Cien días después, la justicia federal no muestra avances por la desaparición de Facundo

Cien días se cumplieron ayer de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, y su familia no sólo desespera por encontrarlo; también aguarda que la justicia resuelva el pedido de detención de los cuatro policías implicados en el caso y la solicitud de recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

Cristina Castro, la madre del joven de 22 años, permanece expectante por los rastrillajes en las cercanías de la localidad de Mayor Buratovich que pudieran aportar algún dato clave. En los últimos, llevados adelante en campos ubicados a la altura del kilómetro 780 de la Ruta Nacional 3, participaron integrantes de la Policía Federal, del Gabinete Científico Pericial y de la Prefectura, siendo clave la intervención de la División Canes y la presencia del adiestrador Marcos Herrero, aportado por la familia de Facundo, representada en la causa por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto. Sus perros dieron con restos óseos quemados que serán sometidos a peritaje.

Para tal fin, la fiscalía federal solicitó la colaboración de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), «especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación», según se informó en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Por lo pronto, se supo que los peritajes realizados sobre los móviles policiales y un vehículo que habían sido previamente secuestrados no registraron manchas hemáticas.

La querella pidió el apartamiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. En el pedido formal ante la jueza María Gabriela Marrón, los abogados Aparicio y Peretto denuncian una “asociación ilícita” entre integrantes de la justicia bonaerense, la federal y agentes de la policía provincial con cierto sector del periodismo con el presunto fin de desviar la investigación.

La querella mencionó el episodio en que el fiscal federal desautorizó a Herrero, perito de parte, a participar de un rastrillaje en la zona en la que se encontraron ropa, una mochila, zapatillas y una taza de Boca Juniors a medio enterrar, además de huesos que –como se determinó luego– no pertenecían a un ser humano.

“Generando gastos, esfuerzos y dolores inmensos para esta madre (Cristina), teniéndola por horas parada al costado de la ruta”, advirtieron los letrados, quienes subrayaron la falta de comunicación con la fiscalía federal, a la que achacan tener una actitud “dolosa” y de “malicia reiterada” para con la querella.

De la misma manera, denostaron el pedido de detención formulado por el fiscal por considerarlo “condenado de antemano al fracaso. No vamos a perder el tiempo en analizar el deplorable y escueto escrito”, esgrimieron. Martínez había solicitado la detención e indagatoria de los sospechosos a partir del análisis de uno de los celulares secuestrados, pero la jueza Marrón consideró que sería una medida prematura. En tanto, la querella presentó su propio pedido de detención para tres efectivos de la comisaría de Mayor Buratovich y uno de la de Teniente Origone, al tiempo que imputan la comisión de diferentes delitos, básicamente encubrimiento, a once personas más.

Desde aquel 30 de abril cuando Facundo fue visto por última vez en Pedro Luro, se sabe muy poco de su destino: ese día emprendió un viaje a dedo hacia Bahía Blanca, donde lo esperaba su ex novia, pero a poco de andar sobre la Ruta 3 fue demorado en un retén policial y llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, donde lo habrían liberado a las pocas horas. Para la familia, la Bonaerense volvió a levantarlo y algo pasó. Un pequeño amuleto que le había regalado su abuela y lo acompañaba siempre fue encontrado esta semana en una inspección en el destacamento policial de Origone.

Una causa testigo para los organismos

A principios de julio, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como querellante en la causa al detectar inconsistencias en las declaraciones de los policías y, sobre todo, tras detectar que los investigadores judiciales no estaban teniendo en cuenta los dichos de al menos tres testigos que habían asegurado haber visto a Facundo subir a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Además, el organismo estableció que el joven era desde hacía unos años víctima de hostigamiento policial.
Tras presentar una serie de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo internacional ordenó al Estado argentino adoptar “todas las acciones necesarias para proteger la vida e integridad personal” de Facundo.

Cronología

Facundo Astudillo Castro salió de su casa de Pedro Luro el 30 de abril hacia Bahía Blanca, en plena cuarentena, a la casa de su ex novia, con quien había roto en febrero. Nunca llegó. Se estableció que fue demorado en un retén y fue trasladado a la comisaría de Mayor Buratovich, donde presuntamente fue liberado horas después.

Su mamá, Cristina, radicó la denuncia recién el 5 de junio, tras buscar al joven en redes sociales. La investigación quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Villarino por “averiguación de paradero”.

Diez días después, la oficial Xiomara Flores declaró que aquel 30 de abril había llevado al joven hasta la entrada de Teniente Origone, a 25 kilómetros de Buratovich. A las dos semanas de su desaparición, otro policía declaró que había demorado a Facundo en Origone aquel día y que lo vio subirse a una camioneta, aunque luego se desdijo.

Los abogados de la familia denunciaron la desaparición forzada de Facundo. El 8 de julio, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia pidió separar de la investigación a la Policía Bonaerense. El día 10, la justicia ordinaria de Bahía Blanca se declaró incompetente y el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza Gabriela Marrón se hicieron cargo del expediente.