Choferes y repartidores de apps se reúnen para una resistencia global

Por: Eduardo Blanco

Confluyeron en Bruselas, buscando defender sus derechos laborales. Dos respuestas: cooperativas y sindicatos.

Este viernes y sábado se reunieron en Bruselas, Bélgica, repartidores que trabajan para plataformas digitales en toda Europa con el fin de definir métodos de lucha y una estrategia común frente a la explotación de las apps de la denominada economía «colaborativa». Se trata de los primeros movimientos para limitar la precarización laboral de estos sistemas que explotan trabajadores bajo el atractivo de no tener patrones y manejarse sin regulaciones. La organización de cooperativas de trabajadores y la creación de sindicatos son los primeros pasos en esta pelea por evitar los abusos de este promocionado mercado laboral «independiente».

Cientos de jóvenes europeos desencantados con la promesa de las plataformas digitales intercambiaron experiencias en Bruselas, en una reunión de la que muchos pudieron participar gracias a campañas de crowdfounding en redes sociales. El encuentro es el corolario de una ola de protestas que en el Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y España condenaron la naturaleza explotadora de esta modalidad.

Estas apps constituyen el sueño de cualquier capitalista. Consiguen capturar gran parte del mercado con una agresiva campaña de marketing que los presenta como una opción alternativa y sin patrón, contraria a las reglas establecidas. Atraídos por la promesa de una ganancia razonable, miles de jóvenes sin trabajo o subocupados adhieren a la aplicación para repartir mercadería o convertirse en choferes.

Las plataformas digitales disponen de esa mano de obra sin ninguna responsabilidad civil y sin contemplar las leyes laborales vigentes en los países donde operan. Obligan a los interesados a inscribirse como cuentapropistas y dicen crear miles de empleos, sin trabajadores a cargo.

Los beneficios de este capitalismo salvaje pueden verificarse en el caso de Uber. La empresa está valuada en 72 mil millones de dólares y puede darse el lujo de invertir cifras fabulosas en promocionarse para aumentar su presencia en un determinado mercado. Ese poder le permite, por ejemplo, negociar que su sistema no tenga competencia. En Quebec, Canadá, el gobierno comunal aceptó que el sistema funcione a modo de prueba, a cambio de impedir que una cooperativa de choferes llamada Eva opere en la ciudad mientras dure ese convenio.

La plataforma digital aumenta exponencialmente sus ganancias por los miles de trabajadores que adhieren al sistema, y estos renuncian a cualquier cobertura social y a todos sus derechos laborales. Incluso en España se ha denunciado un subsistema de explotación impulsado por la meritocracia: algunos repartidores de Glovo contactan a inmigrantes sin permiso de trabajo para que los reemplacen pagándoles un porcentaje del viaje y manteniendo un buen puntaje en la app.

Si el beneficio es tan claro para las empresas «colaborativas» y la precariedad laboral tan evidente, ¿por qué los gobiernos no actúan con energía para regular su funcionamiento? Una respuesta es que este tipo de plataformas apunta a jóvenes expulsados del mercado laboral. En la Argentina también acaba de constituirse la Asociación de Personal de Plataformas: sus organizadores calculan que hay 20 mil trabajadores en el rubro. En Gran Bretaña, muchos choferes de Uber y repartidores de las app fueron aceptados por el Sindicato de Trabajadores Independientes (IWGB), y la Confederación Europea de Sindicatos impulsa la sindicalización de la actividad y la formación de cooperativas de extrabajadores de las plataformas.

Esa salida ya se prueba en algunos países. Molenbike (Bélgica), Cleta (España) y CoopCycle (Francia) son cooperativas nacidas a partir de la experiencia común en las app y buscan construir «una alternativa enfocándose en algo más que las ganancias». El viaje por la reivindicación de los derechos laborales recién empieza. «

Ciudad

El gobierno porteño avanza en un proyecto para modificar el Código de Tránsito y Transporte, de modo de aumentar las penas para quienes transporten pasajeros de forma ilegal. Habría multas de $ 200 mil, retención de la licencia e inhabilitación para conducir. Se trataría en la Legislatura el próximo jueves. La medida apunta contra Uber.

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