El caso de la niña raptada pone el foco en los problemas de acceso a la vivienda. El presupuesto destinado al área en la Ciudad de Buenos Aires se redujo un 17% respecto de 2020. Y aun a pesar de la crisis sociosanitaria producida por la pandemia, se mantuvo la fija la meta de familias asistidas por subsidios habitacionales.
En el informe «Derecho a la vivienda en CABA: baja presupuestaria para el déficit habitacional», la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya había analizado en diciembre algunos datos relevantes del presupuesto de este año destinado a hacer frente a los desafíos del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.
El principal señalamiento a la política de viviendas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es que el monto destinado al área ha disminuido constantemente durante los últimos cuatro años. En 2021, la caída, a pesar del cuadro crítico expresado por la pandemia, fue de un 17% en relación a 2020.
La ejecución de esos fondos también es irregular. De acuerdo a aquel informe, al 30 de septiembre de 2020 sólo se había ejecutado el 44,3% de los $8.533 millones de pesos del presupuesto destinado a obras de infraestructura en villas y asentamientos. Para 2021, los fondos destinados a los barrios populares porteños es un 67,9% menor en relación al presupuesto devengado en 2019.
Por último, y más allá de la deficitaria política habitacional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto destinado a la protección de las personas en situación de calle no contempló ningún aumento presupuestario para el 2021, y la meta de familias asistidas por los subsidios habitacionales (Decreto N°690/2006) se mantuvo fija en 19.600 familias, aunque se estima que esa población aumentó notablemente en el actual contexto de crisis.
El total de $5840 millones asignados a los cinco programas destinados a personas en situación de calle no se modificó. El Programa 43 (Asistencia a Familias con Alta Vulnerabilidad Social), que se centra en los subsidios habitacionales, recibió un presupuesto menguante de 1533 millones de pesos. El Programa 44 (Asistencia Integral a los Sin Techo), que provee alojamiento transitorio para personas en situación de calle, quedó en 638 millones. El 45 (Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social), que se enfoca en la implementación del Buenos Aires Presente (BAP), en 383 millones. Y el 21 (Hogar de Residencia y Transitoria), que asiste a personas adultas, en 1964 millones.
El congelamiento de la ayuda social a las personas en situación de calle también se hizo extensivo a niñas, niños y adolescentes. El Programa 66 (Atención a Niñez y Adolescencia Vulnerables), que consiste en la atención directa tanto en calle como en dispositivos institucionales para niñas, niños y adolescentes, en centros de día y de noche, quedó en $ 1320 millones y tampoco mereció un aumento en las previsiones presupuestarias de la Ciudad, «a pesar de que lo esperable en el actual contexto hubiera sido aumentar el presupuesto destinado a la protección de las personas en situación de calle a fin de poder implementar medidas de largo plazo que den soluciones integrales a esta población», según aporta el documento de ACIJ.
En la línea con esta situación de emergencia desatendida, el diputado nacional Federico Fagioli (Frente de Todos) presentó una iniciativa que busca restituir los derechos humanos y constitucionales de las personas en situación de calle. “Hace muchos años venimos peleando por los sectores más excluidos de la Argentina. Una persona en situación de calle es una persona a la que le faltan todos los derechos porque se los arrebataron. Esta problemática está invisibilizada y hasta se ha convertido en un paisaje. No podemos seguir permitiendo que la calle sea un lugar donde las personas vivan”.
El proyecto de Fagioli prevé la creación de una red nacional de centros de integración social que rompa con la lógica del «parador», un Sistema Nacional de Atención Telefónica permanente y gratuito articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil para la intervención inmediata, además de la creación de un relevamiento nacional y la prohibición de los desalojos por otros 24 meses.
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