Con una pequeña ayudita de Transporte, las low cost buscan dejar atrás la mala fama

Nueve aerolíneas low cost solicitaron este miércoles autorización para volar 510 rutas aerocomerciales locales, regionales e internacionales en la segunda audiencia pública organizada por el gobierno nacional, esta mañana en el porteño Teatro de la Ribera.

Las firmas son Argenjet, Avian, Buenos Aires International, el Grupo Lasa, Just Flight, Polar, Servicios Aéreos Patagónicos y Servicios Emprendimientos Aeronáuticos, además de Norwegian, una de las dos empresas más importantes del segmento de bajo costo a nivel mundial.

Durante sus presentaciones las empresas negaron su pertenencia a la categoría low cost y se definieron partidarias de un servicio «eficiente» capaz de garantizar la «conectividad» que, aseguraron, demandan los pasajeros, el sector privado y las provincias. En esa línea, las compañías remarcaron que no tienen intenciones de ofrecer sus servicios a precios más bajos que los de Aerolíneas. 

En realidad, el primero que dejó de hablar de «bajo costo» y todo lo que ello implicaba en materia comercial y laboral fue el propio promotor de la aviación «ajustada» en el país, nada menos que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien tras la polémica que desató la llegada de la competencia internacional cambió paulatinamente su definición de esas empresas.

En la apertura de la segunda audiencia pública, Dietrich defendió a las compañías que se presentaron a las audiencias, como un propulsor de la actividad de Aerolíneas Argentinas, que, aventuró, resultará «beneficiada» por la competencia que le plantean los nuevos actores del cielo nacional.

Pero el fetiche en el acto de este miércoles fue la «conectividad», objetivo de fondo con el que la administración nacional y los gobiernos de las provincias, así como las cámaras de turismo que se presentaron a brindar sus argumentos, buscaron justificar a las empresas que aspiran a volar de este lado del mundo. 

Entre las nueve empresas solicitaron permisos para operar 510 rutas divididas entre 203 de pasajeros de cabotaje, 300 internacionales y 7 de carga. Esas rutas, destacaron, conectarán a 61 ciudades del país, 15 de las cuales hoy no tienen vuelos regulares. Además, argumentó la cartera transportista, las 304 rutas internacionales conectarán al país con 116 destinos de 41 países del mundo.

El acuerdo de esas partes incluyó el anuncio de inversiones por U$S 6.885 millones y la promesa de la creación de 10.315 puestos de trabajo directo y otros 73.600 de forma indirecta.

Pero, aunque el optimismo proliferó durante la audiencia, la distorsión logró meterse en el recinto teatral del barrio de La Boca, porque después de los insistentes intentos de Dietrich y las empresas interesadas por despegarse del problemático concepto low cost, aparecieron las provincias a reclamar pasajes a «precios competitivos» y a anticipar que ese reclamo será el eje «del debate que se viene».

Al cierre de esta nota, al menos dos funcionarios provinciales hicieron ese reclamo puntual en voz alta. Uno de ellos, el intendente de la turística San Carlos de Bariloche, Enrique Gennuso, aclaró su conformidad con la «conectividad» que ensalsaron funcionarios y empresas pero pidió concretamente «precios bajos» para turistas y firmas locales que transportan insumos y mercancías desde y hacia esa ciudad patagónica porque «necesitamos competitividad», remarcó.

A su turno, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Carlos Oheler, abogó por «tarifas competitivas» para los viajantes que definan ese destino norteño y adelantó que la discusión por esa competitividad será «el debate que se viene», un aviso que rompió con la línea de consenso que el gobierno intentó imprimirle a su llamado oficial.

A esa nota disonante se le acoplaron las reverberaciones del paro que los gremios aeronáuticos más importantes estaban realizando en el Aeroparque Metropolitano en reclamo de seguridad pero también contra las low cost. Dietrich en persona aprovechó para acusar a los sindicatos de usar a los pasajeros «como rehenes» y, desde el palco, un desorbitado intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, cargó contra los «traficantes de fracasos», como llamó a los trabajadores.  

Tras la presentación de las empresas, la autorización quedó ahora en manos del Ministerio de Transporte. Las líneas aéreas de bajo costo irrumpieron en el imaginario argentino en diciembre de 2015, con la llegada de Mauricio Macri al poder y de Guillermo Dietrich al Ministerio de Transporte.

La novedad levantó polvareda: el sector privado, el transportista y el turístico, así como también las provincias, se manifestaron masivamente a favor de los aspirantes a volar los cielos argentinos pero los gremios del sector sostuvieron una oposición enérgica a la aparición de estas empresas a las que inmediatamente leyeron como una amenaza, no solo para la empresa nacional Aerolíneas Argentinas sino además para los convenios colectivos de trabajo.

La polarización creció durante todo 2016. Muchas empresas manifestaron su interés en operar el espacio aéreo local pero apuntaban contra las garantías laborales del país como «un obstáculo» para las inversiones. El gobierno realizó en diciembre la primera audiencia pública, que se realizó en diciembre de ese año con la postulación de Avian, FlyBondi, Andes, American Jet y Alas del Sur.

El Estado aprobó inicialmente los pedidos de rutas de las tres últimas, pero Avian y FlyBondi tuvieron que esperar varios meses después de que sus propuestas fuesen suspendidas por denuncias de conflictos de intereses que alcanzaban a varios funcionarios del gobierno, incluyendo a la familia del presidente, Mauricio Macri, en el caso de Avian, y al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el de FlyBondi. A esta última además se le reclamó que presentase avales concretos y pruebas de que su programa de inversión estaba desarrollándose con normalidad.