroele e irregularidades en la administración de fondos y su extensión en el tiempo.
Ercolini no sólo rechazó indagar a los imputados sino que, sin escucharlos, los sobreseyó. La fiscal Ochoa apeló, pero la Cámara resolvió hoy –con argumentos que fueron desestimados en otras causas contra funcionarios del gobierno 2003 – 2015, especialmente Cristina Fernández de Kirchner- que los sobreseimientos fueron la decisión adecuada.
El fallo de Cámara exculpó a Garavano porque “las dos intervenciones que registró fueron precedidas por la opinión favorable de distintas áreas administrativas las que intervinieron según sus órbitas de competencia”. Pero además, destacó que “el hecho de no ser él quien administraba el patrimonio del Programa ya lo exime de ser autor del delito cuyo reproche se pretende -defraudación a la administración pública– por no tener las características específicas que el tipo requiere”.
En la Causa Vialidad, las aprobaciones de todos los contratos de obra pública por los que la vicepresidenta fue condenada también estuvieron “precedidas por la opinión favorable de distintas áreas administrativas”. Más aún: fueron convalidadas por las leyes de Presupuesto, con intervención del Congreso. En el mismo expediente, Cristina Kirchner tampoco “administraba el patrimonio”, que dependía de la Dirección Nacional de Vialidad.
Con un criterio muy diferente, en primera instancia Ercolini “receptó favorablemente la defensa del imputado, quien aludió a su desconocimiento sobre las circunstancias reseñadas”. Entre esas circunstancias figuraban haberle provisto fondos a Vandenbroele durante dos años y tres meses cuando el lapso máximo que establecer la ley es de seis meses. Además, le financió el traslado a Mendoza, un emprendimiento hotelero y un regreso a Buenos Aires para pasar las fiestas de fin de año. Como si eso fuera poco, Vandenbroele también se vio beneficiado con la regularización de su situación frente a la AFIP.
Lo dice la propia resolución, al citar la apelación de Paloma Ochoa: “el imputado habría tomado conocimiento de que se había incurrido en gastos injustificados, tales como la localización del imputado en la provincia de Mendoza, su traslado para festejar año nuevo, la financiación del proyecto ‘La Masia’ y la regularización de su situación impositiva”.
La Cámara justificó que se le pagaran fondos durante mucho más tiempo que los seis meses estipulados en la norma: “ella (la ley) está llamada a coadyuvar la situación de las personas que se incorporan al programa, promoviendo y persiguiendo su protección. El análisis de las situaciones que se van suscitando y las conductas de quienes son sus beneficiarios no puede perder de vista ese sentido. En este contexto, entonces, la aplicación férrea de los plazos establecidos en el articulado de la ley no puede tener primacía por sobre el riesgo de desnaturalizar la salvaguarda que motivó a la sanción de la norma”.
Dicho de otro modo: el tribunal interpretó que cuando los legisladores fijaron un plazo de seis meses para la vigencia de la ayuda económica, en realidad no quisieron decir seis meses sino “el tiempo que fuera necesario”. Claro que dijeron, votaron y aprobaron “seis meses” y no “el tiempo necesario”. Los jueces interpretaron una ley y le cambiaron la letra.
Respecto del financiamiento del hotel, el fallo firmado por Llorens y Bruglia sostiene que “el tenor de gastos incurridos y el destino que estos tuvieron quedan amparados bajo el espíritu de la norma en tanto hayan servido al fin último de brindar protección y ayuda económica a quien lo necesitara, luego de la ineludible alteración que sufre la vida de quien colabora con la justicia en el descubrimiento de hechos delictivos de gravedad”.
Y, respecto de la regularización de su situación frente a la AFIP y el pago del viaje para pasar Navidad con su familia –consentidos por el titular del programa, Lagos- según los camaristas “no superaron las atribuciones inherentes a su función de director por lo que resulta adecuado el mérito recaído a su respecto”.
Vandenbroele permaneció en el programa desde el 13 de noviembre de 2017, cuando manifestó su intención de declarar como arrepentido en la Causa Ciccone, hasta el 28 de febrero de 2020. Durante ese lapso, recibió 4.478.559 pesos. Si bien la ley dice que “en ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis meses”, poco antes de dejar la presidencia Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extendió ese plazo hasta un máximo de 36 meses, en caso de cumplirse condiciones excepcionales de necesidad de protección al imputado colaborador.
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no paran, es increíble la protección que tienen estos malandras, Bruglia y Bertuzzi, es mucho no era que estaban subrrogando? no pueden ni echar a Casal??!! asi no va más y encima si ganan te encargo ...no se si publicar este comentario porque va a ser una caza de brujas, sedan cuenta los dirigentes de esto?? Soria Alberto etc etc van por ustede seguro .....lo dicen además