Cioffi: «La aplicación del protocolo de abortos no punibles sigue siendo muy compleja»

El objetivo de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir fue asistir a todas esas mujeres que llegaban desesperadas a los centros de salud con un embarazo no deseado. Hoy, cinco años después de su nacimiento, la red es uno de los pilares que tienen un funcionamiento clave para garantizar los derechos de las mujeres.

“La Red nace hace cinco años de la mano de la red de Socorristas, quienes hacen acompañamientos en interrupciones de embarazos”, explica a Tiempo Argentino, la médica generalista Estefanía Cioffi. “La idea era encontrarnos quienes veníamos garantizando interrupciones de embarazo pero en soledad, surgió intercambiando lo que estábamos haciendo y qué problemáticas teníamos. Era necesaria una voz pública desde el sistema de salud para hablar la problemática del aborto”, cuenta Cioffi.

Durante los debates del año 2018 en el anexo de Diputados, la red creció inmensamente. “Nosotros decimos que el aborto salió del clóset. Hoy somos más de mil profesionales en todo el país para que sea lo más accesible posible para garantizar este derecho a todas las mujeres”, destaca. La fecha de nacimiento de la red coincide con la de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que a su vez se enmarca en el Día de Internacional de Acción por la salud de la mujer.

El contexto de pandemia agravó la situación en Buenos Aires, pero mucho más las agravó en las provincia, varias de ellas ni siquiera se adhirieron al protocolo ILE. “Las interrupciones legales de los embarazos como el acceso a métodos anticonceptivos son prácticas elementales también para el Ministerio de Salud que clarificó esas prácticas desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva con un comunicado hacia todos los programas de esta área explicando que había que organizarse para que todas estas prácticas sean garantizadas”.

El panorama en todo el país, según Cioffi es bastante diverso. “Hay un acompañamiento desde lo enunciativo por parte del ministerio de Salud para que las prácticas se realicen. Pero hay varios inconvenientes, el principal problema es por un lado que haya misoprostol en todas las provincias y por el otro, que los protocolo se apliquen. La aplicación sigue siendo muy compleja a pesar de que el fallo FAL es de la Corte Suprema  y a nivel nacional”, afirma la médica.

A la problemática de disparidad, en términos de recursos por el acceso a la medicación y a la práctica propiamente dicha, se suma la falta de garantía en embarazos de segundo trimestre que deben realizarse en hospitales. “El acceso que hemos construido en estos años fue en el primer nivel de atención. Venimos garantizando mucho en esos espacios pero en los hospitales siempre fue complicado”.

El panorama también se modifica con el contexto de pandemia que estamos viviendo. “Ahora está siendo mucho más complicado, y además las personas llegan con embarazos más avanzados porque está atrasado el diagnóstico, tienen miedo de salir, por miedo a no encontrar quién las atienda, o porque el acceso a las ecografías. Está mucho más limitado hay menos lugares que las hace, y el acceso es mucho menor. Por lo cual, hoy este es nuestro principal problema en este momento, en todo el país estamos teniendo dificultades para garantizar las ILE de doce semanas”, revela.

-¿Qué consecuencias dejó el desfinanciamiento del macrismo a la salud sexual y reproductiva?

-También en esto hay un panorama distinto. Hay lugares donde sólo llega la compra a nivel nacional, entonces, de nuevo hay una realidad muy distinta. En Rosario desde 2012 compran Misoprotol desde el municipio por eso no tienen muertes por abortos clandestinos porque garantizan ILES. Hay provincias como Formosa, Corrientes, que bajo ningún punto de vista compran aunque ahora el ministerio de Salud de la Nación ha hecho una compra y ha mandado a los territorios. Esas cantidad son pocas y el precio del medicamento para comprar es muy alto. En una época fue parte de precios cuidados pero ahora el costo es de 6000 o 7000 pesos. Es muy complicado acceder si el Estado no provee el insumo, y tiene que lograr que haya capacidad instalada de profesionales de salud capacitados para garantizar, y que lo haga sin tortura. Es algo que vemos repetidas veces y en este contexto de pandemia la situación es peor aún.

-Además del posicionamiento político del ministerio de Salud, ¿qué más falta?

-Hay distintos ejes en ese sentido, es importante que Ginés se muestre a favor, que no hayan dobles voces, que desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva tengan discursos propositivos, pero necesitamos además, que se genere capacidad instalada, que se garantice la práctica. No puede ser que la institución sea objetora de realizar esa práctica. Creo que hay que buscar una forma de aplicar el protocolo en todas las provincias sin excepción y eso desde el ministerio de Salud, y de Justicia se pueda actuar. La médica que mintió sobre la cantidad de semanas que cumplía esa niña abusada toda su vida en Santiago del Estero, claramente busca una barrera para que esa niña no acceda a su derecho. Avisó al programa de salud sexual 18 días después. Eso tiene que ser penalizado, no puede ser que lo haga una persona que es una funcionaria pública que tiene la obligación de garantizar derechos. Pero también la estructura tiene que responder por esos profesionales, los jefes, la maternidad que no lo garantizó, quien no actuó en términos de transparencia activa. Necesitamos que se avance en la penalidad de esos profesionales que obstaculizan.

-Qué demanda hay que cubrir desde el Ministerio de las Mujeres, género y diversidad?

-Y en cuanto a las interrupciones legales del embarazo no se ha avanzado mucho, se está trabajando en algún tipo de registro para visibilizar situaciones y para evaluar situaciones en cárceles de personas que hayan sido juzgadas. Necesitamos algo más que la visibilización, necesitamos que el ministerio tenga un presupuesto y que tenga capacidad para poder generar políticas públicas efectivas.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir puso a disposición un recursero para mejorar el acceso a la atención de personas con embarazos no intencionales o no deseados. Se lo puede consultar en la página web de la red: http://www.redsaluddecidir.org/