En 2022, América Latina y el Caribe fue escenario del 88% de los asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo. En el evento que arrancó este lunes en Chile, los países miembros discutir este tema y otros como garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, la falta de Tribunales ambientales y la información en asuntos ambientales.
La COP3 de Escazú, realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reúne a representantes de los países miembro del acuerdo en un diálogo para mejorar la democracia ambiental en el continente.
Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el 88% de los asesinatos a personas defensoras del ambiente en 2022 se produjo en América Latina y el Caribe, un porcentaje que aumenta cada año. «En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú es de suma urgencia», remarcan desde la Alianza.
Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Su nombre se debe a que fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Es un acuerdo hecho por y para la región y su gente, en un proceso de negociación inclusivo y participativo que contó con el involucramiento integral de los gobiernos y de la sociedad civil.
Durante la COP3 de Escazú se espera que los países miembro aprueben el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. El plan que buscan aprobar incluiría un diagnóstico de las diferentes vulneraciones, con enfoque de género, contemplando la criminalización de la defensa del ambiente y buenas prácticas de prevención, protección y respuesta.
Además, discutirán la incorporación de la perspectiva de género al Acuerdo de Escazú: si bien este Acuerdo tiende un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos, las previsiones en materia de género necesitan ser más sólidas y es necesario contar con una mirada interseccional, que permita incluir a la diversidad de mujeres en los procesos.
Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566. Lo hizo efectivo el 22 de abril de 2021. Pero, hoy con el actual gobierno y con los cambios de organigrama, todavía no hay certezas sobre la aplicación de Escazú.
“En Argentina, se llevan adelante procesos de toma de decisiones ambientales que vulneran los derechos de acceso y de consulta libre, previa e informada con comunidades indígenas, y se promueven en forma creciente reformas normativas y/o sanción de normas que son regresivas en materia ambiental y de derechos humanos”, enfatiza Laura Castillo, coordinadora Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El avance de la derecha busca reducir el rol del Estado, promueve el extractivismo, y criminaliza a quienes lo resisten –continúa–. En este contexto, el Acuerdo de Escazú, con sus estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en temas ambientales se erige como un bastión para asegurar la protección del ambiente y la defensa de los derechos, máxime en un contexto global de policrisis que demanda un abordaje integral a los desafíos climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad”.
Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explica que a pesar de la ratificación del Acuerdo hace tres años, aún no se estableció un sistema de gobernanza efectivo: «esto dio lugar a persistentes dificultades en el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y la criminalización de las personas defensoras del ambiente».
Un ejemplo es lo que sucede en la provincia de Jujuy. Durante el año 2023 se reformaron y sancionaron dos normativas con menor escrutinio social y a expensas de los derechos de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. «Tanto en su proceso de reforma como en su contenido, la nueva Constitución de Jujuy y el Decreto 7551/2023, que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad minera ignoraron derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Esto representa un retroceso en términos de protección ambiental, priorizando el desarrollo de la industria minera en la provincia», apunta.
Y remarca: “Es fundamental que las políticas y regulaciones se desarrollen con la participación activa de todas las partes interesadas y en concordancia con los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú. Esto garantizará la protección del medio ambiente y la plena salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado requeridos por la normativa internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio Acuerdo de Escazú».
«Este objetivo solo se podrá alcanzar mediante la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas, así como mediante reformas progresivas continuas”, enfatiza Vanina Corral, abogada e integrante del área de Política Ambiental de FARN.
Para Fernández, si bien la ratificación del Acuerdo por parte de Argentina es un paso adelante, ahora es crucial generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y la Nación para su implementación en el territorio. Esto debe incluir diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se ajusten a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú
«Si bien Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer. Falta implementarlo en prácticamente todas las áreas de gobierno. Todavía queda pendiente crear tribunales ambientales en todas las provincias para tener un mayor acceso a la justicia ambiental. La participación ciudadana debe dejar de ser un simulacro para legitimar decisiones adoptadas con anterioridad de manera vertical por las autoridades para hacer un ámbito de discusión genuina y robusta sobre daños ambientales que ocasionan distintos proyectos extractivos», apunta Cristian Fernandez, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN.
«Falta implementar en serio la participación temprana y muchos otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con la mayor protección y prevención que se pueda dar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Falta un plan a nivel nacional que justamente resguarde a los defensores y prevenga todas las amenazas que pueden sufrir», completa.
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