El Gobierno nacional arremete una vez más contra el sector científico-tecnológico argentino. Detrás de un supuesto "Plan Estratégico" (que solo se remitió a un tuit) se esconden razones económicas, ideológicas, culturales y geopolíticas para desmantelar el sistema de ciencia nacional.
El objetivo explícito de la directiva es la evaluación de la totalidad de los programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) de acuerdo a las prioridades establecidas por el “Plan Estratégico definido para el 2024-2025”. El mecanismo para ello es el otorgamiento de poderes especiales para Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, mediante los cuales puede:
i) revisar el otorgamiento de fondos en gestiones anteriores,
ii) exigir la devolución con intereses de recursos transferidos que no hayan sido rendidos a la fecha o bien hayan sido parcialmente ejecutados,
iii) definir el cierre de programas y la rescisión de convenios que no se adecúen al supuesto plan
iv) iniciar acciones legales contra quienes consideren que no cumplen en algunos de los sentidos estipulados anteriormente.
A primera vista podría ser leído como un acto de transparencia que busca clarificar el destino de los fondos, así como una decisión de alineamiento de la política científico-tecnológica con un plan nacional. Sin embargo, esa lectura hace caso omiso de un aspecto fundamental. El plan estratégico al que apela la resolución no existe y desconoce aquel aprobado en el Congreso como ley nacional 27.738 en octubre de 2023.
Nos referimos al Plan 2030, que contó con el apoyo de los legisladores de distintos partidos políticos presentes en las cámaras legislativas (Javier Milei, como era habitual en su época de diputado, estuvo ausente en la sesión en que se votó el proyecto de ley).
No es un dato menor que este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación haya sido aprobado por unanimidad, teniendo en cuenta las dificultades que tiene nuestro país para alcanzar consensos entre sectores enfrentados.
Pero el proceso de planificación había contado con un alto grado de participación, en particular a nivel de las provincias. Lo que indudablemente colaboró con que diputados y senadores aprobaran el plan en cuya confección la totalidad de los gobiernos provinciales habían participado.
Este rico y democrático proceso pretende ser barrido de un plumazo mediante la Resolución 10/2025. ¿En qué consiste el flamante “plan estratégico 2024-2025”? Aunque parezca un chiste de mal gusto, no es más que un tuit de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ese mensaje en redes sociales es “el Plan” en base al cual Genua debe adecuar los programas y convenios de ciencia y tecnología, cerrando aquellas líneas de trabajo que considere que no comulgan con el mismo. De facto, es un permiso para matar… a la ciencia nacional.
No tiene sentido analizar las 230 palabras de ese tweet, es darle una entidad que no tiene. Como ha venido señalando la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, el objetivo del gobierno es el cientificidio, es decir, la destrucción de las capacidades científico-tecnológicas nacionales.
Pero ¿cómo? ¿No podría tratarse de un intento honesto de redireccionar el sistema de ciencia y tecnología según prioridades establecidas por la cartera correspondiente? No hay que dejarse engañar. Los datos hablan por sí mismos: cierre de delegaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en todo el país, venta de activos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, reducción de personal en distintas instituciones, brutal caída del financiamiento, congelamiento de salarios, desjerarquización de la cartera ministerial, paralización de grandes proyectos estratégicos.
A esto se suma la búsqueda de privatización de organismos descentralizados como el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional del Agua, acefalías institucionales en distintas dependencias, reducción de becas doctorales y posdoctorales, completa desarticulación de la Agencia I+D+i, privatización de empresas públicas de alta tecnología como IMPSA, estigmatización y hostigamiento a la actividad científica, entre otras situaciones aberrantes que enfrentamos en 2024.
Si revisamos los hechos, no las palabras, ¿a alguien le caben dudas de cuál es el verdadero “plan estratégico” de este gobierno en materia de ciencia y tecnología? Nos hablan de inteligencia artificial, de potenciar la actividad nuclear, de optimizar recursos… pero es el cientificidio la política implícita, el objetivo real, que guía el accionar detrás de las políticas explícitas, discursivas.
Las razones detrás son de índole económica, ideológica, cultural, y geopolítica. En lo económico, ven una oportunidad de negocios, como en el caso de la venta de IMPSA o de activos del INTA, sin importar la pérdida de soberanía que significa su extranjerización y privatización.
En lo ideológico, hay una concepción por la cual el sector público debe ser reducido al máximo y no tiene nada que hacer con la ciencia y la tecnología, ignorando la evidencia internacional respecto al papel de los Estados en el sostenimiento de los sistemas científico-tecnológicos.
En lo cultural, les molesta el pensamiento crítico en el marco de su intento de “formatear” a la sociedad argentina en sus valores y creencias asociadas a los derechos, la conciencia nacional, la memoria histórica, entre otros puntos.
Por último, en lo geopolítico sobrevuelan los intereses de los Estados Unidos, potencia en declive a la cual el gobierno libertario busca subordinarse literalmente como una semicolonia. La Argentina ha demostrado en distintos momentos ser un factor disruptivo para los intereses norteamericanos en la región. Quebrar nuestro sistema científico-tecnológico tendría efectos lapidarios en términos de posibilidades de autonomía nacional, al condenarnos a ser meros exportadores de bienes primarios (en particular, combustibles, minerales y agropecuarios) e importadores netos de ideas, tecnologías y bienes manufacturados.
De ahí la conexión entre cientificidio e industricidio. Son las dos caras del plan de sometimiento de la Argentina y de retorno —como lo ha dicho en reiteradas veces el presidente Milei— a la época oligárquica agroexportadora de fines del siglo XIX e inicios del XX, cuando éramos “la joya más preciada de la corona británica”.
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