La inflación y la crisis golpea en todas las facetas de la vida. Pero no es muy conocida la ley que obliga a obras sociales y prepagas la cobertura de todos los métodos anticonceptivos.
Pastillas, preservativos, hormonales inyectables, DIU (incluyendo la colocación), hormonales de emergencia y diafragmas. Todos ellos se encuentran dentro del Plan Médico Obligatorio, según lo establece la Ley 25.673 de Salud Reproductiva, y deben ser de entrega gratuita en hospitales y centros de salud públicos, pero también en las obras sociales y prepagas.
Obtenerlos parece ser simple: luego de una consulta con un médico se le pide la receta del anticonceptivo que puede retirarlo en el mismo hospital o centro, siempre aludiendo al genérico del medicamento y no a la marca. Con la misma receta puede dirigirse a su obra social o prepaga. Ahí los deben dar de alta en el sistema e indicarle en qué farmacias se puede retirar gratuitamente.
Sin embargo, es escasa la cantidad de personas que conoce este dato. “Hay problemas y muchas dudas en cuanto a cómo implementarlo. Suelen cruzarse entre las obras sociales y prepagas y los hospitales –indicaron a Tiempo desde organizaciones que trabajan con la salud sexual y procreación responsable–. Suele hacerse un cuello de botella cuando desde el hospital o centro de salud ven que tenés prepaga entonces te mandan a que se lo pidas a ellos, y en la obra social o prepaga no está del todo claro cómo opera”.
También se puede elevar el pedido o reclamo al teléfono del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-3444. Sin embargo, mientras aumentan los valores de los anticonceptivos, y se desconocen sus coberturas gratuitas, el Estado se aleja de su total abastecimiento: en 2018, por ejemplo, el programa “Desarrollo Sexual y Procreación Responsable” ejecutó apenas el 69% de sus 379 millones de pesos presupuestados.
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