El sector privado aparece como el más beneficiado por las presiones que ejercieron en conjunto con las provincias. Pero en pesca, biocombustibles y otros sectores siguen los planteos y reclamos.
Se sirve fría
Los jefes de las provincias saben que deben sentarse con los representantes del gobierno nacional tras varias semanas de furia, durante las cuales el enojo fue escalando hasta llegar al absurdo de gobernadores amenazando con cortar el flujo de gas desde la Patagonia a la hidra de mil cabezas que es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La retirada del paquete fiscal que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, solo es el final de un round de la pelea en la que el gobierno ya prometió para los próximos episodios ajustes sobre el conjunto de los estados subnacionales.
La bronca acumulada dentro del círculo aúlico del gobierno de Javier Milei se reparte con especial saña sobre los mandatarios del PRO y de la UCR, los que «nunca fueron aliados», según la definición puertas adentro de Casa Rosada.
Más allá de los deseos de venganza, Milei y Caputo deberán hacer nuevas cuentas con los ingresos que provendrán de los impuestos vigentes tal cual están ahora y su distribución con las provincias (ver página 8). Con la caída del paquete fiscal pierde especialmente la nación porque no recibirá el dinero proveniente de las retenciones, que no se coparticipa. Pero también se cae el adelanto de bienes personales, que sí se distribuye con las provincias, y el blanqueo, que tenía promesa de mismo destino. Similar será lo que sucederá con ganancias, que al caerse el nuevo proyecto de ley, seguirá entregando valores más bajos tanto a la nación como a los Estados del interior.
Juntos por un rato
Los intereses de los gobernadores oscilan como los péndulos. Las asociaciones que forman, como las que mostraron los mandatarios patagónicos, suelen ser muy concretas y duran lo que requiere el problema a resolver.
En el caso de los hidrocarburos, las provincias con intereses contrapuestos acordaron una acción común para anclar una idea: los recursos son de las provincias, algo que no quedaba claro en el megaproyecto de ley. Pero también se enfrentan en relación a la atracción de inversiones: las petroleras y su ecosistema se fueron en masa a trabajar al yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén, luego de la sanción de varias normas que favorecen la actividad allí, y abandonaron las áreas convencionales de Chubut y Santa Cruz, con el tendal de desocupación y caída de la actividad económica en esos territorios, algo que aun se siente con fuerza.
Pero la defensa de la propiedad de los hidrocarburos cruzó a todos por igual. Similar actitud adoptaron con los biocombustibles. El jueves pasado, los ministros de Producción o Economía de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba elevaron una propuesta al ministro de Interior, Guillermo Francos, para obligar a las petroleras a que sumen un 12% de bioetanol en la nafta, proporción que debería aumentar en el tiempo hasta alcanzar el 27 por ciento.
Pero esta postura no es del agrado de las petroleras, que amenazan con retirar inversiones si se aprueba. Por lo tanto, los gobernadores de las provincias con hidrocarburos enfrentan a sus pares del centro y el norte del país, así sean del mismo partido político.
Esta realidad ha signado la suerte de la industria de biocombustibles desde su nacimiento. El mercado interno siempre estuvo condicionado por las petroleras, lo que hizo de las exportaciones la única salida viable.
Presión de empresas
Los grandes exportadores festejaron que el gobierno retirara el capítulo fiscal de la ley ómnibus y advirtieron que van por más (ver página 9). Ese ha sido, quizá, el máximo logro del tándem compuesto por gobernadores y empresarios.
Hay otros casos en los que aun no lograron el resultado buscado. Es el caso de la reforma de la ley de pesca. El viernes pasado, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafreexport) y la Unión de Intereses Pesqueros argentinos (Udipa) debieron emitir un comunicado en el que advirtieron que «se podrían destruir 150 años de industria pesquera» si se aprueba como está el capítulo referido a ese sector en la ley Ómnibus.
Algo parecido sucede con las economías regionales, un amplio abanico de actividades que se realizan en zonas específicas del país. Al principio, la ley Ómnibus no discriminó a ninguna en la aplicación de una alícuota del 15%. Tras la presión conjunta de gobernadores y empresarios, el gobierno aceptó sacar de esa imposición a 35 actividades. Pero quedaron otras tantas adentro. Es el caso de la industria avícola, el tabaco y el algodón. Ahora, tras el retiro del paquete fiscal, voces oficialistas creen que el gobierno volverá a la carga con una nueva norma sustentada en los superpoderes que adquiriría el Poder Ejecutivo si el Congreso acepta votar la norma re-reformada.
No queda claro cuál será el balance económico definitivo, toda vez que el proceso está abierto y su resolución dependerá de factores políticos diversos, entre los cuales el más importante es la estabilidad interna del equipo gobernante.
El hecho de que tanto la oposición «amigable» como la no tanto estén dispuestas a ir por más contra los planes del gobierno no ayuda a pronosticar el futuro.
La eyección del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, será explicada oficialmente dentro de unos días, quizá mañana, como provocada por un asunto «personal».
Sin embargo, el tiempo transcurrido desde que sucedió permitió conocer que detrás del entuerto se encuentra una pelea por los fondos que podría atraer esta cartera.
La clave de todo es la continuidad de las obras de las dos represas de Santa Cruz que con financiamiento chino avanzaron hasta un 40%, por debajo del 80% que el gobierno quería estipular como piso para continuar con las mismas. Si la obra no alcanza esa proporción pasaría la lista de las que deberían estar sujetas a acuerdos con privados, lo que cambiaría la ecuación. Gezhouba, que las construye, envió dos semanas atrás a su CEO a hablar con el gobernador de Santa Cruz para que interceda ante el gobierno nacional.
Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, amenazaron a los gobernadores con ahogarlos financieramente. Sin embargo, el gobierno nacional no tiene muchas herramientas en la mano para lograrlo. La coparticipación federal es intocable en la medida en que no se modifique el conjunto de normas que la constituyen. Esto porque cada tributo surge de una ley y en ella se estipula si es coparticipable o no. De alguna manera, el paquete fiscal de la ley ómnibus apuntaba a un cambio en la coparticipación en favor de la administración central, cosa que ahora quedó en suspenso.
El gobierno puede apelar a las transferencias discrecionales, que sumaron casi $ 1,9 billones en 2023 sumadas las corrientes (para solventar gastos generales) y las de capital (destinadas a financiar las inversiones en obras).
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cada cual tira para SU BOLSILLO (no hay molino acá). Llevarse una suculenta tajada SIN importar nada más. Los DELINCUENTES son varios, y están en distintos lugares. Si algún día NO NOS olvidasemos, quizás pudiésemos ser un país con fuerza. Ahora somos mequetrefe gracias al PE que busca destruir lo poco que nos queda.