La clausura de 14 comerciales nocturnos vuelve a atacar los resortes inclusivos de la educación pública. Del ajuste en los programas FinES y Progresar al cierre de establecimientos rurales por baja matrícula y la amenaza que pende sobre los profesorados, la meritocracia de Cambiemos quiere una escuela para pocos.
«Desde 1983 por primera vez un gobierno cierra escuelas», destacaron los gremios docentes en la movilización del miércoles pasado a la sede del Ministerio de Educación porteño, que comanda Soledad Acuña. La resolución 4055-2018, publicada en el Boletín Oficial hace nueve días, prevé la progresiva disolución de 14 comerciales nocturnas. Desde 2019, ya no podrán recibir inscripciones. Para 2021, sólo funcionaría el 4° año, y luego serían clausuradas. Otros nueve liceos y bachilleratos nocturnos tendrán menos cursos y un consecuente descenso de matrícula, y se decreta el fin de los Bachilleratos Libres para Adultos del Liceo 3 de Barracas y del Colegio N° 13 de Liniers.
«A menos de diez cuadras hay otras escuelas con otras modalidades», dijo Acuña para justificar la decisión, y agregó que los colegios que cerrarán tienen un plan de estudio «viejo, anticuado, baja matrícula y tasa de egreso muy baja», y que «hoy estamos pagando salarios a docentes que no tienen estudiantes, porque los jóvenes eligen otra oferta». Sin embargo, son más de 2800 los que cursan en esos 23 establecimientos nocturnos, a los que hay que agregar los que pensaban anotarse el año que viene.
«Es mentira que no se perderán fuentes de trabajo», aseguran desde los gremios. Hay mil docentes en peligro, especialmente los que ocupan cargos interinos o de emergencia, que no serán trasladados. Tampoco se sabe si hay espacio suficiente en otros lugares para los profesores titulares de estos colegios, ni qué pasará con los interinos que trabajan allí cuando arriben los hoy titulares de los nocturnos.
Acuña sostiene que los alumnos pueden optar por los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS). Pero allí admiten únicamente a mayores de 18 años. «Más del 75% de nuestros alumnos tienen entre 15 y 18, ahora se quedarán afuera», enfatiza Silvina Zarlenga, profesora del Comercial Nº 11. «Somos el único nocturno de Villa Devoto. En el barrio hay un solo profesorado, el Juan B. Justo, que puede cerrar por la UniCABA; unas tecnicaturas en informática en turno noche que las mandan a Parque Patricios; y nuestro comercial de más de 50 años que ahora cierra. No hay más opciones».
«Dicen que el plan es obsoleto. Pero son ellos quienes deben cambiarlo. Depende del Ministerio. Nosotros casi todos los años presentamos cambios para esta escuela y no aceptan ninguno. Ellos dejan morir la escuela», reclama Alejandra Gómez, rectora del Comercial 10 «Islas Malvinas», de Paraguay al 1900, adonde asisten 300 alumnos. Trabajan especialmente con cooperativas y jóvenes de villas y asentamientos precarios, con distintas actividades culturales. «Los llevamos al cine, al teatro, la mayoría no conoce uno, y eso se lo da la escuela. Incluso pedimos que en un aula pusieran una maestra jardinera para atender a los niños de alumnas madres que trabajan todo el día, y no nos responden».
Para Mercedes Fossat, de Ademys, es manifiesto el vínculo entre esta decisión y el proyecto Secundaria del Futuro, con sus pasantías no rentadas para los alumnos del último año: «Buscan formar una generación a largo plazo preparada para la flexibilización laboral. El cierre de las secundarias nocturnas se enmarca en ese proceso de ajuste». El gremio adelantó la idea de presentar un recurso de amparo contra la medida, aunque la inminencia de la feria judicial no ayuda.
Los sindicatos se unieron para anunciar que, si no se da marcha atrás con la medida, no arrancarán las clases en 2019. Y los rectores, tal como afirmó Sebastián Hereñú Legna, del Comercial N° 1 DE 4 «Joaquín V. González», harán igualmente las inscripciones para el primer año, «porque si esto se soluciona más adelante, no queremos que la falta de inscripciones sea usada como excusa». En estas escuelas conviven estudiantes que, en su gran mayoría, trabajan de día, son jóvenes madres o viven en una situación económica precaria. Muchas veces son sus propios empleadores quienes les exigen la finalización de los estudios. Se trata de la misma población vulnerable que ya sufrió el recorte de decenas de escuelas del programa FinEs y de las becas Progresar para los estudios superiores.
«Los jóvenes de las escuelas que pretenden cerrar son aquellos que van a clase después de cartonear, o de trabajar flexibilizados en una bici repartiendo comida; a esos jóvenes el Gobierno de la Ciudad pretende dejar sin escuela», subrayó el titular de UTE-CTERA, Eduardo López, y aseguró que «este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior».
Según un informe del Observatorio de la Universidad Pedagógica, elaborado en base a datos oficiales, en la Ciudad hay 420 mil personas que no terminaron el nivel medio. De ellas, sólo 32 mil asisten a alguna de las propuestas educativas existentes. Antes de crear más espacios, la Ciudad opta por cerrarlos. El caso testigo de este vaciamiento es el de las vacantes en nivel inicial, con un promedio de 10 mil cada año. A contramano de esa necesidad, no se crearán nuevos jardines, y este año se decidió el cierre del maternal que funciona en el Hospital Ramos Mejía.
Cambiemos cierra escuelas. Nunca se caracterizó para inaugurarlas. En la Ciudad creó menos de diez a lo largo de once años. En la Nación, la construcción de jardines pasará de los 3000 prometidos en campaña por Mauricio Macri a 768 aulas pautadas para 2019.
Varias iniciativas educativas de Cambiemos fueron probadas primero en la Ciudad para luego nacionalizarlas. Ocurrió con el anunciado cierre de profesorados por el proyecto UniCABA. Sólo en el último mes, se cerraron varios institutos de estudios superiores en la Provincia de Buenos Aires: en Pilar, José C. Paz, Adrogué, Mercedes, Baradero y San Nicolás, entre otros distritos. En casi todos los casos, los más damnificados son los de humanidades, especialmente Historia. La crisis de infraestructura educativa de la gestión de María Eugenia Vidal derivó en la trágica explosión de la escuela de Moreno, pero ya había mostrado sus cartas con el cierre de 39 escuelas rurales por «baja matrícula» –entre ellas las del Delta, sin alternativas para los alumnos–, el mismo justificativo para cerrar las nocturnas de Ciudad.
«Asistimos a un proceso de retiro del Estado como garante de políticas públicas y el derecho social a la educación –afirma Sandra Ramal, secretaria de Educación Superior de Suteba–. Cierran escuelas, dejan de invertir en infraestructura, quitan becas, sacan la paritaria nacional y no ofrecen solución a nivel provincial». En el presupuesto bonaerense 2019 «habrá un 70% menos en infraestructura y 69% menos para formación docente». Sin embargo, el discurso oficial y mediático repiquetea sobre la supuesta falta de capacidad de los maestros.
Esta semana, el Ministerio anunció en medios afines los resultados del Operativo Enseñar, remarcando que el 40% de los futuros docentes tiene dificultades en lectura y escritura. «En la Ciudad, prácticamente no se aplicó. Y en Provincia, el nivel de participación en la evaluación se distribuyó en forma heterogénea llegando en algunos casos a menos del 10% de los docentes. Se la rechazó por ser una prueba externa y estandarizada», enfatiza Ramal, quien señala la trama profunda del plan educativo de Cambiemos: el ingreso de empresas, a través de fundaciones y ONGs, al negocio de la capacitación. «Sólo a la Fundación Varkey, por ejemplo, le pagan 84 mil dólares por mes para capacitar a 1600 docentes de la provincia, durante dos años, cuando eso debería estar a cargo del Estado». «
En Educación, el peor presupuesto de la historia
En 2019, la educación porteña tendrá el peor presupuesto de su historia. Representará apenas el 17% del presupuesto total de la Ciudad, mientras que en 2001, según un estudio del CESBA, los fondos que se le destinaban eran el 30 por ciento. El aumento neto en la inversión educativa será de 35,4% entre este año y el próximo, al menos diez puntos por debajo de la inflación estimada. “En estos 15 años el presupuesto se redujo a casi la mitad. ¿Qué genera eso? Falta de diez mil vacantes, mala infraestructura, problemas de alimentación en comedores escolares y bajos salarios. Es en términos porcentuales el presupuesto educativo más bajo del país, ningún otro distrito baja del 20%”, resalta Eduardo López, secretario de UTE–CTERA.
Sin FinES ni Progresar
El recorte a la educación pública ya es una política de Estado para Cambiemos, pero sobre todo cuando afecta a los sectores más vulnerables. En marzo de este año, el Gobierno de la Ciudad había anunciado el cierre de 13 de las 60 instituciones que estaban adheridas al Plan de Finalización de Estudios Secundarios (FinES), afectando a unos 500 estudiantes que perdieron la posibilidad de continuar su formación.
El ajuste a nivel nacional afecta también a las becas Progresar, una ayuda económica destinada a evitar la deserción entre estudiantes de entre 18 y 24 que no tienen empleo, trabajan en la informalidad o tienen bajos ingresos. Según cifras oficiales, la “depuración” de beneficiarios encarada por el gobierno nacional redujo la nómina en un 41% en apenas un año: de los 916 becados en julio de 2017 se pasó a 536 mil en el mismo mes de 2018.
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