La causa es la denominada "pasaportes truchos" de los futbolistas. Se inició en 2007 y desde el 26 de febrero 2014 se había declarado en rebeldía a un imputado fallecido 28 días antes.
El tribunal estaba ocupado en otros casos cuando de repente recordó aquel viejo expediente en el que –creía– se les había escapado un procesado. Si morir es una forma de escapar, pues entonces sí: se había escapado.
A mediados de la década de 2000, la nacionalidad europea facilitaba y propiciaba la venta de jugadores argentinos. Ello generó un expediente judicial con ribetes escandalosos, que se conoció mediáticamente como “la causa de los pasaportes truchos”.
La investigación tramitó ante el juzgado federal número cinco, a cargo del difunto juez Norberto Mario Oyarbide. Tras un sinfín de idas y vueltas, una parte de la causa fue elevada a la instancia de juicio oral, con Ramiro Carlos Quiroz Buschiazzo entre los acusados por los delitos de “asociación ilícita en carácter de miembro y falsificación de documentos públicos”.
Entonces los jueces Jorge Tassara (fallecido), Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini (dos que condenaron a Cristina Kirchner) firmaron un documento mediante el cual se citó a Quiroz Buschiazzo “para que se notificara personalmente de la integración del tribunal. Tal medida, resultó infructuosa y determinó que se declarara a Quiroz Buschiazzo rebelde y se ordenara su inmediata captura con fecha 26 de febrero de 2014”.
Giménez Uriburu es el futbolista amateur de La Liverpool, un equipo que jugaba partidos en la quinta privada del expresidente Mauricio Macri.
La causa de los “pasaportes truchos” pasó casi al olvido. Oyarbide renunció, luego fue imputado por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, durante la pandemia enfermó de Covid-19 y murió el 1 de setiembre de 2021. Su juzgado es ocupado hoy por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien aún tiene abierto un remanente de la investigación sobre la falsificación de ciudadanías europeas.
El tribunal oral parecía tener asuntos más urgentes (por llamarlo de alguna manera) que resolver. Es curioso: aunque la causa de los pasaportes truchos se inició en 2007, y la de la obra pública en Santa Cruz comenzó en 2016 –nueve años más tarde–, los jueces sacaron el fallo contra Cristina Kirchner mas no el que está en lista de espera desde hace una década.
En estos casos siempre está a mano el argumento (acaso haya que decir excusa) de que habiendo una parte de la investigación que todavía está en proceso, el tribunal prefiere esperar para enjuiciar a todos los imputados en un único debate.
Lo que resulta difícil de explicar son los diez años que transcurrieron desde aquella primera elevación a juicio y, sobre todo, que durante ese lapso nadie supiera dónde estaba un imputado que –en caso de condena– podía pasar hasta diez años preso.
No hay forma de corroborar si es cierto que el expediente de los pasaportes truchos haya aparecido en el fondo de un anaquel cuando estaban haciendo limpieza. Tiempo no se hará eco de esa teoría. Lo cierto es que semanas atrás el expediente resurgió y, con él, la situación de Quiroz Buschiazzo, a quien –al menos en lo formal– seguían buscando.
Entonces el juez Gorini se percató del “tiempo transcurrido desde la contumacia declarada a la fecha” y “teniendo en cuenta que podría encontrarse prescripta la acción penal perseguida, se requirió al Registro Nacional de las Personas que remitieran fichas dactiloscópicas obtenidas de las renovaciones del Documento Nacional de Identidad que hubiera realizado Quiroz Buschiazzo a efectos de actualizar sus antecedentes penales”.
La respuesta fue impactante. “El mencionado registro informó al Tribunal que el 2 de febrero de 2014 acaeció el fallecimiento del nombrado en la ciudad de Buenos Aires. Tal circunstancia fue corroborada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la copia certificada del acta de defunción que da cuenta que Ramiro Carlos Quiroz Buschiazzo feneció el 2 de febrero de 2014”.
Teniendo en cuenta que la declaración de “rebeldía” tiene fecha del 26 de febrero de aquel año, cuando el tribunal ordenó su captura el imputado llevaba 24 días muerto. Y los jueces tardaron más de una década en percatarse de ello.
La causa de los pasaportes se inició por denuncia del excónsul de Italia en Buenos Aires Giancarlo María Curcio. Todo estalló a raíz de un hecho menor: una firma apócrifa en tres trámites de ciudadanía en la comuna italiana de Centuripe, en Sicilia, a unos 850 kilómetros de Roma. Rápidamente se encontraron otras 30 irregularidades y allí aparecieron los nombres del exarquero de River Plate Juan Pablo Carrizo y del exdefensor de Boca Juniors Juan Daniel Forlín.
Hubo personas detenidas, imputados que solucionaron su situación judicial con una probation y la causa fue diluyéndose hasta su bizarra reaparición de ahora.
A la historia del difunto rebelde (digna de un capítulo de la antología del disparate)aún le faltan algunas escenas.
Constatada la muerte de Quiroz Buschiazzo, el tribunal pidió opinión sobre qué hacer al fiscal Abel Córdoba, quien respondió que “corresponde declarar extinguida la acción penal y en consecuencia, dictar su sobreseimiento”. En el sistema penal argentino no se puede juzgar a un muerto (al menos por ahora).
Entonces el tribunal resolvió “dejar sin efecto la rebeldía oportunamente decretada y levantar la orden de captura establecida, debiendo poner en conocimiento de ello a las autoridades a las que se hubiera informado en su momento”. Algo así como “no lo busquen más que está muerto”.
Quiroz Buschiazzo podría circular libremente, sin riesgo de ser detenido. Si estuviera vivo, claro.
El juicio oral por los pasaportes truchos no tiene fecha de inicio y probablemente no se haga nunca porque, probablemente, la causa ya esté prescripta para todos los imputados que aún están con vida.
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