El Tribunal Oral Federal de General Roca calificó a las acciones de los prefectos como exceso en la legítima defensa, tal como lo había solicitado la Fiscalía. La querella había argumentado que se probó que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo, que habían desobedecido las órdenes de esperar refuerzos y habían subido a la montaña con armas letales.
Según informó Santiago Rey para Télam, el tribunal integrado por Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto en una audiencia que comenzó a las 9 de la mañana con las palabras finales de los procesados donde reafirmaron su legítima defensa. Hubo un fuerte despliegue de vallado y seguridad en las inmediaciones del juzgado, en tanto que en la calle se manifestaron comunidades mapuche y diferentes organizaciones sociales en apoyo a los familiares de la víctima. En la lectura del fallo estuvo presente Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación y querellante en la causa. También acompañaron familiares de víctimas de violencia institucional.
Durante el proceso judicial, las tres querellas participantes del juicio habían solicitado una condena de prisión perpetua para los cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
El juicio oral había comenzó el 15 de agosto pasado y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho. Cabe recordar que la Fiscalía, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, requirió cinco años de prisión para cada uno, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”. Es decir, tuvo por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Por su parte, los abogados defensores de los Albatros, entre los que se encuentran Marcelo Hugo Rocchetti – exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, pidieron al Tribunal la absolución de todos por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.
No obstante, el abogado Mariano Przybylski, por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos. Durante su alegato, planteó que había quedado acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad. Los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo por lo que el cúmulo de pruebas y testimonios demostraron que los procesados “desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña en búsqueda de los mapuche”. En este sentido adhirieron las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, quienes incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.
“Vamos a seguir pidiendo justicia por Rafita, porque no estamos conformes con la sentencia que dieron, es una burla de la Justicia”, dijo Graciela Salvo, madre de Rafael Nahuel a Río Negro Radio, tras la lectura del veredicto, afuera del juzgado. En tanto que confirmó a Cítrica que acudirán a las instancias de derecho internacional.
Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki, también se izo presente. “Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado”, dijo a Télam.
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