Ocurrió durante en la época de la pandemia del coronavirus. Los internos reclamaban medidas de seguridad sanitaria. En ese marco, la víctima fue asesinada de tres escopetazos con balas de plomo, los que habría disparado una mujer de la fuerza penitenciaria.
La caratula es homicidio calificado, por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mediante el empleo de arma de fuego. El juez técnico del debate es integrante del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de Florencio Varela.
Aquel día -durante la mañana- en el pabellón 6 de este penal los detenidos realizaron una protesta y la imputada habría disparado los tres proyectiles de plomo que le provocaron la muerte al detenido. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocina a la familia de la víctima y participa como particular damnificada institucional.
“La imputada está siendo juzgada por homicidio calificado, por ser parte de la fuerza penitenciaria y haber usado armamento letal ante un reclamo colectivo de los detenidos”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo. Continúo señalando que hay otros dos penitenciarios imputados en la misma causa, Gabriel Darío Bergonzi y Gastón Darío Abila, pero como están acusados de encubrimiento agravado, tendrán otro juicio que se realizará a fines de septiembre”.
En las audiencias preliminares que se realizaron durante las últimas semanas, determinaron que se presentarán alrededor de veinte testimonios en el transcurso de una sola jornada y, en caso de ser necesario, lo harán en dos días hasta llegar al veredicto del jurado popular del juicio.
Cuando la Fiscalía 9 -descentralizada de Varela- pidió la elevación a juicio, lo hizo porque consideró que está totalmente demostrado que se cometió un homicidio “por tres disparos con munición de guerra calibre 12/70”, detalló el abogado. Apuntó que fueron efectuados “desde los puestos de vigilancia 2 y 3 del muro perimetral del establecimiento penitenciario con una escopeta”.
“Poco tiempo después del homicidio, el Juzgado de Garantías N° 8 de Quilmes, a cargo de Adrián Villagra, dictó prisión preventiva a la penitenciaria imputada”, recordó el secretario ejecutivo. Lo hizo porque consideró “los dos extremos de riesgo, la fuga y posible entorpecimiento de la investigación”.
“Tras haber cometido el homicidio, la penitenciaria acusada no volvió a presentarse en su lugar de trabajo”, aseguró el letrado a este diario. Además, cuando la policía intentó detenerla en su domicilio no la encontró, “se entregó varias horas después de haber cometido el crimen del joven detenido”.
“Tiene muchísimas pruebas en su contra, todas las declaraciones testimoniales señalan a Heidenreich como la autora y protagonista de los disparos que mataron a Federico”, remarcó el secretario ejecutivo. Siguió relatando que hasta “sus propios compañeros y compañeras de la fuerza penitenciaria dijeron saber en forma clara y precisa sobre la prohibición reglamentaria y protocolar de usar bala de plomo dentro del penal”.
“Además, aseguraron que no había peligro de fuga de detenidos, porque estaban arriba del techo haciendo una protesta por la falta de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en la cárcel”, reconstruyó García. Todo sucedió por la “angustiante situación que atravesaban los presos en ese momento en todo el país”, describió.
“Los penitenciarios también aportaron otro dato muy valioso, el mismo determina la actitud de la imputada al momento de actuar”, subrayó el secretario ejecutivo. Todos dijeron que esta fuerza de seguridad cuenta con “tres tipos de proyectiles, que el estruendo producido por los disparos con balas de plomo es muy distinto al resto de los proyectiles, por lo tanto, no había forma de confundirse”, apuntó.
“También aclararon que la imputada tenía conocimiento en el uso de armas y larga trayectoria en puesto de vigilancia en distintas cárceles provinciales”, dijo el abogado. Finalizó señalando que por eso “resulta imposible que no se haya dado cuenta de que estaba disparando con balas de plomo”.
El homicidio de Federico Rey, de 23 años, sucedió el 22 de abril de 2020 en la Unidad Penal N° 23 del partido bonaerense de Florencio Varela. La causa tiene como única imputada por el asesinato a la entonces jefa del Grupo de Admisión y Seguimiento de esa cárcel, Daniela Heidenreich.
Llegó a la etapa del debate oral -que empezó este jueves al mediodía- con la caratula de homicidio calificado, por haber sido cometido por una miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y mediante el empleo de arma de fuego. El juez técnico del debate es uno de los integrantes del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de Florencio Varela; este magistrado fue quien resolvió la conformación final del jurado, que está compuesto por 12 miembros titulares y 6 suplentes.
Aquel día durante la mañana, en el pabellón 6 de este penal, los detenidos realizaron una protesta porque estaban reclamando condiciones sanitarias parta prevenir el contagio del coronavirus. En ese momento, la imputada habría disparado las tres balas de plomo que le provocaron la muerte al detenido. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocina a la familia de la víctima desde el primer momento y está participando en el debate como particular damnificada institucional. Los hechos sucedieron en una situación desesperante que se había desatado en distintas cárceles del sistema provincial y federal.
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