El colectivo Periodistas Argentinas presentó un informe sobre cómo se practica la censura contra periodistas mujeres y periodistas feministas a través del “trolleo” oficial del gobierno de Milei. Un atentado a la libertad de expresión.
“Este informe examina cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, denuncia el exhaustivo trabajo.
La conferencia que se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho tuvo la presencia de las comunicadoras que fueron blanco directo de algunxs referentxs del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Estuvieron María O’Donnell, Nancy Pazos, Cynthia García y o Romina Manguel entre otras. Además, las mujeres estuvieron acompañadas por la diputada nacional Mónica Macha, el secretario general del Sindicado de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi.
“Estamos acompañando a las compañeras de Periodistas Argentinas en la difusión de estos casos de ciberacoso”, expresó Gaudensi a Canal Abierto, tras la presentación del informe. “Nos preocupa muchísimo esta afectación a la libertad de expresión y más como trabajadores de prensa porque nuestra voz pública es muy importante y siempre ha sido cuestionada. Esto hace que nos retiremos muchas veces de esos lugares tan importantes y que nos ha costado tanto conquistar. Es fundamental que haya políticas públicas para acompañar estas denuncias y desde el sindicato de prensa y la federación vamos a acompañar siempre a las trabajadoras”, finalizó.
Por su parte, la diputada nacional Macha dijo, también a Canal Abierto, que están trabajando para que el informe llegue a una instancia legislativa. “El informe da cuenta de una problemática que se profundiza, que ataca a las mujeres periodistas, que cercena su libertad de expresión y también su posibilidad de trabajo y que tiene además consecuencias psicológicas y físicas sin dudas porque es una forma de violencia hacia las mujeres. en términos de mi rol como presidenta de la Comisión de mujeres y diversidad es poder pensar una instancia en el marco de la comisión donde se pueda presentar este informe”.
El informe tomó 16 casos puntuales en los que ejemplifica cómo funciona el sistema de silenciamiento financiado por agentes políticos, entre ellos, Luciana Peker, Ivy Cángaro, María O’Donell, Marina Abiuso, Nancy Pazos, Delfina Celichini, Mónica Gutiérrez, Cecilia Bouflett, Ángela Lerena, Jesica Bossi, Sofía Diamante, Silvia Mercado, Luisa Corradini, Paula Moreno Román, Julia Mengolini y Romina Manguel.
El informe analiza el modo en que el trolleo, que nace con intenciones de provocar a la comunidad online cambió en la actualidad y se convirtió en una “tecnocensura”, es decir, un mecanismo financiado para desinformar y atacar.
En el caso de los ataques que demuestran un claro sesgo de género, expresa que se valen de trolls para dirigirlos, bots para viralizar, difusión de datos personas y propagación de fake news. Como consecuencia, el informe destaca que el 80% de las mujeres encuestadas limitó su participación en las redes, el 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña; un tercio cambió de puesto laboral; una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos, y la mitad tiene miedo de perderlo. De ellas, un 80% temió o teme por su integridad física.
En el caso de la Argentina, la escalada de ataques y violencias es preocupante en los últimos meses. Y destacan que las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, “sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”.
También destacan que los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales y que en la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X. Ese hecho deriva en una campaña de trolling más que agresiva.
El trabajo que presentaron las periodistas también analiza que la mayoría de los ataques provienen de perfiles antifeministas. Muchos de ellos surgen de cuentas verificadas de dirigentes de partidos, grupos políticos u otros periodistas. En ese sentido, también resalta que “un tercio de los ataques tienen un fuerte contenido misógino, seguido de los insultos referidos a la posición política y a la apariencia física de la damnificada.”
En el mismo documento elaborado por las periodistas, expresaron la necesidad de que exista la intervención del Estado para reforzar el marco legal que restrinja o frene en acoso en línea a periodistas. También obligaciones para las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
Entre otras cuestiones, esperan que el Estado “instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso, y prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea. Acerca de las empresas, piden que “asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan y aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión”.
Acá podés leer el informe completo.
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