El organismo interamericano señaló los excesos policiales y la necesidad de respeto por las poblaciones indígenas. Advertencia para el gobernador radical, cada vez más criticado. Más organismos se suman al rechazo.
«La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios«, indicó el organismo en un comunicado de prensa.
Según recuerda la CIDH, el sábado 17 «en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales».
«La CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones», advirtió el organismo de derechos humanos.
Según detallan, información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura reportó que 25 personas fueron detenidas.
Entre las detenidas, se encontraría un adolescente de 17 años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al menos dos periodistas; y según la información proporcionada por el Estado, todas las personas detenidas hasta el 19 de junio fueron puestas en libertad,
En el comunicado, la CIDH señala que las protestas «se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente» y enumera que «entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta«.
«Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales», advierte el organismo.
La CIDH indica, en ese sentido, que «el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales» y afirma que «la consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena».
En cuanto a las fuerzas de seguridad del Estado, el organismo advierte que «tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto».
«El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes», advierte.
En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que «son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta» y se destaca que «es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica».
Finalmente, la comisión reconoce «la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa» y asimismo «se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social».
El comunicado concluye diciendo que la CIDH «seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir».
«Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH», señaló vía Twitter Juanita Goebertu, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
En tanto, Amnistía Internacional también se pronunció acerca de la violenta represión desatada en la provincia norteña y exigió la suspensión de la reforma constitucional llevada adelante por Morales. «Un grupo de organizaciones de derechos humanos realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia», sostiene el comunicado que lleva la firma del CELS, Serpaj, Acij y Iaadi, entre otros.
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