Con sólo cumplir tres promesas electorales, Trump pondría a México al borde de la bancarrota

Tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto, como los empresarios y los mexicanos de a pie, dentro y fuera de sus fronteras, comenzaron a vislumbrar que nada bueno se podía esperar de ese resultado.

Como toda la región, el país azteca había puesto todas sus fichas a la victoria de Hillary Clinton. Pero no hay otra nación en América Latina que pueda sufrir tanto. Con que Trump cumpla totalmente o en parte con solo tres de sus promesas de campaña, la economía mexicana soportaría golpes mortales: la anulación o modificación del Tratado de Libre Comercio (TLC), la deportación de millones de mexicanos que viven en EE UU y confiscar o gravar las remesas que esos migrantes envían a su país.

Desde que entró en vigor el TLC en 1994 (con Canadá como tercer miembro), el comercio internacional de México, y prácticamente toda su economía, quedó inexorablemente atado a EE UU. De los 380 mil millones de dólares en exportaciones totales de México en 2015, el 81,2% se destinó al país del norte. Claro que las empresas de EE UU también se benefician de la mano de obra barata al sur de Río Bravo y mudaron cientos de factorías. “Creo que van a forzar al gobierno mexicano a renegociar el TLC en condiciones de desventaja para nuestro país, ante la amenaza de unilateralmente cancelar el acuerdo”, considera Rosa Gómez Tovar, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La esperanza para México es que las multinacionales y el Congreso, aunque con mayoría republicana, frenen o morigeren las amenazas de Trump y que no cumpla con sus intenciones de matar un bloque que mueve más de 1,1 billones de dólares, y que genera unos 14 millones de puestos de trabajo, solo en EE UU. Los críticos destacan que EE UU pasó de tener un superávit comercial con México de 1700 millones de dólares en 1993 a un déficit de 54 mil millones de dólares en 2014.

“La amenaza más fuerte sobre el país es la renegociación del TLC, que en palabras de Trump, en caso de que no sea conveniente para EE UU, podría ser abandonado. Las economías de EE UU y México están unidas por ‘vasos comunicantes’, con una gran integración productiva y comercial, basada en la explotación de la fuerza laboral mexicana con bajísimos salarios. Las multinacionales industriales ya están ‘hablando’.

La Asociación Nacional de Manufactureros de EE UU advirtió de las consecuencias de las medidas proteccionistas”, expresa el sociólogo Pablo Oprinari. El columnista de La Izquierda Diario de México completa: “Los efectos de una salida del TLC afectarán muchísimo a México, pero también tendrán consecuencias para EE UU. Pero tampoco puede Trump olvidarse de las promesas, que le brindaron el apoyo electoral de muchos trabajadores blancos afectados por la relocalización productiva. La renegociación parece probable”.

Deportados y remesas

Más allá del drama humanitario que significaría deportar a los mexicanos indocumentados, el hecho tendría una consecuencia económica catastrófica.

De los 11 millones de latinos mal llamados ilegales que residen en EE UU y que Trump amenazó con deportar durante la campaña, se calcula que los mexicanos suman 5,8 millones. «Todas las leyes de inmigración van a ser aplicadas.

Cualquiera que entre al país ilegalmente será objeto de deportación», dice en su programa de gobierno. Tras la victoria, el republicano ratificó que, en lo inmediato, expulsará a entre dos y tres millones de personas que «tengan antecedentes criminales, sean pandilleros, traficantes de drogas», sin especificar nacionalidades. Pero los halcones más radicales de su entorno apuntan siempre a los mexicanos.

México tiene hoy una tasa de desempleo del 3,9% de la población económicamente activa, lo que implica 2,1 millones de personas sin trabajo, pero con una tasa de informalidad laboral de 58 por ciento. Recibir de golpe entre 2 y 3 millones de personas crearía un cataclismo laboral.

“Deportar a tal cantidad de personas pondría en entredicho algunos problemas estructurales de nuestra economía, que ha tenido dificultades para generar empleos formales bien remunerados. Por otro lado, el número de personas pobres no ha podido disminuir, en esa situación se encuentra el 52% de la población. La población que sea deportada necesitará empleo para cubrir sus necesidades. Sin embargo, la capacidad de la economía para generar empleos es deficiente”, considera la economista Rosa Gómez Tovar.

Por su parte, el sociólogo Pablo Oprinari coincide con su connacional, pero agrega otros aditamentos: “El peligro de las deportaciones masivas es un hecho, y es un aspecto con el que Trump pretende mantener el apoyo social logrado que le permitió ganar estados clave. El punto es que el plan de Trump no está exento de contradicciones. Los sin papeles trabajan en la agricultura, construcción y otros sectores, y constituyen la mano de obra más precarizada que les permite a las empresas incrementar sus ganancias, pero también presionar a la baja los salarios del conjunto de la clase trabajadora de EE UU. Si Trump quiere realizar algo así, tendrá que ofrecerles otros beneficios a los CEO. Si Trump lo logra, tendrá impacto en México. Por lo pronto, millones de personas que no tendrán empleo o deberán laborar en condiciones ultraprecarizadas”.

La deportación repercutiría en el tercer punto clave de las políticas de Trump que podrían afectar a México: el envío de remesas. En 2015 se recibieron 24.784 millones de dólares y entre enero y septiembre de este año se acumularon 20.046 millones de dólares, y ya superan a los ingresos por la exportación de petróleo. Para Oprinari, “hasta ahora se plantean dos posibilidades. La confiscación lisa y llana, o algún tipo de arancel o impuesto sobre las mismas. La importancia de las remesas es enorme y constituyen la segunda fuente de ingresos del país. Este año se esperan 27 mil millones de dólares. El efecto de esta medida en cualquiera de sus opciones, sería inmediato».

La reacción del gobierno de Peña Nieto hasta ahora es tibia. La única medida que se tomó es un plan de 11 puntos llamado “Estamos Contigo”, que contempla «información y orientación oportuna para evitar que sean víctimas de abusos y fraudes». Las acciones se pondrán en marcha a través de la Embajada de México y sus 50 consulados, y se aumentará el número de «consulados móviles o sobre ruedas». Entre otras disposiciones, se acelerarán los trámites para que los inmigrantes o sus hijos nacidos en su territorio cuenten con su documento de identidad, pasaportes y actas de nacimiento mexicanas.

México activará también una línea directa que estará disponible las 24 horas para atender cualquier duda migratoria o recibir denuncias de «incidentes».

“La actitud de Peña Nieto fue de clara subordinación política primero en la campaña y ahora más aún. Es un escándalo, por ejemplo, que ante la amenaza de deportaciones, la secretaria de Relaciones Exteriores solo diga que darán información y orientación oportuna a los migrantes. Al gobierno no le importan los millones de migrantes: quiere seguir ocupando el lugar de socio privilegiado que entregó a las trasnacionales el petróleo y preservar el Tratado de Libre Comercio, el símbolo del neoliberalismo”, opina categórico Oprinari. «