El Consejo del Salario se reunirá el 16 de marzo. Hoy, se ubica en $ 33 mil, que no alcanzan para superar la línea de indigencia de una familia tipo.
Del organismo participan, además de la representación estatal, las principales cámaras empresarias como la UIA y la Sociedad Rural Argentina, entre otras, y representantes de las tres centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Se trata de dieciséis representantes patronales y otro tanto para la parte gremial.
El organismo citó para esa fecha porque el último acuerdo vigente expira el 31 de marzo dejando el haber mínimo en los $ 33 mil a los que se llegó luego de un primer incremento del 35% pautado en abril de 2021 cuyas cuotas se adelantaron a septiembre para revisar el acuerdo original y llevar el incremento anual hasta un 52,8%.
En aquella oportunidad, el acuerdo se consiguió con el aval unánime de todas las cámaras y todos los dirigentes de las tres centrales sindicales cuando, en circunstancias anteriores, las actualizaciones se habían tenido que resolver a través de un laudo ministerial, a partir de la distancia de criterio entre las patronales y la representación sindical.
Es que, históricamente, los representantes sindicales reclamaban que el haber mínimo fuera equiparado con la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza para una familia tipo. Para lograr ese objetivo, en esta oportunidad el haber debiera incrementarse, al menos, un 140% en la medida en que, según el INDEC, su valor alcanzó en enero los $ 78.624.
Dicho de otra forma, en la actualidad el salario mínimo representa apenas el 40% de lo que necesita una familia con dos adultos y dos menores para eludir una situación de pobreza. En rigor, ese ingreso no llega a cubrir siquiera la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de la indigencia, y que, en enero, se situaba en los $ 34.333. Así, el SMVM equivalía entonces a apenas el 93% de la CBA.
A pesar de que el salario mínimo vital y móvil no tiene impacto directo en los salarios registrados y bajo convenio que, en general, ya se encuentran por encima de ese monto, la discusión guarda relevancia en varios aspectos.
Por un lado, oficia de referencia para las negociaciones particulares de los empleados no registrados, pero, además, establece el monto de los beneficios de planes como el Potenciar Trabajo que, por ley, están fijados en un 50% de su valor. Se trata de 1,1 millón de trabajadores que perciben ese beneficio, contraprestación laboral de por medio.
Las organizaciones sociales que los representan, ante el crecimiento de la pobreza y la indigencia, reclaman la apertura para mayores inscriptos, algo que, en el marco de la discusión del acuerdo con el FMI, fue rechazado por la cartera de Desarrollo Social.
El incremento, además, guarda implicancia directa en los valores mínimos de la jubilación (no puede ser inferior al 82% de ese monto) y del salario inicial docente (no puede ser inferior al 120% de su valor), pero especialmente se trata de un ámbito en el cual la cartera laboral da una referencia explícita de la pauta alrededor de la cual se van a negociar el resto de las paritarias; ahora, con la atenta mirada de las auditorías del Fondo Monetario Internacional.
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