El Senado aprobó el proyecto para pagar la deuda recaudando recursos de los bienes no declarados en el exterior

El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ley del Frente de Todos que propone la creación de un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Bajo el lema “que al fondo se la pague los que la fugaron”, el oficialismo logró 37 votos positivos y 31 negativos de Juntos por el Cambio. El proyecto giró ahora a la Cámara de Diputados. 

Durante un largo debate que tuvo 21 oradores, el FdT argumentó que el proyecto no se trataba de la interna en el gobierno. Esa fue una de las acusaciones de la oposición. El oficialismo sostuvo que, desde Alberto Fernández hacia abajo, el objetivo del espacio es “sacarse de encima al Fondo”, como hizo Néstor Kirchner en el 2005.  

En ese sentido, el autor del proyecto, Oscar Parrilli, manifestó: “Algunos no nos van a acompañar porque tienen dudas y otros porque defienden a los evasores”. “Es cierto que tuvimos diferencias respecto al acuerdo que firmó nuestro gobierno con esa mochila pesada que es el FMI, pero todo nuestro espacio coincide en que no queremos que nos domine Fondo”, agregó el neuquino. 

Parrilli insistió: “Aquellos que dicen que esta es una cuestión internas les digo que todo el FdT no quiere gobernar con el FMI, pero lo tenemos encima. Nuestro objetivo claro es sacarnos de encima al FMI como lo hizo Néstor en 2005. No hay más equidad fiscal que esta herramienta que estamos creando”.  

En la oposición, la cordobesa Alejandra Vigo expresó su rechazo al proyecto. La schiarettista sostuvo: “Comparto la idea de cobrarle a los evasores y a los que se llevaron la plata afuera. Creo que este proyecto tiene intenciones contradictorias. Crea un fondo para pagarle a otro fondo y tiene el respaldo de muchos senadores que no apoyaron el programa de facilidades extendidas entre el FMI y el Estado Argentino para cancelar la deuda”. 

“De mínima este proyecto me resulta inconsistente e inconstitucional, más allá de la buena intención.  Este proyecto expresa una gran puja de cuál debería ser el rumbo económico de Argentina dentro del oficialismo”, añadió. 

Desde la vereda de enfrente, , el titular del bloque de Juntos por el Cambio, el radical Alfredo Cornejo, se preguntó: “Quién combate la fuga ilegal. Dejen de hacer demagogia porque van a explotar el país. Para ordenar la macroeconomía deben ordenarse políticamente si piensan distinto sepárense como cualquier pareja que no se entiende. Ojalá la sancionen en Diputados para ver cuánto logran recaudar. Lo único que han logrado es despegarse del gobierno de Alberto Fernández”, apuntó el mendocino.  

La presidenta provisional, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, condujo la sesión desde el principio. La vicepresidenta Cristina Fernández se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo ante la gira europea del presidente.

Previo al tratamiento del proyecto presentado por Oscar Parrilli, se aprobó un proyecto por el que se reconoce el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Norte Grande Argentino. 

Cerca de las 17, abrió el debate el senador de La Pampa Daniel Bensusán quien como miembro informante señaló: “Este proyecto tiene como objetivo la creación de un fondo que se va a conformar con los recursos provenientes de los pagos que se aplicarán sobre los bienes situados en el exterior y que no hayan sido declarados antes la AFIP”. 

Queremos evitar que los compromisos internacionales de pago incidan en las condiciones de vida de las personas trabajadoras y productoras que ya han sido duramente castigadas por la crisis economía generada por el gobierno anterior y por la pandemia”, afirmó. 

El proyecto propone crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. El mismo tendrá por objetivo la cancelación total de la deuda actual y futura con el FMI. Este fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. 

En Juntos por el Cambio se anticipó el rechazo al proyecto al que califican «un nuevo blanqueo». Además, sostienen que en la actualidad ya existen mecanismos para combatir la fuga. 

Según los artículos del texto, el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Congreso de la Nación, en el marco de las facultades establecidas por la ley 27.249 de Deuda Pública. Esta comisión también podrá informar y pedir informes al FMI. 

Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que sean titulares y/o posean participación societaria sobre los bienes mencionados en el artículo 7° del dictamen. 

Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de esta ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.

Serán objeto del pago los siguientes bienes: Tenencia de moneda nacional y/o extranjera; Inmuebles; Muebles, acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiario de fideicomisos o similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, criptoactivos y similares. 

El pago a ingresar por los sujetos obligados será el que resulte de aplicar el 20 % sobre la totalidad de los bienes enumerados en esta ley. Se contemplan una serie de beneficios para los sujetos obligados al pago que declaren y paguen en forma espontánea, voluntaria y sin la intervención de AFIP, y dentro de los 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley, siempre que se allanen en forma incondicional y/o desistan de cualquier reclamo administrativo y/o judicial.